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La Cámara de Representantes de Arizona aprobó con mayoría republicana, el 4 de junio de 2024, la propuesta de incluir en la boleta de votación la Ley de Seguridad en la Frontera, también conocida como HCR 2060, que pretende convertir en un crimen estatal la entrada de personas sin documentos.
Este proyecto de ley fue introducido por el representante republicano Ben Toma ante la Cámara de Representantes el 14 de febrero de 2024. Ocho días después, la HCR 2060 fue aprobada en el pleno de la Casa de Representantes y pasó al Senado, que la aprobó en mayo último para ser consultada a los votantes.
Tras audiencias, debates adicionales y enmiendas, el 4 de junio de 2024 se aprobó que se incluya en la boleta electoral y sea votada durante las elecciones generales del 5 de noviembre de 2024.
Te contamos lo que establece el proyecto de ley y qué se sabe y qué no
1- Clasifica nuevos delitos menores y graves a nivel estatal para cruces fronterizos no autorizados
La sección 5 de la HCR 2060 clasifica la entrada irregular como un delito menor (misdemeanor) clase 1, pero si la persona ya había sido previamente condenada por la misma acción, el delito se convierte en grave (felony) clase 6.
Luis Ávila, analista político con sede en Arizona, dijo a Factchequeado que esta nueva propuesta no sólo impacta a los migrantes que están cruzando, sino que le otorga poder a las autoridades de solicitar documentos a cualquier persona sólo por sospechar que son indocumentados. Además, Ávila explica que la HCR 2060 no especifica la distancia de la frontera donde se debe aplicar la ley.
2- Los jueces pueden emitir órdenes de retorno para personas que se encuentren en Arizona en situación irregular
En el numeral 10 de la sección 5, la ley indica que un juez o magistrado estatal puede emitir una orden de retorno a una nación extranjera para una persona que es arrestada por entrada irregular. También establece que a la persona se le tomen huellas digitales, fotografías y medidas biométricas. La ley establece que antes de que se emite la orden de retorno, las agencia que detenga al migrante debe recopilar los datos del detenido y cruzarlos con todas las bases de datos criminales locales, estatales y federales para identificar si la persona es una amenaza para la seguridad nacional.
El proyecto no deja claro cómo jueces estatales pueden decidir sobre asuntos migratorios que tradicionalmente se definen a nivel federal.
Como ya hemos informado en Factchequeado, las deportaciones son procesos complejos, que requieren coordinación entre agencias del gobierno estadounidense y cooperación de gobiernos de otros países (aunque esto último no siempre ocurre).
3- Otorga más autoridad a la fuerzas del orden
Hasta ahora, los arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular son facultad de las agencias federales. De acuerdo con el numeral 13 de la misma sección 5, esta nueva norma permite que las agencias locales y estatales hagan esas operaciones y transporten a una persona a un puerto de entrada o a cualquier punto de custodia federal para su deportación. Al convertir la entrada en Arizona por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal en un delito estatal, esta norma aumenta la autoridad e inmunidad de policías locales para arrestar a inmigrantes indocumentados y deportarlos.
La HCR 2060 además ofrece protecciones a los agentes que participen en estas actividades, incluyendo inmunidad civil y derecho a indemnización por incidentes ocurridos durante el cumplimiento de la ley.
4- Se agravan las penalidades por fraude por beneficios públicos y exige a empleadores el uso de E-Verify
En la sección 3 de la HCR 2060 se agravan las penalidades contra cualquier persona que presente documentación falsa para obtener beneficios públicos estatales o locales y estipula como requisito el uso del programa E-Verify por parte de los empleadores después de contratar a un trabajador. Si no lo hacen, incurren en un delito.
De manera similar, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es responsable de administrar el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios SAVE que es utilizado por las agencias gubernamentales (federales, locales y estatales) que otorgan beneficios para verificar el estatus migratorio de los solicitantes. Es decir que E-Verify es para el uso de los empleadores privados y SAVE, para uso gubernamental.
