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En Estados Unidos, los presidentes entran en la última mitad de su último período de gobierno como lame ducks (patos cojos o patos heridos), que, de acuerdo con la definición que hace el diccionario Merriam-Webster, es una expresión que resume la pérdida de influencia que sufren los mandatarios cuando van de salida de la escena política y cuando hasta los miembros de su propio partido empiezan a prestarle menos atención mientras buscan a los nuevos líderes que asumirán la sucesión.
Donald Trump empezó ya su fase de pato cojo, con el añadido de que la avasallante ola azul de las elecciones de mitad de período, o midterms, del 3 de noviembre de 2026, dejó al Partido Demócrata al control, a partir de enero de 2027, de ambas cámaras del Congreso federal. Desde allí, los demócratas podrán moderar, y eventualmente bloquear, la agenda del presidente republicano.
El país se enrumba a un Gobierno dividido que podría resultar en una cohabitación o en parálisis, dependiendo de si el Congreso y la Casa Blanca deciden colaborar en mínimos de gobernabilidad u optan por ir a un choque de poderes que podría devenir en una crisis constitucional.
Es es imposible predecir cuál de las dos vías será la más probable, pero tenemos indicios a partir de las declaraciones que han dado parte y parte tras los resultados de las midterms: los demócratas prometiendo restablecer el trabajo de supervisión y balance de poder del Legislativo (lo que puede implicar investigaciones a varias acciones de Trump de los primeros dos años de gobierno) y Trump amenazando con usar su poder de veto para bloquear leyes del Congreso que a él no le gusten (aunque el presidente también ha dicho que está dispuesto a negociar con los demócratas).
Abrir investigaciones al Ejecutivo
Desde antes de las elecciones, algunos demócratas de alto rango dejaron entrever que usarían el Congreso para abrir investigaciones sobre las políticas de la administración Trump.
Robert Garcia, el demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, quien en enero asumirá la presidencia de ese comité, presentó un breve comunicado dirigido a la administración y a la familia Trump que resume las intenciones: “Busquen un abogado”.
Entre los asuntos que quieren revisar los demócratas están los ataques contra embarcaciones que Estados Unidos señala como vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico que empezaron en septiembre de 2025 y que ha dejado 243 muertos hasta el 27 de octubre de 2026, según el conteo de InsightCrime, un centro de estudios sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en América Latina.
Otros asuntos sobre los que los demócratas han expresado sus intenciones de hacer averiguaciones son el negocio petrolero con Venezuela (que Trump llamó el mayor acuerdo energético de la historia), o el rescate financiero otorgado a Argentina en octubre de 2025.
En la mira están funcionarios del gobierno federal, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth; o el de Salud, Robert F. Kennedy. Al primero muchos demócratas lo critican por la agresiva restructuración del estamento militar que ha hecho en el Pentágono despidiendo a 18 generales y almirantes y 4 altos mandos civiles del departamento (en septiembre Hegseth anunció un plan para reducir en 20% el número de generales en dos años).
Kennedy está en la mira de los demócratas, que lo acusan de socavar la salud pública al difundir información falsa sobre las vacunas y erosionar la confianza en las agencias federales de salud.
Los negocios de la familia Trump
Los demócratas también han amenazado con poner la lupa sobre el vínculo que se ha creado en los últimos dos años entre la Casa Blanca, funcionarios del gobierno y empresas privadas que han intentado ejercer influencia sobre la Casa Blanca, que para algunos representa corrupción.
Entre sus prioridades figuran los negocios de la familia Trump en criptomonedas.En 2025, el presidente reportó ganancias por más de 2,200 millones de dólares, de los cuales, más de 1,400 millones de dólares provinieron de negocios relacionados con criptomonedas, como indicó en el reporte obligatorio sobre sus finanzas que presentó en julio de 2026, según reportó The New York Times.
