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El allanamiento del FBI (el Buró Federal de Investigaciones) a la vivienda del expresidente Donald Trump, en Mar-a-Lago, Florida, el 8 de agosto de 2022, ha provocado una serie de especulaciones por parte de voceros y líderes políticos. Es la primera vez en la historia del país que el FBI practica un procedimiento como este dentro de la vivienda de un exmandatario.
El senador de Florida Marco Rubio (Partido Republicano), dijo en Twitter sin mostrar evidencias que había sido el presidente, Joe Biden (Partido Demócrata), el que dio la orden al Departamento de Justicia para llevar adelante el procedimiento, haciendo una comparación con la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.
En EE. UU. tradicionalmente el Departamento de Justicia opera con independencia del presidente de turno. No hay evidencia de que Biden haya roto con ese principio. De hecho, la Casa Blanca ha dicho que el Presidente no estaba al tanto y, en rueda de prensa, el fiscal general Merrick Garland afirmó que había sido él mismo quien había dado luz verde al operativo. El actual director del FBI, Cristopher Wray, fue designado por el propio Trump durante su mandato, y en su momento el líder republicano se refirió a Wray como un hombre “de credenciales impecables”.
En EE. UU. los allanamientos no ocurren por orden del gobierno; las autoridades necesitan el visto bueno del Poder Judicial, que funciona con independencia del Ejecutivo. El exfiscal federal Gene Rossi dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que, para realizar un allanamiento, las autoridades primero deben recolectar suficientes evidencias de que es probable que esté ocurriendo un delito en una propiedad, y luego deben llevar esos documentos ante un juez federal, que analiza las pruebas y toma la decisión.
En el caso del allanamiento a la vivienda de Trump, fue un juez federal de Florida, Bruce Reinhart, quien, tras evaluar la evidencia preliminar del FBI, permitió que se ejecutara el operativo.
Los archivos de la Casa Blanca no pertenecen al presidente, sino al Estado.
La Ley de Archivos Presidenciales (Presidential Records Act) de 1978 establece que son de dominio público todos los archivos del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos.
En febrero de 2022, la Administración de Registros y Archivos Nacionales (NARA) informó que había tenido que negociar con los abogados de Trump para poder recuperar 15 cajas de archivos que el expresidente, al terminar su mandato en 2021, se había llevado de la Casa Blanca a su vivienda de Mar-a-Lago, en Florida.
Entre las 15 cajas recuperadas, había material con información clasificada de seguridad nacional, informó oficialmente en una carta David Ferriero, archivista de los Estados Unidos.
NARA indicó también en febrero de este año que los representantes de Trump les aseguraron que seguirían buscando archivos presidenciales adicionales en Mar-a-Lago para entregárselos.
En abril de 2022, medios nacionales reportaron que el Departamento de Justicia había comenzado a investigar este manejo de información clasificada por parte del expresidente Trump.
Según The New York Times, durante la primavera de 2022, agentes federales se reunieron con representantes de Trump en Mar-a-Lago buscando más información sobre los documentos confidenciales. El expresidente estuvo presente durante una parte de la reunión, según el reporte de este medio. En sintonía, The Washington Post reportó el 11 de agosto que entre los archivos habría información confidencial sobre armas nucleares. Finalmente, The Wall Street Journal reportó un día después que en el allanamiento el FBI se llevó unas 20 cajas que incluían material clasificado que debe permanecer archivado en instalaciones especiales del gobierno.
Al momento del cierre de esta nota, un juez federal de Florida, a pedido del Fiscal General, ordenó la publicación de la orden de allanamiento del FBI. De acuerdo con la orden, los investigadores buscaban documentos y archivos “obtenidos ilegalmente” con presunta obstrucción a la Justicia y en violación a la Ley de Espionaje.
El inventario de los documentos obtenidos por el FBI en Mar-a-Lago refleja que los agentes obtuvieron, entre otras cosas, cajas de documentos catalogados como confidenciales y “top secret”.
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