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Por D'Angelo Gore, Robert Farley y Lori Robertson de Factcheck.org, medio aliado de Factchequeado
La Casa Blanca ha defendido tres anuncios financiados con fondos públicos protagonizados por el presidente Donald Trump, comparándolos con anuncios pagados por administraciones presidenciales anteriores. Sin embargo, algunos expertos legales han afirmado que los anuncios de la Casa Blanca de Trump son mensajes políticos destinados a influir en las elecciones de medio término de 2026 y podrían infringir leyes estadounidenses, incluida la prohibición de utilizar fondos federales para propaganda.
En respuesta a las críticas, la Casa Blanca describió sus avisos como “anuncios de servicio público” en un comunicado de prensa del 25 de septiembre de 2026. “Claramente, estos anuncios no son anuncios de campaña; el presidente Trump no figura en la boleta electoral y no hay ningún llamado a la acción. En cambio, los anuncios son un recordatorio para que los estadounidenses amen a su país y sepan por qué vale la pena defenderlo, tanto en casa como en la frontera y en el extranjero”, dice el comunicado.
El comunicado añadía que “las administraciones de ambos partidos han utilizado anuncios de servicio público para explicar políticas y justificar la dirección que debe tomar la nación”, citando ejemplos de avisos de las administraciones de George W. Bush, Barack Obama y Jor Biden, entre otros.
Un experto legal al que Factcheck.org, medio aliado de Factchequeado, consultó no encontró ninguna correlación.
“Simplemente creo que no van a encontrar ninguna comparación”, dijo en una entrevista Richard Painter, profesor de derecho corporativo y exabogado de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush. Painter afirmó que los anuncios de la Casa Blanca de Trump son “muy claramente propaganda”, término que suele referirse a comunicaciones gubernamentales destinadas a manipular o influir en la opinión pública.
John G. Geer, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Vanderbilt y autor de “En defensa de la negatividad: Anuncios de ataque en las campañas presidenciales”, también comentó a Factcheck.org: “Creo que los anuncios son lo suficientemente diferentes como para que, personalmente, no me convenza el argumento” de que los anuncios de la administración Trump y de presidentes anteriores sean todos iguales. Añadió que, en su opinión, los anuncios de la Casa Blanca de Trump son más políticos. “Ya veremos qué dicen los tribunales”, concluyó, si es que una demanda lleva el asunto a la justicia.
Más adelante, repasaremos los ejemplos citados de anuncios financiados por el gobierno federal emitidos durante las presidencias de Bush, Obama y Biden.
El primer aviso emitido por la Casa Blanca de Trump incluye imágenes de Trump diciendo: “Juntos derrotaremos al comunismo, al socialismo y al marxismo en Estados Unidos. Estados Unidos nunca será un país comunista”. Los espectadores escuchan repetidamente las palabras “ámame”, que forman parte de la letra de la canción homónima de JMSN. Casi al final del anuncio de 30 segundos, Dana White, director ejecutivo de la UFC, elogia a Trump y habla de su “incansable lucha por el país que ama”.
El tercer anuncio, en blanco y negro, muestra a Trump caminando y mirando fijamente a la cámara mientras dice en voz en off: “Demoleremos el Estado profundo”, “expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno”, “sacaremos a los globalistas” y “desterraremos a los comunistas, marxistas y fascistas”. El anuncio termina con: “Acabaremos con los medios de noticias falsas y liberaremos a Estados Unidos de estos villanos de una vez por todas”. El video es casi idéntico a un anuncio de la campaña presidencial de Trump de 2024.
El segundo anuncio, de un minuto de duración, presenta imágenes y audio del discurso que Trump pronunció el 3 de julio cerca del Monte Rushmore, en el que afirma: “Somos el pueblo más libre de la Tierra y, por la gracia de Dios, los Estados Unidos de América son la nación más exitosa, más brillante y más excepcional que jamás haya existido en la historia de la humanidad”. El anuncio concluye con la frase: “Esto es solo el comienzo de la edad de oro de Estados Unidos”.
Los tres anuncios se publicaron el 23 de septiembre de 2026 o después e incluyen la leyenda “Pagado por el Gobierno de los Estados Unidos”. Se han emitido en televisión abierta y/o en plataformas de streaming, incluidos programas dominicales de debate político y partidos de fútbol americano universitario y de la NFL.
“Nuestros impuestos se están utilizando de manera intensiva. Y creemos, probablemente de forma ilegal”, escribieron Painter y otros tres expertos en ética en un artículo publicado el 28 de septiembre de 2026 en la revista digital The Contrarian. El artículo es una colaboración de Painter con Norman L. Eisen, exasesor especial de la Casa Blanca durante la administración Obama; Virginia R. Canter, exasesora adjunta de la Casa Blanca durante las administraciones de Obama y Bill Clinton; y Christopher J. Swartz, quien trabajó para la Oficina de Ética Gubernamental en varias administraciones y fue brevemente jefe interino de la División de Derecho y Política Ética en 2025, durante el segundo mandato de Trump.
