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El presidente electo Donald Trump anunció en mayo de 2023 que, en su primer día de vuelta como presidente, firmaría una orden ejecutiva para que “los futuros hijos de extranjeros ilegales no reciban la ciudadanía estadounidense de forma automática”. Hasta ahora el gobierno federal y los gobiernos estatales han considerado como ciudadano de Estados Unidos a cualquier persona nacida en el país independientemente de si sus padres lo son, pero todo depende de cómo se interprete un texto legal aprobado en 1868: la 14ª enmienda de la Constitución.
Lo que dice la enmienda es que “todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanas”. La primera parte no admite mucha discusión, pero hay quien duda de que los hijos de los extranjeros que viven en el país sin autorización estén “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y no permanezcan sujetos a las leyes del país desde el que emigraron. Un caso reconocido por la ley es el de los hijos de diplomáticos extranjeros que, si nacen en Estados Unidos, no reciben la ciudadanía por no encontrarse “sujetos a su jurisdicción”.
Hans A. von Spakovsky, experto legal de la organización conservadora Heritage Foundation, que argumenta que es “errónea” la interpretación de que “cualquiera presente en Estados Unidos se ha sometido a su jurisdicción” y añade que los hijos de inmigrantes sin papeles están “sujetos a la jurisdicción y obediencia del país de sus padres”.
No faltan opiniones en contra. El juez federal James C. Ho, por ejemplo, que fue nominado por el presidente Trump en 2017, escribió en el Financial Times en 2011 que “el significado” de la 14ª enmienda es claro: “un extranjero que vive en los Estados Unidos está ‘sujeto a su jurisdicción’ porque está legalmente obligado a obedecer la ley estadounidense”. El profesor de la Universidad de Baltimore Garrett Epps coincide: “si un ciudadano extranjero choca contra su coche cuando vaya hoy hacia su casa, ¿le permitirá usted o la policía marcharse porque un ciudadano extranjero no puede ser arrestado, multado o demandado? La respuesta es no”.
En conversación con Factchequeado, la profesora de Derecho de la Universidad de Fordham Jennifer Gordon, coincide: “hace 125 años que la Corte Suprema aclaró que la 14ª enmienda aplica a los hijos de inmigrantes, sin importar la situación migratoria de sus padres. A no ser que la Corte Suprema anule esa decisión o que haya una enmienda constitucional, los hijos de inmigrantes sin papeles nacidos en Estados Unidos continuarán siendo ciudadanos desde su nacimiento”.
Al analizar si los hijos de extranjeros están “bajo la jurisdicción” de Estados Unidos, algunas sentencias de la Corte Suprema como “United States v. Wong Kim Ark”, de 1898, parecen centrarse en si sus padres son diplomáticos que estén en el país por mandato de un gobierno extranjero. Esa sentencia confirmó la nacionalidad de un estadounidense de padres chinos argumentando precisamente que sus padres tenían “domicilio y residencia permanente” en el país y que no eran diplomáticos, pero el experto de Heritage Foundation recuerda que los padres, en aquel caso, estaban en el país en situación legal.
Fuera de la Corte Suprema, otras cortes han sido más tajantes. Es el caso de la sentencia Lynch v. Clarke de 1844 en la que el juez neoyorquino Lewis Sandford declaró que “según la ley de los Estados Unidos, toda persona nacida en los dominios y cuya lealtad sea a los Estados Unidos es ciudadano independientemente de la situación de sus padres”, como recuerda organización apartidista sin ánimo de lucro American Immigration Council. Por supuesto, la Corte Suprema puede cambiar de parecer en una nueva sentencia y anular cualquier precedente anterior en la interpretación de la 14ª enmienda.
Trump podría ordenar negarle el pasaporte y otros documentos oficiales a los hijos de migrantes sin papeles, pero habría que ver si las Cortes lo permiten
En su anuncio, Trump decía que su orden ejecutiva para negarle a los hijos de “extranjeros ilegales” la ciudadanía estadounidense aclararía a las agencias del gobierno “la correcta interpretación de la ley”. Según añadió su campaña a NBC News, ordenaría “que se negara emitir números de Seguro Social a los recién nacidos si no hay prueba del estatus migratorio de sus padres” y también que se les negara la emisión de pasaportes estadounidenses.
Algunos grupos como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) ya han anunciado que si Trump firma ese decreto, recurrirán a las cortes para que lo anulen. La profesora Jennifer Gordon cree que legalmente llevan la razón: “Sería ilegal que la administración Trump le negara pasaportes y otros documentos oficiales a los hijos de migrantes sin papeles nacidos en los Estados Unidos. La 14ª enmienda es clara”.
No es la primera vez que cargos electos republicanos intentan encontrar una vía legal para acabar con el derecho a la ciudadanía para todos los nacidos en Estados Unidos. Ya en 2011, según la organización apartidista sin ánimo de lucro American Immigration Council, “ha habido propuestas para abolir la ciudadanía por nacimiento” por parte de legisladores que “esperaban avanzar un debate nacional sobre el tema y provocar una pelea legal ante la Corte Suprema”. Legisladores de cinco estados anunciaron leyes que anularían la ciudadanía automática por nacimiento en sus territorios, a sabiendas de que las cortes probablemente no lo permitirían, pero el asunto no llegó a nada.
Aunque la tradición estadounidense ha sido la de otorgar la ciudadanía a todos los ciudadanos que hayan nacido en el país independientemente de quiénes fueran sus padres, como también hacen la mayoría de países americanos incluyendo México y Canadá, en muchos otros países se exigen otros requisitos. En gran parte de Europa, por ejemplo en España, no basta con nacer en el país para tener la ciudadanía y hace falta cumplir otros requisitos si al menos uno de los padres no es ya ciudadano.
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