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El 15 de marzo de 2025, bajo un acuerdo con el gobierno de El Salvador, la administración del presidente Donald Trump envió a 238 venezolanos directamente al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), una cárcel de máxima seguridad en ese país, con la justificación de que se trataban de ”algunos de los salvajes más violentos de la faz de la Tierra".
Aunque fueron liberados el 18 de julio de 2025, una investigación periodística muestra que sólo 6 de ellos tenían condenas por crímenes violentos en Estados Unidos; otros habían sido procesados por delitos no violentos —como hurtos menores o multas de tránsito—, y la gran mayoría enfrentaba únicamente infracciones migratorias. Es decir, la mayoría no tenía antecedentes delictivos cuando fueron llevadas a una prisión de máxima seguridad en Centroamérica, fuera del territorio estadounidense. Y casi la mitad fueron expulsados aunque tenían casos de inmigración en proceso.
Las organizaciones de noticias estadounidenses ProPublica y The Texas Tribune, y los medios venezolanos Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News documentaron en una base de datos, caso por caso, la vida y los antecedentes migratorios, judiciales y policiales de cada uno de los hombres deportados. Y la información recogida en esa base de datos contradice la narrativa de que estos hombres son de los más violentos, como dijo Trump, o lo peor de lo peor, como dijo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.
Según la metodología de la investigación, las organizaciones realizaron más de 100 entrevistas con familias y analizaron miles de páginas de expedientes judiciales en Estados Unidos, Venezuela, Chile, Perú y Colombia, donde algunos de los hombres vivieron antes de emigrar al país.
Uno de los hallazgos es que, según documentos obtenidos de manera exclusiva por estas organizaciones, “el gobierno de Trump sabía que al menos 197 de los deportados no tenían condena por ningún delito en Estados Unidos, y que sólo 6 habían sido condenados por delitos violentos”.
La investigación periodística señala que la administración Trump expulsó a casi la mitad (118), mientras tenían casos de inmigración en proceso, lo que debería de haberlos protegido de la deportación. Incluso, “algunos estaban a unos pocos días de su audiencia final”.
De acuerdo con ProPublica, la Casa Blanca no respondió a las preguntas específicas sobre los casos documentados en la investigación.
El gobierno federal etiquetó a muchos de los detenidos como supuestos miembros de la banda criminal originaria de Venezuela, Tren de Aragua, “basándose únicamente en tatuajes que representan nombres de familiares o símbolos personales”, demuestra la base de datos. Según la investigación, al menos 166 de los deportados tenían tatuajes. Los tatuajes fueron usados como prueba sustitutiva de pertenencia criminal, algo que expertos cuestionan, como ya te lo hemos contado en Factchequeado.
Según los perfiles de los deportados, estos tienen entre 18 y 46 años de edad. Y muchos trabajaban en Estados Unidos como jornaleros, trabajadores de la construcción, obreros y albañiles (38 de ellos), repartidores de comida o conductores en aplicaciones de taxi (25), barberos y estilistas (20).
Algunos casos: Manuel Alexander Hernández, de 23 años, estudiaba para ser policía en Venezuela y tenía tatuajes de una palmera y un mapa que su familia dice que representaban sus raíces caribeñas. Jonathan José Plaza, de 35 años, trabajaba en mantenimiento en San Antonio, Texas: los agentes lo fotografiaron desnudo para documentar dos tatuajes de estrellas en sus hombros. Angelo Esmith Escalona Sevilla, era el más joven de los deportados, cumplió 18 años en noviembre de 2024.
En cuanto a la liberación de los encarcelados en el CECOT, el 18 de julio de 2025 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que todos los detenidos (incluyendo los acusados de formar parte del Tren de Aragua) habían sido entregados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros en el que el régimen de Nicolás Maduro a cambió entregó a 10 ciudadanos estadounidenses.
Además, como parte de la negociación, el régimen de Maduro excarceló al menos a 48 de los más de 900 presos políticos venezolanos que hay en ese país, según los datos publicados el 21 de julio de 2025 por la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Foro Penal.
Puedes consultar la base de datos completa con una de las historias de los 238 deportados a El Salvador en estos enlaces: en español y en inglés.
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