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En junio de 2025, en el contexto de las redadas masivas de ICE y el despliegue de militares durante las protestas en Los Ángeles, las búsquedas en Google en español sobre el significado de “autoritarismo” llegaron a su punto más alto en los últimos 5 años en Estados Unidos, de acuerdo con los datos de Google Trends.
Aquí te explicamos qué es el autoritarismo y qué ejemplos de medidas de regímenes autoritarios identifican los expertos en la segunda presidencia de Trump.
Qué es el autoritarismo
“El autoritarismo es cualquier sistema de gobierno que no responde, al menos directamente, al electorado ni al Estado de derecho”, afirmó Steven Levitsky, profesor de Harvard University y autor del libro Cómo mueren las democracias, en un panel organizado por la organización no partidista Center for American Progress (CAP).
El Centro Europeo para el Estudio del Populismo (ECPS) describe el autoritarismo como un sistema de gobierno que se caracteriza “por un poder altamente concentrado y centralizado, mantenido mediante la represión política y la exclusión de posibles opositores”.
Caitlin Andrews-Lee, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte, explicó a Factchequeado que “un líder se vuelve autoritario al debilitar a los actores y grupos encargados de hacerle rendir cuentas por sus acciones”, incluyendo tanto a los ciudadanos como a instituciones como las cortes, el poder legislativo y los partidos políticos.
El ECPS cita al politólogo español Juan José Linz, que en 1964 definió 4 características de un régimen autoritario:
1- Restricciones al Poder Legislativo, a los partidos políticos y a los grupos de interés
2- Legitimidad política basada en apelaciones emocionales, y en la identificación del régimen como un mal necesario para combatir “problemas sociales fácilmente reconocibles”
3- Supresión de actividades contrarias al régimen
4- Ampliación del Poder Ejecutivo
Qué es el autoritarismo competitivo
Levitsky explicó que, muchas personas, cuando piensan en autoritarismo, “imaginan el autoritarismo clásico del siglo XX: el régimen comunista de partido único, el fascismo, las dictaduras militares de sudamérica en los años 70”; pero, a su juicio, el tipo de autoritarismo más probable en consolidarse en Estados Unidos es el autoritarismo competitivo que, explicó, es el más común del siglo XXI.
El autoritarismo competitivo, indicó, “es un sistema en el que hay elecciones, y los partidos políticos compiten en ellas, pero el gobierno usa la maquinaria del Estado y la convierte en un arma contra sus rivales, castigando a críticos, intimidando empresas, medios de comunicación, y a la sociedad civil, empujándolos a los márgenes del ámbito político”. El autoritarismo competitivo “no elimina la oposición, pero sí inclina el terreno en su contra”.
“Creo que [un autoritarismo competitivo] es lo que estamos viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Es como lo que fue Venezuela bajo Hugo Chávez. Es lo que hemos visto en el siglo XXI en países como Hungría y Turquía, y más recientemente en El Salvador, México, y otros lugares”, concluyó Levitsky.
Ejemplos de acciones autoritarias del gobierno de Trump, según expertos
Para elaborar la lista de ejemplos:
Entrevistamos a Graeme Robertson, profesor de Ciencias Políticas, experto en autoritarismos y director de The Authoritarian Politics Lab de la Universidad de Carolina del Norte.
Entrevistamos a Caitlin Andrews-Lee, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Carolina del Norte y autora del libro The Emergence and Revival of Charismatic Leaders: Argentine Peronism and Venezuelan Chavismo (La aparición y resurgimiento de líderes carismáticos: el peronismo argentino y el chavismo venezolano).
Entrevistamos a Walter Wilson, miembro del Centro de Estudios Constitucionales Robert A. Levy del think-tank libertario Cato Institute.
Contactamos a Steven Levitsky, quien nos refirió a un artículo de opinión en The New York Times, titulado “¿Cómo nos daremos cuenta de que hemos perdido nuestra democracia?”, que publicó junto con otros 2 expertos en el tema, Lucan Way y Daniel Ziblatt.
Revisamos el análisis que publicaron en The New York Times Marci Shore, Timothy Snyder y Jason Stanley, expertos en autoritarismo de la Universidad de Yale, y la explicación de cómo funcionan los autoritarismos de la profesora de Historia de la Universidad de Nueva York, Ruth Ben-Ghiat difundida por Wired.
Consultamos a Kira Romero-Craft, abogada del Brennan Center for Justice, durante un conversatorio con aliados de Factchequeado.
