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La ley H.R. 1, también llamada “gran y hermoso proyecto de ley” (One Big Beautiful Bill Act, en inglés), promovido por el presidente Donald Trump fue aprobada por la Cámara de Representantes el 3 de julio de 2025 y promulgada por Trump el 4 de julio*. La ley prevé un aumento de 3.3 billones de dólares en la deuda pública en los próximos 10 años, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Esto representa una ampliación respecto a la versión aprobada por la Cámara en mayo.
La nueva ley incluye recortes al programa Medicaid, que podrían dejar sin cobertura médica a al menos unas 11.8 millones de personas, y restricciones al acceso a SNAP, el mayor programa de asistencia alimentaria del país, lo que afectaría a cerca de 2 millones de niños.
Plantea aumentos en el presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cambios en el tratamiento fiscal de las propinas y modificaciones a los incentivos para proyectos de energía solar, que podrían traducirse en aumentos en las facturas eléctricas residenciales.
Este explicador detalla qué impacto puede tener esta ley en distintas áreas de la vida cotidiana de millones de personas.
Salud: 11.8 millones de personas podrían perder su seguro médico, según la Oficina de Presupuesto del Congreso
Aproximadamente 71 millones de estadounidenses están afiliados a Medicaid, según los datos más recientes publicados por los Centros de Medicare y Medicaid. De ellos, un 28 % son latinos, como explicamos en nuestra nota sobre los mitos que rodean a los hispanos y Medicaid en Factchequeado.
La nueva ley de presupuesto de Trump establece recortes significativos en la financiación de Medicaid. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), los cambios incluidos en esta ley, que también afectan a la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), podrían dejar sin seguro médico a 11.8 millones de personas para el año 2034. Pero según un análisis de KFF, aliado institucional de Factchequeado, la cantidad de personas sin seguro de salud podría llegar hasta 17 millones, debido a otros cambios en la ACA, en los Mercados de Seguros y la expiración de créditos fiscales para las primas. El gasto federal en Medicaid, Medicare y Obamacare se reducirá en más de 1.1 billones de dólares durante ese período, de los cuales más de 1 billón provendrán únicamente de recortes a Medicaid.
Entre sus disposiciones, la ley impone nuevos requisitos laborales para beneficiarios de Medicaid y limita ciertos periodos y tipos de inscripción en los mercados de seguros de la ACA. “Estos cambios de política llegan en un momento en el que se esperan grandes pérdidas de cobertura de seguro de salud si los créditos fiscales mejorados para la cobertura del mercado de ACA expiran a fines de 2025”, advierte KFF. La organización señala que “la expiración de estos créditos aumentará sustancialmente las primas de bolsillo y probablemente llevará a millones de personas a abandonar su cobertura”.
La ley impone un nuevo requisito nacional de “compromiso comunitario” para ciertos beneficiarios de Medicaid que, a partir de 2027, deberán demostrar que trabajaron, hicieron voluntariado, participaron en programas laborales o educativos, o tuvieron ingresos equivalentes al salario mínimo por al menos 80 horas en el mes anterior, salvo que califiquen para una exención.
Además, a partir de 2027, las personas que reciben Medicaid a través de la expansión creada por la Ley ACA deberán demostrar que siguen siendo elegibles cada 6 meses, en lugar de una vez al año, salvo excepciones.
“Los recortes a Medicaid se traducirán en la pérdida de cobertura, ya que millones de padres, cuidadores infantiles, cuidadores y otros adultos de bajos ingresos se enfrentan a estrictos requisitos laborales y otros trámites burocráticos que solo dificultarán la inscripción y la permanencia en Medicaid”, indicó la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Según señalaron, la burocracia adicional hará que cientos de miles de niños pierdan la cobertura a la que tienen derecho: “Estas pérdidas de cobertura afectan la salud familiar y aumentan la presión económica al afectar sus bolsillos”.
Electricidad: las nuevas reglas para créditos de energía solar podrían aumentar el precio de la luz en las casas, según expertos
La ley introduce nuevas restricciones para que los proyectos solares y eólicos puedan acceder a los créditos fiscales establecidos en 2022 por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), una de las piezas centrales de la agenda climática del ex presidente Joe Biden. Según el texto, solo calificarán para los créditos fiscales completos los proyectos que comiencen su construcción dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley. Los que inicien después de ese plazo solo calificarán si están en funcionamiento antes de finales de 2027.
Muchos proyectos tendrían dificultades para cumplir con ese plazo tan reducido, dado el largo tiempo que se necesita para obtener financiamiento, permisos y conectarse a la red eléctrica, según explica el medio especializado en tecnología The Verge.
“Este proyecto de ley paralizará miles de proyectos energéticos en desarrollo, pondrá en peligro miles de millones de dólares en inversión privada y eliminará cientos de miles de empleos estadounidenses bien remunerados, desde electricistas hasta contratistas, terratenientes y agricultores locales que dependen de estos proyectos para su estabilidad”, afirmó a la agencia Reuters Jeff Cramer, presidente de la Coalición para el Acceso Solar Comunitario.
