El juez federal Emmet Sullivan ordenó el 15 de noviembre la suspensión del Título 42 del Código de Estados Unidos, que se implementó durante la crisis de la pandemia del COVID-19 por la administración de Donald Trump (Partido Republicano) y aplicada también por la administración actual de Joe Biden (Partido Demócrata). Sin embargo, el lunes 19 de diciembre, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la orden de Sullivan luego de una moción introducida por un grupo de 19 estados liderados por gobernadores republicanos que se oponen al levantamiento de la medida.(*)
El Título 42 ha sido aplicado desde marzo de 2020 y nace de una autoridad de salud pública otorgada por ley a los Centros para el Control y Detección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y que activaron con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en el país. Esta medida ha permitido la expulsión inmediata de quienes cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos, sin la oportunidad de solicitar asilo. El Código de Estados Unidos es una recopilación de todas las leyes federales estadounidenses.El Título 8 del Código de Estados Unidos cubre a “Extranjeros y Nacionalidad”. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) está contenida en el Código.
Si finalmente se levanta el Título 42, las autoridades aplicarán el Título 8
El Título 8 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (basada en el Código estadounidense), es la norma que han aplicado las autoridades desde antes de la pandemia en EE. UU., y que permite calificar como “inadmisibles” en el país a quienes ingresen de manera irregular.
Si se levanta el Título 42, quienes lleguen a la frontera podrán solicitar asilo, incluyendo aquellos que fueron expulsados previamente bajo el Título 42, indica a Factchequeado Amy Grenier, asesora de prácticas y políticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Sin embargo, Michelle Mittelstadt, del Migration Policy Institute (think-tank no partidista dedicado a estudiar y proponer políticas migratorias) explica a Factchequeado que las consecuencias legales de una expulsión bajo el Título 8 son más severas que las que existen actualmente bajo el Título 42.
Bajo el Título 42, cuenta Mittelstadt, se han realizado expulsiones que “no conllevan a sanciones” legales lo que se ha traducido, en algunos casos, en un “incentivo” para que algunos migrantes “intenten reingresar” ilegalmente. En cambio, bajo el Título 8, las autoridades migratorias podrían emitir órdenes de deportación formales y presentar cargos criminales contra quienes reingresen ilegalmente al país. En esta nota te explicamos algunos términos migratorios y las diferencias entre expulsiones y deportaciones.
El 30 de marzo de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó la estrategia que seguiría en el caso de un levantamiento del Título 42. En el documento está establecido que, una vez se reactive el Título 8, “aquellos que intenten entrar sin autorización a los Estados Unidos, y que no puedan establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, como una solicitud válida de asilo, estarán sujetos a consecuencias adicionales a largo plazo más allá de la deportación”, incluyendo la “prohibición de recibir beneficios migratorios en el futuro”.
Un vocero de DHS, en un correo electrónico a Factchequeado explicó que, bajo el Título 8, un migrante deportado tras cruzar ilegalmente puede enfrentar una prohibición de regresar a Estados Unidos por 5 años. Si reingresa durante ese período puede afrontar cargos criminales.
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