“Estos videos no son ‘anuncios de servicio público’, como afirma la Casa Blanca”, escribieron los autores. “Son intentos claros de impulsar las posibilidades de los republicanos en las próximas elecciones de mitad de término, dado su bajo índice de popularidad. El momento, el contenido y el formato de los videos sugieren que se trata de intentos encubiertos orientados al éxito del Partido Republicano”.
La Casa Blanca afirmó que “Trump no figura en la boleta electoral” este noviembre, pero el presidente les ha dicho a los votantes republicanos indecisos que actúen como si estuviera. Los expertos legales también señalaron en su artículo que dos de los anuncios de la Casa Blanca que promocionan a Trump incluyen referencias a la derrota del comunismo o de los comunistas, término con el que Trump suele referirse a los socialistas democráticos que se postulan al Congreso. (En Factcheck.org han escrito que los socialistas democráticos y los comunistas no comparten la misma ideología política ni económica, y que los socialistas democráticos constituyen una minoría de los candidatos al Congreso).
“Incluso durante el apogeo de la era McCarthy y la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos jamás estuvo cerca de crear un anuncio como este”, afirmaron los expertos, añadiendo que, según la Ley Hatch, ningún funcionario federal, salvo el presidente o el vicepresidente, “puede usar su autoridad o influencia oficial para interferir o afectar el resultado de una elección”. La ley se aplicaría a los funcionarios federales que participaron en la creación o difusión de los anuncios, explicaron los expertos.
Además, los proyectos de ley de asignaciones anuales aprobados por el Congreso incluyen desde hace tiempo una cláusula que prohíbe el uso de fondos públicos para “fines de publicidad o propaganda dentro de los Estados Unidos”.
Algunos republicanos también se han manifestado en contra de los anuncios de la Casa Blanca de Trump. “Me gusta el mensaje, pero no debería pagarse con el dinero de los contribuyentes”, declaró el líder de la mayoría del Senado, John Thune, a la prensa el 28 de septiembre de 2026. El día anterior, en el programa “Face the Nation” de CBS, el senador John Kennedy de Luisiana afirmó: “No creo que ningún funcionario público, incluido el presidente Trump, (…) deba gastar dinero público en anuncios privados para sí mismo”.
Según la Oficina del Asesor Jurídico General de Estados Unidos, un empleado federal que infrinja la Ley Hatch podría enfrentarse a sanciones como “destitución del servicio federal, reducción de categoría, inhabilitación para trabajar en el gobierno federal durante un período no superior a 5 años, suspensión, amonestación o una multa civil que no exceda los 1.000 dólares”.
Además, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington ha escrito que la Oficina de Responsabilidad Gubernamental determinó previamente que el uso de fondos federales para publicidad o propaganda no autorizada viola la Ley contra el Déficit (Antideficiency Act, en inglés), lo que, “en casos graves”, podría conllevar sanciones administrativas, una multa de hasta 5.000 dólares o hasta 2 años de prisión.
Painter nos comentó que el Congreso también podría solicitar un reembolso por el uso indebido de fondos públicos. Según el servicio de seguimiento publicitario AdImpact, los anuncios han costado al menos 2,5 millones de dólares en total.
Anuncios/Difusión de la administración Obama
Uno de los ejemplos que la Casa Blanca citó, ocurrido durante la administración de Obama, generó controversia y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) determinó que la campaña de divulgación pública había violado leyes federales. El otro ejemplo es similar a anuncios emitidos durante la administración Trump, que promueven el período de inscripción abierta para los planes de seguro de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
Durante la administración Obama, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) utilizó en 2014 y 2015 una campaña de divulgación pública a través de las redes sociales para fomentar el apoyo a su propuesta de normativa sobre agua potable. El New York Times la calificó como “una campaña que pone a prueba los límites de la legislación federal sobre cabildeo”. El objetivo era generar apoyo durante el período de consulta pública sobre la propuesta de normativa de la EPA relativa a la regulación de las fuentes de agua.
La EPA argumentó que no estaba violando la Ley contra el Cabildeo porque su labor de divulgación no instaba al público a contactar al Congreso ni a ejercer presión sobre él.
Pero en diciembre de 2015, la GAO concluyó que la EPA había violado las leyes federales que prohíben a la agencia gastar fondos federales para “fines de publicidad o propaganda” y el uso de asignaciones federales para “cabildeo indirecto o de base en apoyo u oposición a la legislación pendiente”.