La energía solar y eólica juntas alcanzaron un hito el año pasado, cuando por primera vez en Estados Unidos produjeron más electricidad que el carbón. “El esfuerzo intencional por socavar las fuentes de energía eléctrica de más rápido crecimiento conducirá a un aumento en las facturas de energía, a una disminución en la confiabilidad de la red y a la pérdida de cientos de miles de empleos,” dijo Jason Grumet, director ejecutivo de la American Clean Power Association, en un comunicado de prensa.
Según el think tank Energy Innovation, la ley puede aumentar los precios mayoristas de la electricidad un 19% para 2030 y un 61% para 2035. “Las tarifas de electricidad pagadas por los consumidores aumentarán entre un 9 y un 16% para 2035”, señaló.
SNAP: 2 millones de niños están en riesgo de perder la asistencia de alimentos
La ley presupuestaria prevé un amplio recorte al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), del que dependen actualmente más de 42.2 millones de personas en Estados Unidos, según datos del Departamento de Agricultura (USDA) actualizados hasta marzo de 2025.
Se trata de un alivio económico del que se benefician millones de niños: datos más recientes del programa muestran que el 39% de los participantes son menores de edad, el 20% adultos mayores y el 10% personas no ancianas con discapacidad. En cuanto a hogares, el 79% incluye al menos a un niño, una persona mayor de 60 años o una persona con discapacidad, que juntos representan el 88% de todos los participantes.
La nueva ley:
Elimina futuros aumentos automáticos en los beneficios de SNAP, es decir, congela su crecimiento.
Recorta 200,000 millones de dólares para SNAP durante los próximos 10 años.
Elimina SNAP-Ed, un programa de educación nutricional para elegir alimentos saludables y aprovechar mejor su presupuesto alimentario, además de fomentar la actividad física.
Impone mayores controles de verificación de ingresos para quienes soliciten o renueven el SNAP: ahora, los estados deberán verificar con más frecuencia cuánto gana cada persona y cruzar esa información con bases de datos federales, como registros del Seguro Social, impuestos o empleo.
Impone mayores requisitos de trabajo: antes, solo los adultos de 18 a 49 años sin hijos a cargo debían trabajar al menos 20 horas semanales para mantener el SNAP. Con la nueva ley, esa obligación se amplía a personas de 18 a 64 años sin hijos. Significa que personas de 50 a 64 años sin dependientes deben trabajar o capacitarse, de lo contrario, pierden la ayuda.
Si una persona requerida a trabajar no cumple con las 20 horas, puede perder el beneficio por completo después de solo tres meses en un período de tres años, incluso si sigue sin ingresos.
Elimina el acceso al programa para inmigrantes humanitarios, como refugiados, asilados y beneficiarios de TPS.
Traslada el costo del SNAP a los estados.
Más de 2 millones de niños perderán parcial o totalmente los beneficios del programa, o incluso el SNAP podría terminar por completo en algunos estados, según estimaciones del Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), una organización no partidista especializada en política fiscal y social, basado en proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).
Y entre 120,000 y 250,000 personas con estatus migratorio legal, incluidos unos 50,000 niños, dejarán de acceder a esta ayuda para tener alimentos, de acuerdo con el CBPP, que enfatiza el perfil de estos beneficiarios: víctimas de persecución, trata sexual y laboral, o sobrevivientes de violencia doméstica.
¿Cómo funciona el programa SNAP?
El beneficio promedio mensual por persona es de $187.59 dólares, monto que permite complementar la compra de alimentos básicos en hogares de bajos ingresos.
Los beneficios de alimentos son transferidos por medio de una tarjeta electrónica (Transferencia Electrónica de Beneficios, EBT) que puede usarse en la mayoría de las tiendas para comprar comida (carnes, aves y pescado; frutas y verduras; productos lácteos; refrigerios), pero no pueden utilizarse para adquirir comidas preparadas ni bebidas alcohólicas. Antes de las tarjetas, las familias les llamaban cupones o “estampillas” de comida (food stamps).
Al programa no califican inmigrantes indocumentados ni residentes legales con menos de 5 años viviendo en el país, tampoco turistas, estudiantes o trabajadores temporales. Los menores que son ciudadanos estadounidenses sí pueden recibir SNAP, aunque sus padres no tengan estatus migratorio regular. En esos casos, se calcula el beneficio solo para los miembros elegibles del hogar, y los ingresos de todos se consideran.
Hasta ahora, el gobierno federal cubría casi todos los costos del SNAP: el dinero para comida y los gastos administrativos, desde personal hasta sistemas informáticos. Con la nueva ley, a partir de 2028, los estados deberán asumir hasta el 15 % del valor de los beneficios. Por ejemplo, si una familia recibe 500 dólares al mes, el estado tendrá que aportar 75 dólares y el gobierno federal cubrirá los 425 dólares restantes.
