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“Virginia Occidental contra la EPA”, siglas en inglés de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Así se conoce el caso por el cual la Corte Suprema de Estados Unidos quitó el poder a la agencia federal de poner límites de emisiones de gases de efecto invernadero a las centrales eléctricas.
La sentencia no elimina ninguna restricción de emisiones actualmente en vigor, sino que le quita al Gobierno el poder fijarla a través de EPA y se lo da al Congreso de Estados Unidos.
El estado de Virginia Occidental, productor de carbón y otros combustibles fósiles, junto con otros estados y compañías de combustibles fósiles, denunciaron judicialmente el Plan de Energía Limpia presentado por Barack Obama (Partido Demócrata) en 2015, que asignaba a cada estado un objetivo de reducción de las emisiones de carbono de las centrales eléctricas de carbón y gas natural. Además, permitía a la EPA intervenir si el estado se negaba a presentar un plan.
Esta sentencia fija que este poder excede las competencias dadas a EPA por el Congreso de los Estados Unidos y se lo da a la Cámara de Representantes. Lo ha hecho con 6 votos a favor de los jueces de la Corte Suprema y 3 en contra. "Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional para dejar de utilizar el carbón para generar electricidad puede ser una ‘solución sensata a la crisis del momento”, pero "una decisión de tal magnitud y consecuencia corresponde al propio Congreso, o a una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo", dijo en nombre de la mayoría el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John G. Roberts.
En cambio, los miembros disidentes de la Corte opinan que la mayoría había despojado a la agencia medioambiental del "poder de responder al desafío medioambiental más apremiante de nuestro tiempo". "El tribunal se nombra a sí mismo -en lugar de al Congreso o a la agencia experta- el responsable de la política climática. No puedo pensar en muchas cosas más aterradoras", explica en su voto disidente la jueza Elena Kagan.
Por su parte, el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, celebró el fallo:
"La Agencia de Protección Ambiental ya no puede eludir al Congreso para ejercer un amplio poder regulador que transformaría radicalmente la red energética del país y obligaría a los Estados a modificar fundamentalmente sus carteras energéticas para apartarse de la generación con carbón", recoge The New York Times.
Joe Biden (Partido Demócrata), presidente de Estados Unidos, dijo que la decisión judicial era "otra decisión devastadora que pretende hacer retroceder a nuestro país". "No podemos ignorar, ni lo haremos, el peligro para la salud pública y la amenaza existencial que supone la crisis climática", añadió.
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