En concreto, la GAO criticó a la EPA por utilizar una herramienta de redes sociales que hizo que algunos mensajes no identificaran a la EPA como la fuente de la información. En cambio, para algunos ciudadanos, “parecía que un amigo suyo había compartido de forma independiente un mensaje de apoyo a la EPA y al agua limpia”, declaró la GAO, calificando esto de “propaganda encubierta”. (Los mensajes compartidos a través de las redes sociales decían: “El agua potable es importante para mí. Apoyo los esfuerzos de la EPA para protegerla por mi salud, la de mi familia y la de mi comunidad”).
La GAO afirmó que la violación de las normas sobre cabildeo ciudadano se produjo cuando las publicaciones del blog de la EPA incluían enlaces a grupos externos, cuyas páginas contenían indicaciones para contactar al Congreso en apoyo de la norma propuesta por la EPA.
La Casa Blanca de Trump también señaló que la administración Obama emitió anuncios de televisión sobre HealthCare.gov, el sitio web que la gente usa para inscribirse en los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, durante los períodos de inscripción abierta de 2015 y 2016. En los anuncios no aparecía el presidente, sino personas comunes que hablaban de cómo se habían inscrito en un seguro de bajo costo.
En un anuncio emitido en noviembre de 2015, una mujer que sale a correr comenta que su prima era de 22 dólares al mes y que inscribirse fue “muy fácil”. Un hombre, aparentemente estudiante universitario, afirma haber obtenido “la cobertura que deseaba al precio que quería”, con la indicación de “57 dólares al mes” en pantalla. Una mujer y su hijo aparecen con la frase “405 dólares al mes, familia de 4 personas”. El anuncio indica que “la mayoría de las personas que se inscriben en HealthCare.gov pueden acceder a ayuda financiera para que su cobertura sea más asequible”. Finaliza animando a la gente a “inscribirse antes del 15 de diciembre”. Al final del anuncio, se indica que está “patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos”.
Otro ejemplo de 2015 indica, de manera similar, que la mayoría de las personas pueden acceder a ayuda financiera para pagar sus primas.
La administración Obama también publicó anuncios antes del período de inscripción abierta de 2016, que comenzó el 1 de noviembre; es decir, esos anuncios se emitieron poco antes y después de las elecciones presidenciales de ese año. Un ejemplo de noviembre de 2016 es similar a los anuncios de 2015, que muestran a varias personas y afirman que la mayoría de quienes se inscriben “pueden encontrar planes de entre 50 y 100 dólares al mes con ayuda financiera”.
Podría argumentarse que Obama, quien promulgó la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2010, tenía un interés político personal en lograr que la gente se inscribiera y que el programa tuviera éxito. Pero la administración Trump también ha emitido anuncios para informar al público sobre los períodos de inscripción abierta. Al igual que los anuncios de la era Obama, estos tres ejemplos de finales de 2025 mostraban a personas hablando de lo fácil que les resultó inscribirse en un plan de seguro, y afirmaban que “4 de cada 5 clientes pueden encontrar un plan de salud por 21 dólares o menos al mes con ayuda financiera”.
Anuncios de la administración Biden
Como señaló la administración Trump, la administración Biden también utilizó dinero de los contribuyentes para una campaña publicitaria que incluyó anuncios en televisión, medios digitales, radio y prensa escrita para alentar a la gente a vacunarse a principios de 2021, durante la pandemia de COVID-19.
El comunicado de prensa de Trump decía que la administración Biden “invirtió cientos de millones de dólares” en una campaña publicitaria “para difundir un mensaje nacional de salud pública”.
Pero como explica el artículo del Washington Post al que enlaza el comunicado de prensa, la campaña utilizó un contrato de 250 millones de dólares que la administración Trump firmó con la consultora Fors Marsh el año anterior. Según el artículo, “los funcionarios dijeron que pospusieron la campaña hasta que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles para maximizar su impacto”.
Irónicamente, muchos demócratas expresaron su preocupación en septiembre de 2020 después de que la administración Trump contratara a Fors Marsh para una campaña del HHS que buscaba “vencer la desesperación, inspirar esperanza y lograr la recuperación nacional” en medio de la pandemia.
En una carta del 11 de septiembre de 2020 dirigida al HHS, el representante demócrata Frank Pallone, entonces presidente del Comité de Energía y Comercio, escribió: “Entre otras cosas, al Comité le preocupa que el HHS pueda utilizar más de un cuarto de billón de dólares de fondos de los contribuyentes en consultores de comunicaciones privados encargados de distorsionar los hechos y engañar al público sobre la fallida respuesta de la Administración Trump a la pandemia de COVID-19”.
