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En el contexto de las protestas en contra de las redadas de ICE en Los Ángeles en junio de 2025, el presidente Donald Trump ordenó a la Guardia Nacional ponerse “al servicio federal” para “proteger temporalmente al personal del ICE y a otros empleados del Gobierno de los Estados Unidos que estén desempeñando funciones federales”. El despliegue, según la orden emitida el 7 de junio de 2025, debe ser de al menos 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y por al menos 60 días.
La Guardia Nacional suele estar bajo control de los gobernadores
En Estados Unidos, cada estado tiene su propia Guardia Nacional y usualmente es comandada por la gobernadora o gobernador.
“La Guardia Nacional está para apoyar al gobernador del estado y la mayoría de las veces, se despliega después de huracanes, terremotos, incendios o inundaciones” explicó a Factchequeado Rudy deLeon, exsubsecretario de Defensa de Estados Unidos y experto en Seguridad Nacional de la organización no partidista The Center for American Progress.
En la página oficial de la Guardia Nacional hay ejemplos de la labor de sus miembros durante incendios forestales, tornados, huracanes, o durante situaciones de emergencia, como la pandemia del COVID-19.
Trump tomó control de la Guardia Nacional de California sin la autorización del gobernador, Gavin Newsom
“Lo habitual es que sea el gobernador quien pida ayuda. Lo diferente ahora es que el presidente está ‘federalizando’ la Guardia Nacional, es decir, está tomando el control directamente como comandante en jefe [de la Guardia] y quitándole esa autoridad al gobernador” dijo deLeon.
El artículo de la ley federal que citó Trump en su orden para asumir el control de la Guardia Nacional establece que el presidente puede “llamar al servicio Federal a miembros y unidades de la Guardia Nacional de cualquier Estado en los números que considere necesarios” en 3 circunstancias:
1 - Cuando Estados Unidos sea invadido o esté en peligro de invasión por una nación extranjera.
2 - Cuando haya una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno de Estados Unidos.
3 - Cuando el presidente no pueda ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares.
Este artículo también establece que “las órdenes para estos propósitos deberán ser emitidas a través de los gobernadores de los estados”.
El gobernador de California argumenta en una corte federal que se ha usurpado su autoridad y que la orden de Trump es ilegal
Gavin Newsom, gobernador de California, introdujo una demanda contra Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el 9 de junio de 2025 para revertir la federalización de las tropas de la Guardia Nacional argumentando que la orden del presidente es inconstitucional.
De acuerdo con la demanda, la orden “usurpa la autoridad del gobernador” en su rol como Comandante en Jefe de la Guardia Nacional de California y no cumplió con los criterios establecidos en la ley federal, porque:
Se emitió sin el requisito de notificar al gobernador.
La orden de Trump no argumenta que haya una invasión en California por parte de un poder extranjero.
Las protestas, así hayan tenido “algunos actos de violencia o de desobediencia civil”, no llegan al nivel de una rebelión contra el Gobierno. “Nada acerca de la escala de las protestas o actos de violencia distingue estos eventos de otros períodos recientes de disturbios sociales significativos”, se indica en la demanda.
El gobierno de Trump no ha demostrado que las protestas hayan dejado al presidente sin la capacidad de ejecutar las leyes de Estados Unidos con las fuerzas regulares.
El 9 de junio de 2025, el gobernador Newsom también introdujo una solicitud de medida cautelar ante una corte federal del Distrito Norte de California en la que pide que se emita una orden que temporalmente evite que tropas federales puedan involucrarse en labores de cumplimiento de la ley en Los Ángeles. Charles Breyer, juez federal asignado al caso, convocó a una primera audiencia para el 12 de junio de 2025.
La última vez que un presidente tomó control de la Guardia Nacional sin autorización del gobernador fue en 1965
En marzo de 1965, el presidente Lyndon Johnson, sin contar con una solicitud del gobernador, activó a la Guardia Nacional de Alabama para proteger a los manifestantes que participaban en una marcha desde Selma hasta Montgomery a favor de los derechos civiles. “Desde entonces, no había pasado algo así, hasta este fin de semana” dijo deLeon a Factchequeado.
La orden de Trump también autoriza el despliegue de otros componentes de las Fuerzas Armadas
La orden de Trump autoriza al secretario de Defensa a “emplear a otros componentes de las Fuerzas Armadas” para “reforzar y apoyar la protección de las funciones y propiedades federales”. El 9 de junio de 2025, Hegseth anunció el despliegue de “aproximadamente 700 soldados de la Armada (marines)” en Los Ángeles para “restaurar el orden”.
Según la orden de Trump, si las manifestaciones “obstaculizan directamente la ejecución de las leyes, constituyen una forma de rebelión en contra de la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos”.
Kira Romero-Craft, abogada del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado, dijo que lo que está ocurriendo en Los Ángeles no es una “rebelión” sino “disturbios civiles, es decir, protestas, en las que puede haber enfrentamientos con la policía o situaciones complicadas, pero de todas formas es, en su mayoría, algo normal y esperado en este país. Y, sobre todo, [protestar, expresarse] es algo protegido por la ley”. Romero-Craft también destaca que la orden de Trump no especifica que su aplicación se limita a California, por lo que podría implementarlo “en cualquier parte de Estados Unidos”.
Joseph Nunn, experto en Seguridad Nacional del Brennan Center, dijo a PolitiFact,medio aliado de Factchequeado, que los marines “no pueden participar en actividades de aplicación de la ley, como realizar control de multitudes o detener civiles, bajo las autoridades que la administración ha citado hasta ahora”. Para ello, el presidente “necesitaría invocar la Ley de Insurrección (Insurrection Act)”.
Para el momento en el que publicamos esta nota, Trump no había invocado la Ley de Insurrección de 1807, que le permitiría utilizar a los militares en contra de la población civil de Estados Unidos. Sin invocar esta ley, el presidente no podría legalmente utilizar a los militares como fuerza policial interna por la Ley Posse Comitatus, explica Nunn en este análisis.
Romero-Craft indicó en entrevista con Factchequeado que utilizar a militares en labores civiles “es muy peligroso porque ellos no están formados para lidiar con protestas civiles. Su función es enfrentar enemigos en el contexto de una guerra, y muchas veces su misión es neutralizar o destruir ese enemigo”.
Elizabeth Goitein, experta en poderes presidenciales del Brennan Center, agregó en un análisis que “el despliegue del ejército dentro del país puede convertirse fácilmente en el instrumento de una tiranía, tal como se ha visto en muchos regímenes autoritarios de todo el mundo”.
DeLeon, por otro lado, añadió que la tradición de Estados Unidos “es no usar al Ejército para misiones de seguridad interna. Esto viene desde la Revolución contra el rey de Inglaterra, que usaba a sus soldados contra los colonos”.
El general de división Scott Sherman, encargado del despliegue de las tropas en Los Ángeles, indicó en una rueda de prensa el 11 de junio de 2025 que los militares protegerán instalaciones y agentes federales, pero que no tienen autorizado llevar a cabo arrestos. No obstante, Sherman añadió que los soldados, en caso de que sea necesario para proteger a agentes o instalaciones federales, sí pueden detener temporalmente a civiles mientras esperan a que lleguen agentes del orden para llevar a cabo el arresto.
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