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Entre las 3 secciones del Código de Estados Unidos (United States Code) citadas en la orden de allanamiento contra la casa del expresidente Donald Trump en Florida está la 2071, que define crímenes relacionados con el manejo de archivos públicos, y señala que cualquiera que “esconda, remueva…o destruya” documentos o archivos gubernamentales quedará “descalificado” para asumir cualquier cargo público en los Estados Unidos.
El lenguaje de esta sección ha provocado que en redes sociales algunos usuarios (como aquí y aquí), y un abogado ligado con el Partido Demócrata, especulen sobre la elegibilidad de Trump para eventualmente asumir un segundo mandato si presenta a elecciones y gana y, además, es acusado y condenado por el manejo inadecuado de los archivos de la Casa Blanca. Pero algunos expertos dudan de que este artículo se pueda aplicar en el caso de Trump porque los requisitos para ser presidente de EE. UU. están descritos en la Constitución, la ley suprema del país.
La Constitución de EE. UU. impone 3 requisitos para ser presidente:
- Tener al menos 35 años de edad
- Haber nacido en Estados Unidos, y
- Haber permanecido en Estados Unidos al menos por 14 años
El exfiscal federal Gene Rossi dijo en entrevista telefónica con Factchequeado que el Código Federal no aplicaría en el caso de la Presidencia porque el Congreso, a través de las leyes federales, “no puede añadir” un requisito adicional a lo establecido en la Constitución.
El exfiscal federal Neama Rahmani tiene una opinión distinta a la de Rossi. En entrevista telefónica con Factchequeado afirmó que “la ley actual dice que [Trump] quedaría descalificado”, pero hace la salvedad de que la aplicabilidad de este artículo en el caso de la Presidencia no ha sido puesto a prueba en las Cortes, que podrían considerarlo inconstitucional.
Victoria Nourse, profesora de Derecho de Georgetown, dijo a Politifact , un medio aliado de Factchequeado, que es posible que alguien pudiese utilizar lo establecido en el Código Federal para desafiar legalmente una eventual aspiración de Trump a la Presidencia, y de esta manera serían las Cortes las que tendrían la palabra final sobre su constitucionalidad.
No obstante, el profesor de Derecho de la Universidad de Iowa Derek Muller explica a Politifact que sentencias pasadas de la Corte Suprema han evitado que tanto los estados como el Congreso añadan requisitos para ser Presidente que vayan más allá de lo establecido por la propia Constitución.
Nuestros aliados en Politifact también destacan que en el pasado criminales convictos han aspirado a la Presidencia de Estados Unidos. Un ejemplo es Lyndon LaRouche, que fue declarado culpable en 1988 por conspiración para cometer fraude postal y tributario, y aún así fue candidato a liderar la Casa Blanca en varias ocasiones entre 1976 y 2004. Otro es Eugene Debs, quien tras haber sido sentenciado por violar la Ley de Espionaje de 1917, lanzó su campaña presidencial en 1920 desde una prisión federal.
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