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La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió el 21 de agosto de 2025 una orden judicial preliminar que prohíbe la ampliación del centro de detención Alligator Alcatraz y el ingreso de nuevos detenidos. La orden otorga un plazo de 60 días para retirar el vallado, la iluminación industrial y otras estructuras. La medida responde a la demanda de grupos ambientalistas y de la tribu indígena Miccosukee, que denunciaron que el proyecto se construyó de manera apresurada y sin una revisión de impacto ambiental.
Qué sabemos sobre la orden judicial preliminar
El fiscal general, James Uthmeier, publicó en X (antes Twitter) el 19 de junio de 2025 los planes para construir una instalación temporal en un tramo de tierra de 30 millas cuadradas. “Alligator Alcatraz: la ventanilla única para llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Trump”, indicó.
El 23 de junio de 2025, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) asumió el control del aeropuerto Dade-Collier (TNT) para construir este centro de detención y deportación de migrantes, según detalla la orden judicial. El centro se encuentra dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, un ecosistema protegido y parte del plan de restauración de Western Everglades.
El centro se inauguró el 1 de julio de 2025 con la presencia del presidente Donald Trump, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el gobernador del estado, Ron DeSantis.
Las organizaciones Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity (CBD) presentaron una demanda alegando que el proyecto viola diferentes leyes. Entre ellas, destaca la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), que requiere que las acciones federales importantes que afectan significativamente al medio ambiente pasen por procesos de revisión ambiental.
En agosto de 2025 se llevaron a cabo varias audiencias con testigos expertos, representantes de organizaciones ambientales y miembros de la tribu Miccosukee. Durante estas sesiones, los testigos advirtieron sobre graves impactos: una pérdida de hábitat, la contaminación del agua, el incremento del tráfico y el aumento del ruido y de la luz artificial.
El 21 de agosto de 2025, Williams emitió una orden judicial preliminar. Es decir, una medida cautelar que dicta un juez antes de que haya una sentencia definitiva en un caso. La orden destaca que “el proyecto crea un daño irreparable en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies en peligro de extinción en la zona”.
Williams destacó la necesidad de una revisión ambiental conforme a la NEPA. “Todos los gobernadores y senadores de Florida, e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluyendo presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades”, indicó la jueza en la decisión. “Esta orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, añadió.
La jueza también prohibió nuevas construcciones y ampliaciones en el lugar y el ingreso de nuevos detenidos, que no estuvieran ya presentes en el centro al entrar en vigor la orden. De acuerdo con la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, alrededor de 400 personas seguían detenidas en ese centro de detención para el momento en el que se emitió el fallo. Las cifras oficiales no han sido publicadas por las autoridades y la alcaldesa afirmó que también desconoce el número exacto de detenidos.
Además, autorizó únicamente modificaciones o reparaciones en las instalaciones existentes, siempre que tengan como fin mejorar la seguridad o mitigar riesgos ambientales u otros riesgos.
La jueza confía en que, en un plazo de 60 días, se reducirá la población del centro de detención y otorga ese margen para que se retiren el vallado, la iluminación industrial y otras estructuras de expansión.
“Los demandados deberán retirar la cerca temporal instalada para permitir que los miembros de la Tribu accedan al sitio de manera consistente con el acceso que tenían antes de la construcción del campamento de detención”, indica la orden.
Alligator Alcatraz, en el centro de una batalla legal y política
Williams rechazó el 25 de agosto de 2025 la solicitud del Gobierno federal de Estados Unidos para suspender de forma inmediata su orden judicial.
El estado de Florida también presentó una apelación contra la orden judicial. DeSantis aseguró que Florida sigue “comprometida con la misión” de continuar los esfuerzos de control migratorio impulsados por el presidente Trump.
El experto legal Michael Romano, director del Proyecto Tres Strikes de la Facultad de Derecho de Stanford, explicó a CNN que lo que suceda en el futuro dependerá del resultado de la apelación.
“Una orden judicial preliminar es solo eso: preliminar. Normalmente se mantienen firmes, pero digamos que la apelación fracasa”, afirmó. Si esto ocurriera, “no es el final de la historia”. Luego “solicitarían lo que se llama una orden judicial permanente, y la apelarían”. “Así que se va a alargar un tiempo”, señaló.
Tras la publicación de la orden judicial preliminar, Uthmeier afirmó en X que “Alligator Alcatraz sigue operativo”: “No nos detendremos en nuestra misión de detener, deportar y cumplir con los deberes del pueblo estadounidense”.
Grupos ambientalistas y la alcaldesa de Miami-Dade celebraron el fallo
Elise Pautler Bennet, abogada de uno de los grupos ambientalistas que interpuso la demanda, elogió el fallo de Williams. “Nos sentimos muy aliviados. Creemos que presentamos pruebas contundentes que demuestran que esta fue la decisión correcta para proteger el medio ambiente y los intereses de los estadounidenses en los Everglades”, explicó a CNN.
Del mismo modo, la alcaldesa Levine Cava, calificó el fallo como una victoria para la libertad, las comunidades locales y el medio ambiente.
“Lo más importante es que es una victoria para las familias que han soportado penurias inimaginables debido a lo que ocurre en este centro”, explicó Cava. “Las personas que han estado recluidas aquí, los detenidos, han enfrentado condiciones que han conmocionado a nuestra comunidad, a nuestra nación y al mundo; condiciones que han traicionado los valores que definen a Estados Unidos”.
Para Cava, resulta doloroso ver a los líderes estatales desestimar las preocupaciones de la comunidad y el posible impacto ambiental, “particularmente la tribu cuyas tierras sagradas están siendo violadas”.
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