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Por Manuel Tarricone y Rosario Marina de Chequeado, medio cofundador de Factchequeado
En las horas posteriores al triunfo electoral de Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) en las elecciones de Brasil, circularon numerosas versiones sobre el paradero de su contendiente, Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). Su última aparición pública había sido el lunes 26 de octubre de 2026 por la tarde, un día después del balotaje, cuando publicó un video en redes sociales en el que contó que la Policía Federal lo había citado para entregar su pasaporte.
La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Bolsonaro ingresó al país con su familia a las 22:50 del martes 27 de octubre, por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, Argentina. A las 11:30 pm, abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. Su destino, según los trascendidos, sería Estados Unidos, donde pediría asilo político.
Por qué la Justicia canceló los pasaportes de Bolsonaro
El lunes, al día siguiente de la victoria de Lula, el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, canceló los pasaportes de Bolsonaro y prohibió, de esta manera, su salida del país.
A su vez, el candidato del Partido Liberal fue intimado por la Policía Federal a entregar en un plazo de hasta 24 horas sus pasaportes ordinario y diplomático, además de eventuales pasaportes de otras nacionalidades. Bolsonaro no presentó esa documentación y se sospecha que ya no está en el país.
La decisión de Moraes se tomó en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al abogado Willer Tomaz y al senador. La Policía Federal investiga si el delito se cometió a través de casas de apuestas y empresas pertenecientes al abogado, amigo de Flávio Bolsonaro. Ambos niegan las acusaciones.
Además de la investigación que está en manos de Moraes, Bolsonaro también está siendo investigado por blanqueo de dinero, evasión fiscal y corrupción en el contexto de la financiación de “Dark Horse”, la película biográfica del ex presidente Jair Bolsonaro (PL).
En el video que publicó en sus redes sociales, Bolsonaro dijo que el motivo sería una declaración de su hermano, Eduardo Bolsonaro, que había dicho que el candidato debía abandonar Brasil si era derrotado. “Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Eso es justicia?”, dijo Flávio.
Eduardo Bolsonaro reside en Estados Unidos desde el 27 de febrero de 2025, según informó la Cámara de Diputados de Brasil. El ex legislador se instaló en Texas y anunció que permanecería en el país norteamericano para denunciar lo que considera “una persecución política contra su familia y promover sanciones contra autoridades judiciales brasileñas”.
En diciembre de 2025 perdió su mandato parlamentario por inasistencias y, en junio de 2026, fue condenado por el Supremo Tribunal Federal a 4 años y 2 meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial.
En julio de 2026 declaró a Reuters que había obtenido la residencia permanente estadounidense mediante la categoría EB-1A.
Qué es el asilo político y cómo funciona en Estados Unidos
Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, “cualquier extranjero que se encuentre físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos (ya sea en un puerto de llegada designado o no, e incluyendo a un extranjero que sea llevado a los Estados Unidos después de haber sido interceptado en aguas internacionales o de los Estados Unidos), independientemente de su estatus, puede solicitar asilo”.
Una persona puede pedir asilo en Estados Unidos si sufrió persecución o tiene un temor fundado de sufrirla debido a raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o por su opinión política.
Según datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante los primeros 9 meses del año fiscal 2026 —del 1 de octubre de 2025 al 30 de junio de 2026— se registraron 254,680 resoluciones de casos de asilo en las cortes migratorias. De ese total, 7,231 (2.8%) terminaron con la aprobación del asilo y 89,740 (35.2%) fueron rechazadas. Además, 92,081 casos (36,2%) se clasificaron como abandonados. El resto se distribuyó entre solicitudes no adjudicadas, retiradas y cierres administrativos.
Las estadísticas oficiales no permiten identificar cuántos casos fueron presentados específicamente por persecución política, ya que no distinguen entre los 5 motivos legales para solicitar asilo.
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