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El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el precedente de la sentencia ‘Roe contra Wade’ de 1973, que daba acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, abrió un cisma en el mundo digital. Pensemos simplemente en una persona que acuda a una clínica para abortar y que Google Maps registre su ubicación, o en sus historiales de búsqueda en Internet y las conversaciones que pueda mantener en redes sociales. Después de la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos, también circularon muchos mensajes instando a las mujeres a eliminar sus apps de control menstrual como parte del ecosistema de recogida masiva de datos personales a través de aplicaciones online.
Esta sensación de falta de control sobre nuestros datos se incrementó al saberse que una adolescente de 17 años y su madre fueron acusadas de aborto ilegal cuando la joven estaba embarazada de 23 semanas en Nebraska, después de que Facebook entregara una copia de una conversación privada entre ambas tras elrequerimiento de un juez. En ese Estado, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas, pese a que se intentó bajar a 12 unas semanas antes.
Las empresas de plataformas como Facebook e Instagram, Twitter o TikTok hicieron a lo largo del verano una serie de anuncios de medidas que pondrían en marcha para facilitar el acceso de sus trabajadoras a estados en los que se permitiera el aborto, por ejemplo. Sin embargo, quedaron muchas cosas en el tintero sobre qué pasaría con sus normas comunitarias o sus políticas de moderación, algunas sin resolver al día de hoy.
Hacemos un repaso por los posicionamientos de las grandes compañías tecnológicas (en los casos en que los hayan hecho públicos). Además, las hemos consultado y algunas han contestado y otras, no.
Este artículo se actualizará cuando respondan.
¿Cuándo están las empresas obligadas a entregar datos personales de sus usuarios y cuándo pueden negarse?
Todos los datos que generamos al utilizar redes sociales y plataformas digitales son recopilados y almacenados por empresas tecnológicas que en ocasiones están obligadas a entregarlos si lo solicita un juez. Esto se aplica de forma general a cualquier país, pero también entran en juego acuerdos específicos entre regiones para garantizar que se puedan hacer solicitudes -como Estados Unidos y la Unión Europea-.
Normalmente, un tribunal estadounidense solo tendría jurisdicción en EE. UU., pero en base a estos acuerdos puede también requerir información a empresas extranjeras. De la misma manera, ciertos estados podrían pedir datos a empresas de países en los que sus tribunales no tienen jurisdicción, y estas podrían entregarlos voluntariamente o no.
En muchas ocasiones, estas empresas intentan objetar si los requerimientos son muy amplios o el objetivo no está claro. En Estados Unidos, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) sí que obliga a guardar el secreto profesional en consultas médicas relacionadas con un aborto, pero no aplica en otras situaciones, como las relacionadas con los datos que registra una plataforma digital.
Esta situación no es nueva. Las normas de cualquier estado permiten que autoridades, como jueces y tribunales, puedan solicitar la información necesaria para decidir en un procedimiento, pero tanto el tipo de información, como la forma y los plazos dependerán de cada lugar, explica Elena Gil, abogada experta en derecho digital y protección de datos a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado.
En el caso concreto de Estados Unidos, Gil especifica que su legislación permite de manera amplia que las autoridades obtengan información, una tradición que puede derivar de los atentados terroristas del 11S, sobre todo para poder acceder a comunicaciones o información de personas extranjeras que supongan un riesgo para la seguridad nacional (a partir de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como ley FISA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en EE. UU. no solo pueden solicitar datos a jueces y tribunales, sino también autoridades policiales.
Una vez que la información ha sido solicitada, ¿cómo puede reaccionar una empresa? En general, “es obligatorio responder a un requerimiento de información de un tribunal de forma completa y veraz, pero solo dentro de lo que las normas obliguen”, detalla Gil. Por ejemplo, si el requerimiento de información es “más amplio de lo permitido, las empresas pueden argumentar que parte de esa solicitud no es acorde a Derecho y restringir su respuesta”. Dentro del tipo de datos que no pueden ser entregados, están, por ejemplo, las “comunicaciones abogado-cliente” e información obtenida “de forma ilícita”. Por ejemplo, unas grabaciones ilegales.
Entendiendo cómo funciona este proceso, ¿qué sabemos de cómo han reaccionado las grandes tecnológicas en los últimos meses? Hagamos un repaso.
El caso de Twitter
Sobre la moderación de contenido
Sobre cómo moderar el contenido, Twitter derivó a MIT Technology Review en su consulta a sus términos de servicio, en los que se prohíbe el uso de sus servicios para promover actividades ilegales: “No puedes utilizar nuestro servicio para ningún propósito ilegal o para promover actividades ilegales. Esto incluye la venta, compra o facilitación de transacciones de bienes o servicios ilegales, así como determinados tipos de bienes o servicios regulados”, se detalla en las reglas de Twitter.
Específicamente, en la parte en la que desgranan esos bienes o servicios ilegales o sujetos a reglamentación (que no está actualizada desde abril de 2019) se incluyen drogas y sustancias controladas.
La portavoz de Twitter, Elizabeth Busby, dijo que las reglas de Twitter "generalmente no prohíben la discusión sobre el aborto, los anticonceptivos y temas relacionados". Es decir, hablar sobre el aborto está permitido, pero no explican qué pasaría si hubiera contenido sobre cómo o dónde abortar, por ejemplo.
Sobre la entrega de datos para procesos judiciales
En cuanto a la entrega de datos en procesos judiciales, Twitter respondió a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, que “proteger la privacidad de las personas que usan Twitter es lo primero”: “Continuaremos evaluando juiciosamente las demandas legales, teniendo siempre en cuenta nuestro compromiso con la seguridad de nuestros usuarios”.
Sin embargo, no facilitaron información específica sobre qué requerimientos de información se aceptan desde la empresa y cuáles no, ni, en particular, cómo se va a actuar ante aquellos relacionados con el aborto en Estados Unidos. Twitter se limita a señalar los términos de servicio, la política de privacidad y las prácticas generales de cumplimiento de la ley de la compañía.
En su política de privacidad sí hacen referencia a los requerimientos de datos. “Cuando hablamos de ‘requerimientos judiciales’, generalmente nos referimos a citaciones, órdenes judiciales u otros documentos legales que citan un estatuto u otras leyes en relación con algún tipo de reclamo o demanda. Mediante un requerimiento judicial, se nos puede solicitar que proporcionemos información acerca de una cuenta de Twitter o que eliminemos contenido (por ejemplo, un Tweet)”, detallan. Entre esa información puede haber mensajes directos.
Una vez que un representante de la policía o agencias gubernamentales, abogados defensores de acusados en causas penales o litigantes en lo civil solicitan un requerimiento judicial, el proceso que describe Twitter es el siguiente: un empleado de Twitter lo revisa para determinar si este cumple con los requisitos legales correspondientes, se notifica al titular de la cuenta denunciada sobre la existencia de ese requerimiento y se ponen en práctica las políticas de la empresa relativas a esto, que pueden variar según la jurisdicción de donde provenga la petición.
¿Twitter siempre entrega toda la información solicitada en los requerimientos judiciales válidos? En su apartado de preguntas frecuentes afirman que no, sino que solicitan más información y especificaciones sobre la naturaleza de la investigación. En particular, señalan que pueden rechazar el requerimiento por motivos como “la naturaleza del delito subyacente, el requerimiento es demasiado amplio, al requerimiento le falta una firma obligatoria o es un requerimiento de contenido con una notificación judicial incorrecta”. Aun así, tampoco explican el proceso interno mediante el cual deciden si un requerimiento es aceptable o no o quién participa en él.
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