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Senadores republicanos y demócratas negociaron un proyecto de ley que, afirman, ayudaría a frenar la cifra de cruces fronterizos irregulares, dándole al gobierno federal la autoridad de “cerrar la frontera”, que es el término que legisladores de ambos partidos están utilizando para referirse a la expulsión rápida de migrantes que crucen irregularmente sin permitirles solicitar asilo.
El presidente Joe Biden ha respaldado el proyecto (titulado Ley de Apropiaciones Suplementarias para la Seguridad Nacional) afirmando que necesita esa “nueva autoridad de emergencia” para utilizarla cuando la situación en la frontera sea “abrumadora”. No obstante, algunos republicanos (como Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes) han afirmado que ese proyecto de ley es innecesario porque, con las leyes que existen, Biden ya podría “cerrar” la frontera si así lo quisiera.
Entonces, ¿tiene o no tiene Biden la autoridad de “cerrar la frontera” con las leyes existentes?
De acuerdo con Johnson, Biden puede utilizar la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 para suspender las solicitudes de asilo de migrantes.
La Sección 212(f) establece:
“Cuando el presidente determine que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier categoría de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de los Estados Unidos, [el presidente] podrá, mediante proclamación y por el período que estime necesario, suspender la entrada de todos los extranjeros o de cualquier categoría de extranjeros, ya sea como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada de extranjeros cualquier restricción que considere apropiada”.
La administración del expresidente Donald Trump intentó utilizar esta sección de la ley en 2018 para negar las solicitudes de asilo de quienes cruzaran la frontera irregularmente.
Sin embargo, la medida fue bloqueada por una Corte Federal de California, que consideró que la acción de Trump entraba en conflicto con otra ley federal que establece que “cualquier extranjero que esté físicamente presente en los Estados Unidos o que llegue a los Estados Unidos, ya sea en un puerto de entrada designado o no… independientemente del estatus de dicho extranjero, puede solicitar asilo…”. La decisión de esa Corte fue mantenida en apelaciones posteriores.
Kathleen Bush-Joseph, analista del think-tank no partidista Migration Policy Institute, dijo en una entrevista telefónica con Factchequeado que es por ese fallo que Biden está buscando que el Congreso le otorgue poderes adicionales, porque ya las Cortes bloquearon a Trump en su intento de utilizar la Sección 212(f) para evitar que los migrantes pudiesen solicitar asilo en la frontera sur.
Greg Chen, director de relaciones gubernamentales del la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), coincide. En una rueda de prensa dijo que “el presidente no puede simplemente decir ‘tengo esta gran autoridad bajo la Sección 212(f) que me permite cerrar la frontera y bloquear a solicitantes de asilo’, porque una Corte ya dijo ‘no, porque también existen leyes de asilo’”.
Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas públicas del American Immigration Council, organización sin fines de lucro que promueve reformas del sistema migratorio de Estados Unidos, ha afirmado en varias ocasiones en su cuenta de X (antes Twitter) que “ningún presidente puede simplemente cerrar la frontera”, porque Estados Unidos “tiene leyes claras” que no permiten que un mandatario tenga el derecho de “simplemente negar que se evalúen las solicitudes de asilo”.
Trump v. Hawaii: el caso donde las Cortes sí le dieron la razón al expresidente
Bush-Joseph destacó a Factchequeado que las Cortes (incluyendo la Corte Suprema) fallaron a favor de Trump durante el llamado “Muslim travel ban”, una serie de medidas que tomó el expresidente en 2017 en las que se prohibían viajes hacia Estados Unidos desde Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria, y Yemen. En la lista también se incluyó a Corea del Norte y Venezuela (aunque en este último caso sólo aplicaba para funcionarios gubernamentales).
Bush-Joseph explica que “esa medida se trató sobre personas que todavía no habían llegado a Estados Unidos”, por lo que “sí, un presidente puede evitar que personas vengan a Estados Unidos, pero una vez que están aquí, se tienen que tomar en consideración las leyes de asilo”.
Sushi Mathur, abogada del American Immigration Council, en entrevista con Factchequeado, coincidió también. Y afirmó: “las personas que ya están en territorio estadounidense… tienen algunos derechos de debido proceso… y también tienen derechos legales bajo las actuales leyes de asilo y tratados internacionales”.
Mathur, además, destacó que, incluso en el caso del “travel ban”, quedó demostrado que el poder del presidente no es absoluto porque la administración de Trump tuvo que emitir 3 versiones diferentes de la medida luego de varios bloqueos por parte de Cortes Federales, que sentenciaron que la prohibición contra países de mayoría musulmana violaba el derecho de libertad religiosa establecido en la Constitución.
En la tercera versión, la administración de Trump añadió en la lista de países a Corea del Norte y a Venezuela, naciones que no son de mayoría musulmana, y de esa manera consiguió que la Corte Suprema (con 5 votos a favor y 4 en contra) le permitiera implementar la orden en junio de 2018.
Durante el Título 42 también había excepciones
El Título 42, que comenzó en marzo de 2020 y terminó en mayo de 2023, fue una autoridad de salud pública otorgada por ley a los Centros para el Control y Detección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y que se aplicó con el objetivo de reducir el riesgo de contagio de COVID-19 en el país.
A través de esa autoridad sanitaria se permitía la expulsión inmediata de quienes cruzaran irregularmente la frontera de Estados Unidos, negándoles la oportunidad de solicitar asilo. No obstante, Bush-Joseph, durante le entrevista, destacó 2 cosas:
El Título 42 nace de una ley de salud pública y “no es una ley de inmigración”.
Incluso cuando el Título 42 estaba vigente, EE. UU. tenía que cumplir con la Convención Contra la Tortura, en caso de que el migrante afirmara al agente de Patrulla Fronteriza que temía sufrir torturas en caso de ser expulsados del país.
Sobre el segundo punto, una investigación del American Immigration Council estableció que entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, 3,217 personas fueron evaluadas por agentes fronterizos tras alegar que tenían temor de sufrir torturas en caso de ser devueltos, y a 272 se les permitió permanecer en el país y solicitar asilo.
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