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La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió el 30 de junio último que el gobierno del presidente Joe Biden (Partido Demócrata) tiene potestad para anular el Protocolo de Protección al Migrante (MPP, de su nombre en inglés Migrant Protection Protocols), también conocido como “Quédate en México”, que permite la devolución de solicitantes de asilo hacia México para que aguarden ahí la resolución de su estatus. Sin embargo, esto no significa que el programa haya sido cancelado.
Tampoco implica que estos migrantes hayan obtenido algún tipo de estatus dentro de EE. UU. La frontera se mantiene abierta para los casos habituales, es decir, turismo, negocios o viajeros comunes en condiciones de documentación regular. Pero restringida para solicitantes de asilo.
Diversos medios de comunicación y cuentas de Twitter han abordado la noticia con afirmaciones como “miles de migrantes tienen alegría y esperanza de poder cruzar hacia Estados Unidos ante la reciente cancelación del Programa de Protección al Migrante”. Pero, Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, del inglés Department of Homeland Security) aclaró tres días después en una entrevista con la cadena CBS que “tenemos varias semanas por delante antes de que el tribunal de distrito levante su medida cautelar y, hasta entonces, estamos obligados por el fallo del tribunal de distrito a seguir aplicando el programa ‘Quédate en México’ y lo haremos de acuerdo con la ley”.
El fallo de la Corte Suprema debe ser enviado ahora al tribunal del Distrito Norte de Texas, el cual detuvo, en su momento, la cancelación del programa por parte de la administración Biden.
Una vez que ese tribunal haya recibido el fallo, debe levantar la prohibición colocada sobre la administración federal. A partir de ese momento, el DHS deberá anunciar cuáles serán los pasos para desmontar el programa.
En qué consiste el programa “Quédate en México”
El 20 de diciembre de 2018, el entonces secretario del DHS durante la presidencia de Donald Trump (Partido Republicano), Kirstjen M. Nielsen, anunció la implementación de la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual da vida a los Protocolos de Protección al Migrante, bajo la explicación de que con ello “se pondría bajo control la crisis de inmigración ilegal”.
La sección implementada indicaba que los solicitantes de asilo llegados a Estados Unidos a través de sus fronteras con México, provenientes de terceros países, serían devueltos para aguardar por la resolución en suelo mexicano.
El gobierno de México, a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores, se posicionó en contra al reafirmar su “derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”.
De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, entre enero de 2019 y enero de 2021, Estados Unidos envió a 71,000 solicitantes de asilo a México. La herramienta Trac Immigration, citada por dicha organización, cuenta que aún quedan pendientes de resolverse (positiva o negativamente) 29,190.
Los intentos de Biden por derogarlo
En su primer día al frente de la Nación, el 20 de enero de 2021, Biden colocó en suspenso el programa, y el 1 de junio del mismo año, en un memorándum enviado por el secretario Mayorkas, se instruía al personal del DHS para “adoptar todas las acciones apropiadas para terminar el MPP”.
Los estados de Texas y Missouri demandaron al gobierno federal por haber finalizado el programa, porque les suponía destinar recursos para mantener a los migrantes a la espera de una resolución.
El juez federal del Distrito Norte de Texas, Matthew J. Kacsmaryk, nominado al puesto por el expresidente Trump, dio la razón a estos dos estados, y calificó de “arbitrario y caprichoso” el memorándum de Mayorkas.
Un segundo documento con el mismo fin fue emitido por el secretario del DHS el 29 de octubre de 2021. En diciembre de ese mismo año, el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito mantuvo la vigencia del MPP.
El 29 de diciembre de 2021, la administración Biden solicitó a la Corte Suprema que interviniera en la causa, cuyo fallo llegó el 30 de junio de 2022.
El fallo de la Corte Suprema
El magistrado de la Corte Suprema John G. Roberts Jr., quien hizo pública la opinión de la mayoría (la votación fue 5 contra 4) argumentó que los MPP “dan al presidente la potestad de retornar a los solicitantes de asilo, pero no le obligan a hacerlo”.
En el texto se lee que “el secretario de Seguridad Nacional puede retornar a los inmigrantes pendientes de procesar según la sección 1229” (“the Secretary of Homeland Security may return the alien to that territory pending a proceeding under section 1229a.”). La palabra clave, según el juez Roberts, es “puede” (“may”, en inglés), ya que no se está obligando al DHS a devolver a los migrantes en la frontera, por eso no hay impedimento para que el Presidente anule el programa.
Brett Kavanaugh, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan sostuvieron la misma opinión que el juez Roberts. Al contrario, Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch, Samuel Alito y Clarence Thomas, votaron por mantener el programa.
Otras medidas migratorias vigentes
Además del MPP, hay otras medidas dictadas durante la administración Trump que también van encaminadas a frenar el flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos a través de la frontera con México.
Una es el Título 42, establecida en 1944 como una manera de hacer frente a emergencias sanitarias. El presidente Trump la recuperó en marzo de 2020 con la expansión inicial del COVID-19. Este título permite la prohibición de ingreso de personas al país si se presume que estos podrían portar enfermedades.
En abril de 2022, la administración Biden anunció a través de los CDC (Centros para el Control de Enfermedades) que a partir del 23 de mayo dejaría de funcionar. Sin embargo, una demanda en Arizona, Missouri y Louisiana, en la que un juez federal de este último estado les dio la razón, detuvo la revocatoria del presidente.
El Título 42 continúa vigente. La respuesta legal de la administración Biden fue desestimada por el tribunal de apelaciones del Quinto Círculo, que dio la razón al juez federal y los estados demandantes que alegaron “motivos de seguridad sanitaria” y la creación de “caos en la frontera entre Estados Unidos y México”.
También continúa vigente el Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la norma que regía desde antes de la pandemia. Según este, los migrantes que lleguen a la frontera serán interrogados por un agente federal, el cual determina si existen motivos suficientes o no (con la entrevista de miedo creíble), para darle acceso a Estados Unidos o, en cambio, devolverlo a través de México.
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