El negocio de las criptomonedas es uno donde los demócratas sospechan que hay un serio conflicto de interés, en parte porque el 49% de la firma creada, junto a otros socios, por los hijos del presidente, Eric y Donald Jr., World Liberty Financial, fue comprada por una empresa vinculada a un alto funcionarios del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos pocos días antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, y porque la administración eliminó mediante una orden ejecutiva del 23 de enero de 2025 muchas de las regulaciones sobre la industria que habían sido establecidas durante el gobierno de Joe Biden.
La guerra contra Irán
Los sondeos durante la campaña y las encuestas a boca de urna de la jornada electoral mostraron que una de las motivaciones para votar en contra del Partido Republicano fue la guerra en Irán, que disparó los precios de los combustibles y significó la ruptura de una promesa de Trump de no embarcar al país en aventuras militares.
“Vamos a poner fin a la guerra”, prometió durante una conferencia de prensa el 4 de noviembre de 2026 el actual líder de la bancada demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien se perfila como líder de la mayoría a partir de enero
“Y los padres fundadores contaban con el poder sobre el presupuesto como una de las formas de disuadir a un presidente que emprende una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense”, dijo Schumer, lo que abre la posibilidad de que usen las negociaciones pendientes para extender el financiamiento del Gobierno federal más allá del 11 de diciembre de 2026 para forzar cambios en la estrategia militar de la Casa Blanca.
Controlar a ICE
El representante demócrata por Misisipi, Bennie Thompson, quien buscará encabezar el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes a partir del próximo año dijo que la administración Trump “finalmente se enfrentará a una verdadera supervisión”, en referencia a los operativos de ICE y la acción, en general, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“Investigaremos cómo la administración ha utilizado el departamento (...) como arma contra los estadounidenses, sus políticas migratorias fuera de control y sus actos de corrupción flagrante en beneficio propio”, afirmó Thompson en un comunicado citado por Federal News Network, un medio especializado en cobertura sobre el gobierno y sus contratistas.
Sin embargo, como advirtió en un mensaje en su cuenta X (exTwitter) el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, “las deportaciones van a continuar”. De hecho, el departamento cuenta con los recursos suficientes para mantener sus operaciones, gracias a los aportes que recibió con la One Big Beautiful Bill y con la Secure America Act. Además, cualquier iniciativa de los legisladores para retirar fondos ya aprobados, como los de la política migratoria, podría ser vetada por Trump.
Bloquear nominados a puestos en la administración federal
Actualmente hay 21 nominados a tribunales federales de diferente nivel que esperan la aprobación del Senado. Es previsible que la mayoría republicana aproveche los dos meses que le quedan para aprobarlos, para evitar que la nueva mayoría bloquee, o al menos complique, el camino de esos nominados a los puestos para los que han sido propuestos.
Otros cargos que, además de los jueces federales, requieren confirmación del Senado, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2, Sección 2 de la Constitución, como miembros del gabinete, directores de departamentos, embajadores o militares de alto rango, podrían ver reducidas sus perspectivas de ser rápidamente aprobados por la mayoría demócrata.
El calendario del Senado muestra 32 postulados a la espera de confirmación en el pleno de la cámara, mientras que hay 97 nominados esperando aprobación en los comités relacionados con sus actividades.
Si estos nominados no reciben la aprobación antes de que finalice sus funciones el actual Congreso, al mediodía del 3 de enero de 2027 (u otro día que decida el saliente Legislativo) el presidente tendrá que postularlos nuevamente y el proceso de confirmación empezará desde cero, es decir, a nivel de comité antes de ir a votación del pleno del Senado.
Aunque el Ejecutivo maneja la política exterior, el Congreso tiene la responsabilidad de crear las leyes de gastos, que los asigna independientemente de lo que solicite la Casa Blanca, y es lo que se conoce como el ‘poder de la bolsa’.