Uso del Departamento de Justicia (la fiscalía) para investigar a sus críticos
Los expertos Levitsky, Way y Ziblatt mencionan casos específicos como el hecho de que Trump haya ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) investigar a Christopher Krebs, quien fue director de la Agencia de Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) en 2020 y desmintió la narrativa desinformante que afirmaba que había ocurrido un fraude electoral en las elecciones presidenciales de ese año en las que Joe Biden fue electo frente a Trump.
También incluyen como ejemplos la orden que dio Trump también al DOJ de investigar a ActBlue, una plataforma de recaudación de fondos del Partido Demócrata, y las órdenes que dio a su gobierno de suspender contratos y evitar el ingreso a edificios federales a al menos 5 firmas de abogados que colaboraron en investigaciones en su contra.
En el caso de las medidas contra las firmas de abogados, incluyen:
La orden ejecutiva contra Covington & Burling por haber asistido al fiscal especial Jack Smith que presentó cargos criminales contra Trump después de su primer mandato por el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar-A-Lago y su intento de invalidar el resultado de las elecciones de 2020.
La orden ejecutiva contra la firma Paul Weiss por ayudar a que se presentaran cargos criminales contra individuos que participaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
La orden ejecutiva contra Jenner & Block por contratar a Andrew Weismann, un abogado que ayudó al fiscal especial Robert Mueller en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
“El ataque a bufetes de abogados por tomar casos que a la administración no le gustan es un movimiento autoritario bastante clásico”, dijo Robertson a Factchequeado.
Levitsky señaló en el panel de CAP que “en una democracia, no debería haber consecuencia alguna por hacer oposición”, pero en los sistemas autoritarios “existe un costo, un riesgo de represalia al oponerse”.
Demandas a medios de comunicación
Levitsky, Way y Ziblatt citan las demandas civiles de Trump contra ABC (por supuesta difamación), CBS (por una entrevista que le hicieron a Kamala Harris en la que, según Trump, fue editada para beneficiar a la entonces candidata presidencial demócrata), y el Des Moines Register (por publicar una encuesta que mostraba a Harris como favorita a ganar en Iowa). Además, el hecho de que, bajo el gobierno de Trump, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha abierto investigaciones contra los medios públicos NPR y PBS.
“Notablemente, estos ataques contra oponentes y medios de comunicación han ocurrido con aún mayor velocidad y fuerza que las acciones equivalentes tomadas por autócratas electos en Hungría, India, Turquía o Venezuela durante sus primeros años en el cargo”, indican los 3 expertos en su columna.
Robertson añadió la manera cómo se ha buscado restringir el acceso a medios de comunicación con coberturas “no alineadas con la administración”, como el caso de la prohibición de la agencia de noticias Associated Press (AP) de participar en conferencias de prensa y acceder al Salón Oval de la Casa Blanca. por negarse a usar en sus historias el término Golfo de América, como renombró Trump al Golfo de México.
“Estos son intentos de intimidar a la prensa”, dijo Walter Wilson a Factchequeado.
Ataques a las universidades
“Trump ha seguido el camino de otros líderes autoritarios en su ataque a las universidades”, indicaron Levitsky, Way y Ziblatt. Los expertos hacen referencia en su artículo a las más de 50 universidades que están bajo investigación por el Departamento de Educación, en su objetivo de eliminar sus programas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI).
Entre los ejemplos, citan la congelación de fondos a universidades como Brown, Columbia, Princeton, la orden que dio Trump a que se eliminara el estatus de exención de impuestos a Harvard, y la orden que busca que Harvard no pueda recibir estudiantes internacionales.
“Las universidades son parte de la sociedad civil, y la sociedad civil es una parte importante del funcionamiento de una democracia funcional”, dijo Robertson a Factchequeado.
Desde el punto de vista de Levitsky, uno de los mayores cambios en los primeros meses del segundo gobierno de Trump ha sido que, “líderes universitarios, bufetes de abogados, políticos de ambos partidos, y grupos de la sociedad civil de todo tipo han tenido que pensarlo dos, incluso tres veces antes de involucrarse en actos de oposición pacíficos, legales y normales (...) y si las personas temen represalias del gobierno por oponerse a él, entonces ya no se está viviendo en un sistema plenamente democrático”.
“No sólo en las agencias gubernamentales, sino también en escuelas y universidades, corporaciones, bibliotecas, museos y en los medios de comunicación, ya existe una sensación generalizada de que uno debe tener cuidado con lo que dice para evitar represalias del gobierno” indicó PEN America, organización sin fines de lucro aliada de Factchequeado, en un artículo donde documentan los ataques a la libertad de expresión llevados a cabo durante los primeros 100 días del gobierno de Trump.