En una carta firmada por otros tres líderes demócratas del Senado, se afirmaba de manera similar: “Nos preocupa profundamente que, en lugar de centrarse en planificar y ejecutar una estrategia nacional para contener el coronavirus, la administración Trump esté utilizando 250 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para financiar lo que parece ser una campaña de propaganda política a tan solo dos meses de las elecciones presidenciales”.
Durante la administración de Biden, la campaña “We Can Do This” (Podemos hacerlo) buscaba atraer a “un grupo conocido como el ‘oscilante medio’, personas que dudaban, pero no necesariamente se oponían a vacunarse, con comunicaciones altamente personalizadas, basadas en la ciencia y mensajes de empoderamiento”, según la consultora.
Los anuncios mostraban imágenes de estadounidenses y animaban a la gente a visitar el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o vaccines.gov para obtener más información.
En aquel entonces, Trump también animaba a la gente a vacunarse. En la Conferencia de Acción Política Conservadora del 28 de febrero de 2021, Trump se jactó de que su administración había ayudado a distribuir la vacuna en “tiempo récord” y más tarde dijo: “Así que, todos, vacúnense”.
“Los animo a que la reciban”, dijo Trump a Sean Hannity de Fox News en abril de 2021.
Anuncios de la administración de George W. Bush
La administración Trump también hizo referencia a una controvertida campaña publicitaria de 9,5 millones de dólares producida por la administración de George W. Bush en 2004, que promocionaba los beneficios de los medicamentos recetados contemplados en la Ley de Mejora y Modernización de los Medicamentos Recetados de Medicare de 2003.
El anuncio de televisión y los folletos afirmaban que la ley, aprobada en gran medida a lo largo de líneas partidistas, otorgaba a Medicare “más beneficios”.
En aquel momento, el senador demócrata Frank Lautenberg criticó el anuncio calificándolo de “un intento de propaganda con dinero de los contribuyentes”.
Al menos una cadena, CBS, retiró el anuncio mientras la Oficina de Contabilidad General (más tarde rebautizada como Oficina de Responsabilidad Gubernamental), a petición de Lautenberg y otros demócratas investigaba si infringía las prohibiciones sobre el uso de fondos federales con fines de “publicidad o propaganda”. Los demócratas argumentaron que el anuncio era inexacto y que tenía como objetivo promover la reelección de Bush ese año.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) concluyó que, si bien el anuncio de televisión y los folletos que lo acompañaban contenían “omisiones notables y otras deficiencias”, “no eran tan partidistas como para ser ilegales”.
En cuanto a las omisiones, Anthony H. Gamboa, asesor jurídico general de la GAO, afirmó que el anuncio no mencionaba que a las personas se les podría cobrar 30 dólares por las nuevas tarjetas de descuento para medicamentos y que “los ahorros podrían variar según los medicamentos cubiertos”. Además, criticó la indicación del folleto de que los beneficiarios pagarían una prima de “alrededor de 35 dólares al mes” por el beneficio de medicamentos recetados, cuando en realidad se trataba de un promedio estimado.
“A pesar de las omisiones, no consideramos que el contenido del folleto, su carta de presentación ni los anuncios sean puramente partidistas, en contravención de la prohibición de publicidad o propaganda”, escribió Gamboa.
“Esto no quiere decir que el contenido esté totalmente exento de sesgo político”, añadió. “Sin duda, el futuro del programa Medicare es objeto de un debate constante y muy animado a nivel nacional. En este contexto, las referencias en el folleto y en los anuncios impresos y televisivos a ‘El mismo Medicare. Más beneficios’ y ‘preservar y fortalecer’ pueden parecer a algunos un intento de persuadir al público para que adopte el punto de vista de la Administración con respecto al beneficio recientemente implementado”.
No obstante, escribió: “La prohibición de publicidad o propaganda no prohíbe materiales que puedan tener algún contenido político o expresar apoyo a una opinión particular”. (…) El contenido de estas publicaciones no constituye un mensaje puramente partidista”.
Dos meses después, sin embargo, la GAO declaró durante el curso de su investigación: “Descubrimos que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (…) habían preparado, como parte de esta campaña, comunicados de prensa en video (VNR, por sus siglas en inglés), incluyendo una noticia para su emisión televisiva, con el fin de proporcionar información a este medio”. Dado que las noticias pregrabadas no indicaban que habían sido preparadas por los CMS, la GAO concluyó que su uso “violaba la restricción sobre el uso de fondos asignados para fines publicitarios o propagandísticos”.
La Casa Blanca señaló además que, en 2002, la administración Bush pagó más de 3 millones de dólares por dos anuncios del Super Bowl que afirmaban que comprar drogas ilegales podía ayudar a financiar a terroristas; también creó anuncios antidrogas en YouTube en 2006.
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Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo de Factcheck.org.