Revertir políticas de Trump
A lo largo de la campaña electoral, los demócratas dijeron que querían reestablecer la ampliación de los créditos fiscales para las primas de la Ley de Cuidados de Salud Asequible (conocida también como Obamacare) que fueron incluidos durante la pandemia de Covid-19 y se prorrogó hasta finales de 2025, pero venció al no ser renovada por el Congreso.,. También quieren revertir los recortes a Medicaid establecidos en la llamada Big Beautiful Bill, el paquete legislativo aprobado por Trump en 2025, que incluyó recortes de gastos y rebajas de impuestos.
Además de revisar la política de aranceles del Ejecutivo que ha generado mayores costos a los consumidores, en un intento por retomar el poder de establecer aranceles que le consagra la Constitución, pero que administraciones de ambos partidos han esquivado apelando a necesidades de seguridad nacional o comercio exterior.
La política de aranceles ha impactado la economía estadounidense, particularmente sectores de la agroindustria en estados del medio oeste, y han significado un aumento de impuestos “en un promedio de 820 dólares por hogar estadounidense”, según estimaciones para 2026 de la Tax Foundation, un grupo de tendencia libertaria que aboga por reducir impuestos.
¿Y qué puede hacer Trump?
Mientras la mayoría demócrata controlará los comités y tendrá la facultad de emitir citaciones (subpoenas) que podrían obligar a la administración a responder ante el Congreso la Casa Blanca podría retomar la estrategia de dilación que empleó durante el primer mandato de Trump.
“Estamos peleando todas las citaciones judiciales”, dijo Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca el 24 de abril de 2019, cuando los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaban las investigaciones que conducirían al primer impeachment de Trump por la retención de ayuda militar a Ucrania.
En aquel tiempo, los abogados del Gobierno lograron posponer lo máximo posible la entrega de documentos y testimonios solicitados por los legisladores, e invocaron en varias ocasiones el privilegio ejecutivo, con el que se protege el acceso a las comunicaciones entre el presidente y sus asesores.
Un caso, el que involucró al exconsejero legal de la Casa Blanca, Donald McGahn, llegó a dirimirse en la Corte Suprema, a la que se le pidió determinar la legalidad de las solicitudes de los congresistas. Un nuevo pulso legal de ese tipo podría tomar meses y hasta años, y diluir el impulso investigador de los demócratas.
Vetar leyes
El 3 de noviembre de 2026, a las 11:40 de la noche, cuando ya era claro el revés sufrido por los republicanos en las midterms, el presidente publicó un mensaje en su cuenta de su red Truth Social que mostraba la foto de una gorra roja con la palabra VETO, en vez de las tradicionales siglas de MAGA (Make America Great Again).
Porque, si bien el Congreso tiene el “poder de la bolsa” y la posibilidad de crear leyes, el Ejecutivo tiene el “poder de la pluma” y eso incluye la potestad de vetar leyes que no considere convenientes para impedir que entren en vigencia, según le está conferido en el Artículo 1, Sección 7, cláusula 2 de la Constitución.
La Constitución establece que el presidente tiene hasta diez días, sin contar los domingos, para devolver leyes que reciba del Congreso para su firma. Si lo hace, el Congreso necesitará dos tercios de los votos de ambas cámaras para superar el veto presidencial, única manera que tiene para que la ley entre en vigencia. Si el presidente deja pasar ese plazo sin firmar, este se convierte en ley, salvo que el cierre de sesiones del Congreso lo impida.
Con todo y las mayorías logradas, los demócratas no tienen los votos suficientes para eso (salvo que logren convencer a suficientes republicanos), por lo que un veto de Trump es una casi segura sentencia de muerte para legislación a la que él se oponga.
Pese a la imagen que publicó el día de la derrota, Trump adoptó un tono conciliador, sugiriendo que podría trabajar con los demócratas, para evitar el estancamiento en Washington. “No quiero quedarme ahí sentado durante dos años vetándolo todo”, dijo Trump a Politico.
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