Detenciones de personas por expresar su punto de vista
La profesora Marci Shore, experta en la historia del autoritarismo en Europa Central y del Este, se refirió al arresto de la estudiante de nacionalidad turca de Tufts University, Rumeysa Ozturk, que fue detenida por agentes de ICE vestidos de civil y con los rostros cubiertos el 25 de marzo de 2025 en Somerville, Massachusetts.
La estudiante –que había escrito un artículo de opinión crítico de las acciones de Israel en Gaza– fue acusada por el gobierno de “participar en actividades en apoyo a Hamas”, pero fue liberada en mayo de 2025 por orden del juez federal William Sessions de Vermont que afirmó que las autoridades no había presentado suficientes evidencias para mantenerla tras las rejas más allá de la publicación del artículo de opinión. El juez indicó en su fallo que la liberación de la estudiante “era necesaria para mitigar el efecto disuasorio que la detención posiblemente inconstitucional de Ozturk podría tener sobre los no ciudadanos presentes en el país”.
Shore explica que detrás de este tipo de acciones el gobierno busca impulsar “la idea de que quienes están en el poder pueden hacer lo que quieran y tú no tienes ningún recurso” y provocar “un estado de parálisis en la sociedad” por “no saber quién será el siguiente”. La experta añade que este tipo de acciones son “actos deliberados de terror” que buscan “crear un ambiente de ‘nosotros contra ellos’”.
La Asociación Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) considera que el arresto de Öztürk (que tenía visa de estudiante), de Mahmoud Khalil (inmigrante sirio con residencia permanente que participó en protestas pro-Palestina en la Universidad de Columbia), y de otros con estatus legal “por expresar ideas protegidas por la Primera Enmienda” llevados a cabo por “agentes de ICE encapuchados” constituye “un indicio preocupante de autoritarismo”.
Sobre este tema, Wilson indicó a Factchequeado que la administración de Trump también está socavando “las sólidas protecciones contra el arresto de líderes de la oposición”. Wilson mencionó:
La amenaza de arresto a Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York.
La amenaza de arresto contra Gavin Newsom, gobernador de California.
La amenaza de presentar cargos criminales contra J.B. Pritzker, gobernador de Illinois.
Las amenazas de tomar medidas que perjudiquen a Elon Musk desde que se convirtió “en una figura disidente”.
Uso reiterado de poderes de emergencia y suspensión de garantías
Kira Romero-Craft, abogada del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado, hizo referencia al uso que ha hecho Trump de los poderes de emergencia para la imposición de aranceles, o para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Para la organización, “inventar una emergencia para promover objetivos de política económica y exterior es un abuso de poder”.
Robertson dijo a Factchequeado que “la creación de actos de gobierno por ‘emergencia’ es una táctica de líderes autoritarios bien conocida y consta de crear un ‘enemigo’ – por ejemplo, los inmigrantes – y asumir poderes de emergencia en torno a ello y, eventualmente, haces de esa emergencia sea la normalidad del día a día en la política”.
Robertson añadió que “ese es un movimiento autoritario clásico que puedes encontrar en prácticamente todos los regímenes autoritarios que han existido”, incluyendo en El Salvador, donde el presidente Nayyib Bukele ha gobernado desde marzo de 2022 bajo un “régimen de excepción”.
Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump, afirmó el 9 de mayo de 2025 que la Casa Blanca estaba “activamente considerando la opción” suspender la garantía de habeas corpus, es decir, el recurso que permite a una persona detenida saber de qué se le acusa y que una corte federal revise si su encarcelamiento es legal.
Sobre este punto, Robertson dijo a Factchequeado que una característica del autoritarismo es “la idea de que puedes ser arrestado y que no se lo digan a nadie, o que pueden deportarte sin decírselo a nadie. O que pueden meterte en prisión sin decirte de qué se te acusa”.
Similitudes con América Latina
Caitlin Andrews-Lee indicó que “las acciones de Trump no son novedosas porque provienen directamente del manual de tácticas que han usado líderes autoritarios en todo el mundo”.
La experta, que estudia autoritarismos latinoamericanos, indicó que, “similar a Trump, muchos líderes latinoamericanos han atacado durante años a instituciones clave para una sociedad civil democrática, como universidades, bufetes de abogados y medios de comunicación”.
Andrews-Lee se refirió a cómo Hugo Chávez en Venezuela y Andrés Manuel López Obrador en México “recortaron severamente los fondos a universidades públicas de prestigio y crearon sistemas universitarios ‘populares’ paralelos, leales a sus gobiernos”, mientras que Cristina Fernández de Kirchner en Argentina “también atacó a medios y universidades críticos, mientras impulsaba medios alternativos alineados con su administración”.
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