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Desde 2016, Estados Unidos ha visto cambios notorios en diferentes legislaciones y normativas estatales que expanden el derecho al voto a personas que cumplieron condenas por un delito grave, le contó a Factchequeado Nicole D Porter, directora Senior para la Defensa en The Sentencing Project, una organización que investiga y aboga por la mejora de la justicia criminal del país. Esta expansión del derecho al voto a las personas con un delito grave en su récord criminal ha sido más notoria en los últimos 6 años, dice Porter.
En Estados Unidos se considera delito grave (felony) a un tipo de delito punible bajo el derecho penal (no civil), más serio que los tipificados como delitos menores (misdemeanors) o infracciones (infractions). Son delitos sancionados bajo la ley federal con un término máximo mayor a 1 año o con sentencia de muerte, según la enciclopedia legal de la Escuela de Leyes de la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York.
Según un reportaje hecho por The Marshall Project, un organización noticiosa no partidista y sin ánimos de lucro que cubre el sistema criminal judicial de Estados Unidos, 1 de cada 4 personas excarceladas por crímenes graves cuyo derecho al voto fue restaurado a tiempo para las elecciones de 2020 se presentó ese año a las casillas de votación.
Este mismo artículo reportó que la mayoría de las personas excarceladas en los estados analizados (Nevada, Kentucky, Iowa and New Jersey) no sabían que podían votar porque “ninguno de los estados regularizó un sistema para notificar a las personas a quienes se les retribuye el derecho al voto”.
Porter le dijo a Factchequeado que esta falta de notificación se debe a la falta de conocimiento de oficiales del gobierno, quienes deben comunicar a las personas que estuvieron encarceladas de su situación. “Eso es una falla en las políticas estatales”, agrega el especialista. Porter hizo referencia a los arrestos ocurridos en Florida a personas que votaron en 2020. El gobernador de Florida,Ron de Santis (Partido Republicano), declaró que al menos 20 personas “votaron ilegalmente y están inhabilitadas para votar porque han sido condenadas por asesinato o agresión sexual”. Porter precisa que algunos latinos estaban en ese grupo: “[Estas personas excarceladas se registraron erróneamente] porque oficiales estatales les dijeron que podían, [pero] estos oficiales no entendían la ley”. Porter precisa que situaciones parecidas han sucedido en otros estados con problemas similares porque las leyes no siempre son conocidas por los oficiales.
También es importante aclarar que cuando se habla de una restauración “automática” del voto no significa que el registro del votante sea automático. Típicamente significa que los oficiales de la prisión informan automáticamente a oficiales electorales que los derechos de un individuo han sido restaurados. La persona excarcelada es entonces responsable de registrarse de nuevo a través de los procesos regulares, según precisa The Marshall Project.
Lo estados con reformas para que personas con delitos graves voten desde el año 2020
A continuación repasamos las reformas legislativas y de políticas realizadas en los últimos 2 años para ampliar el derecho al voto.
California
En 2020 la Proposición 17 fue aprobada, consagrando en la Constitución del estado el derecho al voto para las personas que están en libertad condicional por delitos graves. En California, una vez que la persona es excarcelada, la restauración de su derecho a votar es automática y por ley el estado requiere que la información de registro sea proveída a la persona que estuvo en la prisión.
Connecticut
En 2021, el gobernador, Ned Lamont (Partido Demócrata), firmó una normativa que restaura el derecho al voto para las personas en libertad condicional. Sin embargo, Connecticut restringe el acceso al voto a personas que han sido encarceladas por crímenes electorales. La nueva ley obliga al Comisionado del Departamento Correccional de Connecticut a informar a las personas que están en libertad condicional de sus derechos para ser votantes y el proceso de restauración, a través de los medios disponibles.
Iowa
La Orden ejecutiva número 7, impulsada en 2020 por la gobernadora, Kim Reynolds (Partido Republicano), restauró de manera automática el derecho al voto para aquellas personas que culminaron su encarcelamiento, el periodo de prueba, libertad condicional o sentencia especial. De acuerdo con The Center for Public Integrity, una organización de periodismo investigativo no partidista y sin ánimo de lucro, antes de la promulgación de la Orden ejecutiva número 7 las personas que tenían delitos graves en sus historiales criminales en Iowa perdían el derecho al voto de por vida.
