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La administración del presidente Donald Trump presentó el 3 de abril de 2026 su propuesta de presupuesto para 2027 sin aumentos para Head Start, el único programa de educación temprana gratuita del país, que en 2024 atendió a más de 800,000 niños de 0 a 5 años de bajos ingresos y mujeres embarazadas. Y ocurre justo cuando un litigio bloquea una medida de su gobierno para negar este beneficio a niños inmigrantes indocumentados.
Casi 4 de cada 10 niños inscritos en Head Start se identifican como hispano o latino, el grupo más numeroso, según el reporte anual del año fiscal 2024 en su sitio web (el último disponible); el 29% son de raza negra o afroamericano, no hispano ni latino. Además, alrededor del 35% de los niños matriculados están aprendiendo dos idiomas, de los cuales casi dos tercios (63%) proceden de familias que hablan principalmente español en casa.
Desde 2025, el gobierno federal comenzó a reducir el presupuesto, el personal y los recursos para Head Start, con el argumento —sin evidencia— de que incentiva la “migración ilegal” y es un programa que “promueve” lecciones de “identidad de género”, “raza” y libros ilustrados sobre “pingüinos homosexuales”.
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que instruyó a todas las agencias federales a identificar y restringir los programas que atendían a inmigrantes indocumentados.
Así, el 14 de julio de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) reclasificó Head Start, centros de salud comunitarios y programas de salud mental, entre otros, como “beneficio público federal”, una categoría legal que desde 1996 excluye a inmigrantes indocumentados y beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), TPS (Estatus de Protección Temporal) y visas temporales.
La reclasificación de Head Start para excluir niños sin documentos fue bloqueada en 2025
La reclasificación de Head Start entró en vigor el 24 de julio de 2025. Y, a raíz de esto, las organizaciones de padres de familia de Parent Voices Oakland, Family Forward Oregon y las asociaciones de Head Start de los estados de Washington, Illinois, Pensilvania y Wisconsin, encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda en contra del secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., con el argumento central de que Head Start nunca había sido “beneficio público” bajo esa ley porque es un programa educativo, no de asistencia directa a individuos, como sí lo son el seguro médico Medicaid, los cupones de alimentos SNAP o la asistencia económica TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).
Mes y medio después del cambio en el programa, el 11 de septiembre de 2025, el juez federal Ricardo Martinez, del Distrito Oeste de Washington —nombrado por el presidente George W. Bush— emitió una orden de bloqueo nacional.
Martinez destacó que, desde que se aprobó la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés), el Congreso revisó cuatro veces los requisitos de elegibilidad de Head Start y nunca mencionó el estatus migratorio como criterio. Señaló que el HHS está obligado por la Ley Head Start a consultar con expertos y proveedores antes de hacer cambios, y que esa misma ley prohíbe adoptar modificaciones que reduzcan los servicios. El departamento no siguió ninguno de esos pasos.
La disputa central gira en torno a la PRWORA, que establece que los "beneficios públicos federales" solo son para ciudadanos, residentes legales y asilados. El HHS argumentó que Head Start cae en esa categoría y el juez determinó que no.
Ante el argumento del gobierno de que la restricción desincentivaría la migración irregular, el juez respondió: “La corte está pasmada por este argumento. No hay nada en el expediente que permita inferir que el acceso a Head Start incentiva la inmigración ilegal, o que una acción inmediata requiera saltarse las barreras de las leyes, ignorando el plazo de 30 días para notificación y comentarios”.
El bloqueo es para todo el país. Aunque la Corte Suprema limitó en 2025 el uso de órdenes nacionales, Martinez determinó que era necesaria aquí porque varios proveedores operan en múltiples estados, incluyendo los programas para hijos de trabajadores agrícolas migrantes que cruzan fronteras estatales. “El interés público se inclina a favor de mantener a los niños en la escuela, alimentados y cuidados, con sus familias capaces de acudir al trabajo, mantenerlos y participar en la sociedad”, escribió el juez.
Según las propias estimaciones del HHS citadas en la orden judicial, la reclasificación abrupta dejaría fuera del programa a más de 500,000 niños, entre ellos 115,000 ya inscritos que serían dados de baja. El juez argumentó que el propio gobierno calculó que implementar el cambio tendría un costo de hasta $374 millones anuales.
El 10 de septiembre de 2025, la jueza federal Mary McElroy de Rhode Island —nombrada por el propio Trump— bloqueó la misma directiva en 20 estados y el Distrito de Columbia, tras una demanda de sus fiscales generales. El bloqueo judicial también protege a los inmigrantes indocumentados para acceder a educación para adultos y servicios federales de emergencia, como refugios para víctimas de violencia doméstica y personas sin hogar.
Entre julio y septiembre de 2025, hasta que llegó el bloqueó nacional, hubo niños que no se inscribieron o familias que retiraron a los suyos por miedo a verificaciones migratorias y deportaciones, incluso si legalmente calificaban. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, la matrícula bajó 20% y la asistencia 10%.
Oficinas regionales cerradas y palabras eliminadas
El 1 de abril de 2025, la administración Trump cerró de golpe 5 de las 10 oficinas regionales de Head Start: en Boston, Chicago, Nueva York, San Francisco y Seattle, y despidió a todo su personal. Esas oficinas atendían a casi el 44% de los niños inscritos en el programa, en 22 estados y 5 territorios. Los fondos aprobados dejaron de llegar, los directores de programas enviaban mensajes a una dirección de correo sin respuesta, y algunos centros empezaron a planear cierres.
El 5 de diciembre de 2025, algunos programas Head Start de educación infantil temprana recibieron instrucciones del gobierno federal para eliminar una lista de casi 200 palabras y frases de sus solicitudes de financiación, o de lo contrario podrían ser rechazadas, de acuerdo con documentos judiciales revisados por Factchequeado, citados primero por NPR. La lista incluye: “accesible”, “pertenecer”, “negro”, “discapacidad”, “femenino”, “minoría”, “trauma”, "tribal" y “mujeres”.
En enero de 2026, el mismo juez Martinez emitió una segunda medida cautelar para bloquear tanto los despidos masivos y cierres de oficinas regionales como la prohibición de los casi 200 términos en solicitudes de fondos.
Actualmente, los niños inmigrantes sin documentos pueden acceder al programa y los dos litigios siguen en proceso.
En el caso del que lleva el juez Martinez (Washington State Association of Head Start and Early Childhood Education and Assistance Program v. Kennedy, Case 2:25-cv-00781-RSM), el gobierno puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y podría llegar a la Corte Suprema. El caso de Rhode Island (State of New York v. U.S. Department of Justice. Case 1:25-cv-00345-MSM-PAS) ) sigue su camino en los tribunales del Primer Circuito.
Sobre el presupuesto 2027, el Congreso tiene la última palabra. En 2024, el presupuesto federal total de Head Start rondó los 12.2 mil millones de dólares; para 2026 se aprobaron 12.36 mil millones de dólares.
Head Start, creado en 1965, ofrece servicios educativos y de apoyo a niños, familias y mujeres embarazadas en todo Estados Unidos, el Distrito de Columbia y 6 territorios. Incluye programas preescolares para niños de 3 y 4 años, Early Head Start para bebés y embarazadas, programas para comunidades indígenas y de Alaska, y Migrant and Seasonal Head Start, para familias de trabajadores agrícolas. Desde su fundación, ha atendido a más de 40 millones de niños y el gobierno federal financia el 80% de sus costos, según el sitio web.
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