5- Aumentan sentencias por tráfico de fentanilo
En la sección 4 de esta misma propuesta de ley se establece un cargo por delito grave (felony) y requisitos de sentencia aumentada por la venta de fentanilo si causa la muerte de otra persona. También, se clasifica la venta de fentanilo como un delito grave de clase 2 y se incrementan las penalidades. Expertos dijeron a Factchequeado que esa medida sólo busca relacionar el problema del fentanilo con la migración, sin que existan pruebas de una relación de los migrantes con el tráfico del fentanilo.
Sin embargo, la mayor parte de las personas condenadas por tráfico de fentanilo a través de la frontera son ciudadanos estadounidenses que intentan pasar la droga por los puertos de entrada al país, de acuerdo con el reporte “Methamphetamine Trafficking Offenses in the Federal Criminal Justice System” publicado en junio de 2024 por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, donde se indica que en el año fiscal 2022 el 88.6% de los contrabandistas de fentanilo son ciudadanos de Estados Unidos (Página 21, tabla 3).
Ávila, el analista político, dijo que los políticos estadounidenses están ignorando las causas de este problema de salud pública y lo están poniendo “en la espalda de los inmigrantes”.
Sanho Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos, un grupo de expertos progresista con sede en Washington, DC, dijo a PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, que combinar inmigrantes y drogas es un “viejo guión” impulsado por los republicanos para obtener ventajas políticas.
Tree afirmó que el fentanilo "no se transporta en las espaldas de los inmigrantes. Los narcotraficantes tratan con profesionales, no con aficionados, y prefieren a los ciudadanos estadounidenses", afirmó.
La HCR 2060 ya fue cuestionada en la Justicia y allí se decidirá su validez constitucional
Un día después de que los representantes estatales votaran a favor de incluir la propuesta HCR 2060 en las boletas electorales de noviembre de 2024, la organización Living United for Change in Arizona (LUCHA, por sus siglas en inglés), una organización que lucha por los derechos de los inmigrantes, interpuso una demanda que impugna la medida porque asegura que contiene diversos aspectos inconstitucionales.
“Nuestra impugnación fue en la Corte Suprema de Arizona y, se enfoca en que una propuesta de ley o un referéndum en la boleta no puede tener múltiples cambios constitucionales”, dijo vía telefónica a Factchequeado Abril Gallardo, director de personal de LUCHA. Por su parte, Lena Avalos, asesor principal de políticas de LUCHA, dijo a Factchequeado que esta impugnación podría lograr que la ley no llegue a la boleta. Esperan tener una respuesta para mediados de agosto de 2024.
Gallardo explicó que se conoce como “Single subject rule” una norma legislativa que exige que una ley, iniciativa o enmienda propuesta trate únicamente de un solo tema, para evitar confusión en los votantes. “Nuestra demanda es que esta propuesta de ley busca cambiar la ley federal de los servicios públicos y del departamento de la policía, la ley laboral y la ley de inmigración”, dijo.
Sobre lo inconstitucional de la propuesta, expertos opinan que crearía un esquema legal para que pueda operar el estado sobre la inmigración en Arizona y permitiría la aplicación de las leyes federales de inmigración por parte de las autoridades locales. Y el tema migratorio es un asunto federal.
Los representantes legales de la ACLU señalan en un comunicado que la HCR 2060 amenaza los derechos civiles y humanos de los inmigrantes en todo el estado.
“Si se convirtiera en ley, crearía un sistema de detención y expulsión en la sombra que contradice directamente la ley federal”, dijo Laura St. John, directora Legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence.
Si se aprueba como ley permitirá a las autoridades locales arrestar a cualquier persona que sospechen que ingresó ilegalmente a Arizona, en algunos casos hasta 7 años después de su entrada, dijo Rekha Nair, directora ejecutiva de Legal Action Network (PLAN) en Phoenix.
El 7 de junio de 2024, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) de Arizona y Coppersmith Brockelman presentaron otra demanda en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, impugnando la HCR 2060 por el mismo motivo de LUCHA.
Puedes leer también esta nota de Factchequeado sobre los desafíos legales de la Ley SB 4 de Texas, que fue bloqueada por un juez federal de Texas el 29 de febrero de 2024. También esta nota sobre la Ley SB 1718 sobre migración de Florida, que impuso medidas restrictivas.
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