Los estados también deberán financiar una mayor parte de los costos operativos (procesamiento de solicitudes, verificación de ingresos, gestión del programa). Y si un estado comete “errores” al administrar SNAP —como entregar beneficios a personas no elegibles, calcular mal los montos o demorarse en los pagos—, el gobierno federal podría sancionar a ese estado con recortes de fondos.
Remesas: nuevo impuesto del 1% a partir del 1 de enero de 2026
A partir de la nueva ley, Estados Unidos impondrá un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas en efectivo, cheques de caja o giros postales al extranjero. No se aplicará a las transferencias electrónicas ni a aquellas realizadas con tarjetas bancarias.
La medida entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Las agencias de envío de remesas deberán retener el impuesto al momento de la transacción y reportarlo al Servicio de Impuestos Internos (IRS). El nuevo impuesto deberá pagarlo el titular de la transferencia.
El 1% aprobado representa una reducción respecto a las propuestas de ley anteriores, que contemplaban hasta el 5% o el 3.5% sobre las remesas en efectivo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno ha cabildeado con congresistas estadounidenses por este tema, anunció en una conferencia de prensa que su gobierno reembolsará el 1% a los migrantes mexicanos afectados, siempre y cuando usen la tarjeta de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para el envío o recepción del dinero. De acuerdo con Banco de México, 99% de las remesas se envían por transferencia electrónica.
Inmigración: aumento de presupuesto para ICE y CBP
En cuestión de inmigración, la nueva ley presupuestaria incrementa los fondos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés):
Aumenta 46,550 millones de dólares para gastos relacionados con la infraestructura fronteriza y el sistema de muro.
Aumenta 45,000 millones de dólares para expandir “la capacidad de detención de extranjeros adultos solos y la capacidad de los centros residenciales para familias”.
Aumenta 10,000 millones de dólares para el reembolso de los costos incurridos al realizar las actividades en apoyo de la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de proteger las fronteras de los Estados Unidos.
Aumenta 2,055 millones de dólares para la contratación y entrenamiento de agentes de CBP y personal de apoyo para llevar a cabo las actividades de aplicación de la ley de inmigración.
Aumenta 29,850 millones de dólares para contratación y entrenamiento de personal de ICE, incluyendo oficiales, agentes, investigadores y personal de apoyo, para llevar a cabo actividades de aplicación de la ley de inmigración.
Limita el número de jueces de inmigración a 800, el 1 de noviembre de 2028.
“En conjunto, esto representa la mayor inversión en detención y deportación en la historia de Estados Unidos; una opción política que no hace nada para abordar las fallas sistémicas de inmigración, mientras que inflige daño, siembra caos y separa familia”, dijo en un comunicado la organización sin fines de lucro y no partidista American Immigration Council.
Para poner en perspectiva los cambios, el presupuesto de ICE es de 8,000 millones al año. La llamada Big Beautiful Bill aumentaría casi 30,000 millones para esta agencia, según estimaciones de The Intercept.
Una estimación de Axios, asegura que ICE ya ha superado su presupuesto en 1,000 millones a pesar de que hacen falta tres meses para que culmine el año fiscal.
“Si no consiguen este dinero, tendrán que liberar a muchísima gente detenida y reducir sus operaciones”, dijo David Bier, director de estudios de inmigración del Cato Institute a The Intercept.
Propinas: descuentos en los impuestos
Trump prometió eliminar los impuestos a las propinas. Una disposición del Big Beautiful Bill, permitirá a los trabajadores que usualmente reciben propinas, como bartenders y meseros, descontar hasta 25,000 dólares de propinas de sus ingresos tributarios durante los próximos 4 años (hasta 2028) antes de calcular los impuestos.
Este beneficio –se reduce si el contribuyente gana más de 150,000 dólares al año, o 300,000 dólares en el caso de parejas que presenten sus impuestos de manera conjunta. Según el texto de la medida, la cantidad deducible disminuirá en 100 dólares por cada 1,000 dólares que se exceda el límite de ingresos establecido.
Un reporte del Instituto de Política Económica indica que los trabajadores elegibles recibirán una reducción de impuestos de 1,700 dólares por los cuatro años de la medida. Sin embargo, agregan que la mayoría de beneficios irían para los trabajadores con salarios más altos. De acuerdo al reporte, los trabajadores con ingresos más altos recibirán como resultado de esta medida, una reducción de impuestos promedio de 5,768 dólares mientras que aquellos con ingresos más bajos recibirán 74 dólares.
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* Esta nota fue actualizada el 8 de julio de 2025 para reflejar que la H.R. 1 ya había sido promulgada.
Primera fecha de publicación de este artículo: 03/07/2025