La misma organización especifica que una vez culminado el encarcelamiento a las personas con delitos graves, la restitución del derecho al voto no se ve afectada si la persona excarcelada no ha cancelado tarifas y multas relacionadas con la condena. Esta extensión excluye a quienes cumplieron condenas por homicidio. En este caso, las personas deben solicitar al Gobernador de Iowa la restauración del derecho al voto.
New Jersey
Por medio de la ley AB 5823 se otorga el derecho al voto a una persona una vez que está en libertad o en libertad condicional después de haber estado encarcelada por un delito grave. Esta restauración del derecho a votar es automática, es decir, que los oficiales de la prisión del estado deben automáticamente informar a oficiales electorales que los derechos de un individuo han sido restaurados. La persona excarcelada es responsable de registrarse de nuevo a través de los procesos regulares.
Nueva York
En 2021, el estado de Nueva York aprobó la ley SB 830, que restablece el derecho al voto a los ciudadanos en libertad condicional a personas que estuvieron convictas por haber cometido un delito grave. Esta ley también estipula que el individuo que esté a punto de ser liberado de instalaciones estatales debe ser notificado verbal y por escrito que su derecho al voto es restaurado una vez sea liberado. La ley establece que se les debe administrar un formulario de registro para votar, un formulario para declinar el derecho y asitencia llenado cualquiera de los 2 formularios.
Carolina del Norte
Según informó el Comité estatal de elecciones en un comunicado de prensa actualizado el 19 de agosto de 2022, el derecho al voto se extendió a individuos que están cumpliendo una sentencia por delitos graves siempre y cuando se encuentren residiendo fuera de una cárcel o prisión. El comunicado también precisa que la persona debe haber residido en el estado por lo menos 30 días antes de las elecciones, ser ciudadano estadounidense y tener más de 18 años. Aunque esta decisión fue apelada por la Corte Suprema de Carolina del Norte, la extensión al voto sigue vigente hasta que se resuelva en las cortes la apelación. La Junta estatal es la entidad encargada de notificar cualquier cambio al respecto.
Virginia
La ley de este estado le permite a las personas con condenas de delitos graves que una vez hayan terminado su sentencia en la cárcel, le soliciten al Gobernador que se les reinstauren sus derechos civiles, entre estos, el derecho al voto. En octubre pasado el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin (Partido Republicano), restauró el derecho al voto a más de 800 personas que cumplieron condenas por delitos graves.
Washington
Una legislación de 2021 firmada por el gobernador, Jay Inslee (Partido Demócrata), restaura el derecho al voto automáticamente a las personas condenadas por delitos graves una vez que hayan sido liberadas de prisión.
Florida
En 2018 el estado de Florida, por medio de una enmienda constitucional, le otorgó el derecho al voto a personas con historia de delitos graves una vez que hayan cumplido sus sentencias en prisión y en los sistemas de libertad condicional, exceptuando a las personas que han sido encarceladas por crímenes de asesinato o de indole sexual. En 2019, el gobernador, Ron DeSantis (Partido Republicano), firmó el proyecto de norma SB 7066, agregando el pago a totalidad de tarifas, multas y costos ordenados como requisito para haber completado una sentencia.
Un estatuto de 2022 del estado de Florida explica los requisitos para que una persona que fue encarcelada por un delito grave pueda registrarse a votar. Estos requisitos son: haber completado a cabalidad el tiempo que se le condenó en prisión, haber completado su tiempo bajo los sistemas de libertad condicional y libertad vigilada; y haber pagado en totalidad el costo de las multas, tarifas, costos y restituciones solicitadas como parte de la sentencia del delito grave. Esta extensión sigue excluyendo a las personas que han sido encarceladas por crímenes de asesinato o de indole sexual.
Porter, directora Senior para la Defensa en The Sentencing Project, explica las consecuencias de esta legislación a Factchequeado: “Cuando eres un indigente y necesitas un abogado defensor público, se te cobra por costos relacionados a tu caso criminal y ese costo es entonces parte de tu sentencia. Ahora tienes que servir en prisión [y] le debes $50,000 dólares al estado de Florida. Por esta razón, estimamos que hay más de 1 millón de personas en Florida sin poder votar por las multas y tarifas obligadas. Este problema en Florida lo posiciona en el tope de la lista [con el] mayor número de personas a las que se les niega el derecho al voto.
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