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Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, afirmó en su cuenta de X el 5 de mayo de 2025 que el derecho al debido proceso (due process) no protege “a los intrusos extranjeros de ser expulsados”, ni garantiza los derechos “de un inmigrante ilegal que enfrenta la deportación”. Pero expertos en políticas migratorias y profesores de Derecho coinciden en que el debido proceso establecido en la Constitución aplica a toda persona en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Esto, además, ha sido ratificado por la Corte Suprema en diversos casos.
Qué es el debido proceso
Frank Bowman III, profesor de Derecho de la Universidad de Missouri, explicó a Factchequeado que el debido proceso “es el derecho a que un evaluador neutral de los hechos –como un juez o un jurado– decida, mediante procedimientos justos, si existen los hechos necesarios para imponer una consecuencia” por una posible violación a la ley.
Kermit Roosevelt, profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania, añadió que “el punto principal [del debido proceso] es que antes de que el gobierno pueda tratar a alguien como si perteneciera a una categoría particular –criminal, inmigrante indocumentado, o cualquier otra– la persona tiene derecho a que un árbitro neutral decida si realmente pertenece a esa categoría”.
Por ello, añadió Roosevelt, en un proceso penal “antes de que el gobierno pueda decir ‘vas a la cárcel porque eres un criminal’, debe probar que efectivamente eres un criminal” y, de igual manera, “antes de decir ‘te deportamos porque estás ilegalmente en el país’, debe probar que efectivamente estás ilegalmente presente” en Estados Unidos.
Sobre el punto del debido proceso en casos de deportación, Amy Grenier, abogada de inmigración y subdirectora de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), dijo a Factchequeado que el debido proceso “incluye la oportunidad de conocer los cargos en tu contra y de defenderte”, por ende, “si un gobierno garantiza el debido proceso, toda persona que sea expulsada sabrá por qué se le expulsa y tendrá la oportunidad de argumentar por qué no debería ser expulsada antes de que se lleve a cabo la remoción”.
Paul Anthony Gowder, profesor de Derecho de la Northwestern University, coincidió: “la idea básica del debido proceso (...) es que antes de que el gobierno tome una acción legalmente perjudicial contra alguien, como determinar que es un criminal, quitarle su propiedad, etc., la persona tiene derecho a una oportunidad para impugnar la decisión ante un árbitro neutral”.
Dato: en la Corte federal del Distrito de Columbia (D.C.) se está evaluando si el gobierno violó el debido proceso de las 137 personas expulsadas a El Salvador el 15 de marzo de 2025 bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sus abogados afirman en documentos judiciales que las autoridades no les dieron la oportunidad de impugnar la decisión.
Toda persona en Estados Unidos tiene derecho al debido proceso sin importar su estatus migratorio
Tanto la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos como la Décimo Cuarta establecen que “ninguna persona” podrá ser “privada de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”.
Los expertos dijeron a Factchequeado que la palabra clave en estas enmiendas es “persona”, porque quiere decir que aplica a cualquier individuo presente en territorio estadounidense, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
“La palabra ‘persona’ es importante, porque abarca a todos y es más amplia que el término ‘ciudadano’. Esto contrasta con otras partes de la Constitución que sí limitan el alcance sólo a los ciudadanos”, dijo el profesor Gowder. “Así que a menos que alguien crea que un inmigrante indocumentado no es una persona, la Constitución es clara en que todo individuo tiene derecho al debido proceso”, añadió el profesor Roosevelt.
Por ende, la afirmación de Miller de que el debido proceso no protege a los inmigrantes indocumentados “no es si quiere coherente”, afirmó Gowder, porque “el debido proceso es precisamente la forma en que se determina quién es un inmigrante indocumentado”. El profesor Bowman coincide: el argumento de Miller “se refuta a sí mismo” porque “alguien tiene que decidir si la persona en cuestión es un no ciudadano y si tiene derecho legal a permanecer en el país (...) y es el debido proceso lo que garantiza que quien tome esas decisiones no sea simplemente un agente del Poder Ejecutivo que arrestó a la persona, sino un juez que evaluará tanto los argumentos del gobierno como la respuesta de la persona detenida”.
Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas públicas del think-tank no partidista Migration Policy Institute, comentó a Factchequeado ejemplos de debido proceso dentro de la Ley de Inmigración de Estados Unidos son “las protecciones que hay en esa ley, como el derecho a solicitar asilo y el hecho de que un el juez de inmigración deba explicar a la persona cuáles son sus derechos”. En pocas palabras, dijo Bush-Joseph, el debido proceso es “el derecho a un juicio y a no ser detenido sin algún tipo de audiencia”.
La Corte Suprema también ha afirmado que el debido proceso aplica a personas en procesos de deportación
Charles Kuck, abogado de inmigración, mencionó a Factchequeado el caso Revo v. Lisette Flores de 1993. En ese caso la Corte Suprema determinó: “Es ampliamente reconocido que la Quinta Enmienda otorga a los extranjeros el derecho al debido proceso en los procedimientos de deportación”.
El profesor Gowder añadió un caso de 1903 (Yamataya v. Fisher), donde la Corte Suprema indicó que el gobierno “no puede ignorar los principios fundamentales del debido proceso” ni “ordenar arbitrariamente el arresto y la deportación de un extranjero (...) aunque se encuentre ilegalmente en el país, sin brindarle la oportunidad adecuada de ser escuchado sobre las cuestiones que afectan su derecho a estar y permanecer en los Estados Unidos”.
Bush-Joseph comentó a Factchequeado que un ejemplo reciente es el fallo de la Corte Suprema del 7 de abril de 2025, que ordenó al gobierno darle la oportunidad a los acusados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de impugnar su expulsión ante una Corte antes de ser removidos a otro país. “Eso es, básicamente, reafirmar lo esencial del debido proceso”, dijo Bush-Joseph.
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