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Una orden de retención migratoria es un documento que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) envía a cárceles, prisiones, centros de confinamiento o policías solicitando que:
No liberen a una persona arrestada por algún algún delito (que puede ser algo desde una falta menor o algo más grave), tras terminar su tiempo de detención.
Retengan a esa persona por hasta 48 horas más, dando tiempo de que llegue ICE para tomarla bajo su custodia.
Notifiquen a ICE antes de liberarla.
Le transfieran la custodia a ICE si es posible.
En inglés esta orden se llama “detainer” o “immigration detainer”. Físicamente es un documento que responde al formulario I-247A, firmado por un oficial de ICE.
La diferencia entre un arresto común y un detainer consiste en que el primero lleva la firma de un juez y es una obligación cumplirlo; mientras que el segundo no es un asunto criminal sino de inmigración, que es civil; lleva la firma de un agente de ICE y no todas las policías están obligadas a cumplirlas.
¿Qué significa “honrar” una orden de retención migratoria?
Cuando escuchamos decir que no se han “honrado” las órdenes de retención migratoria, significa que la policía local no ha aceptado retener a una persona por más tiempo del que estaría bajo custodia por cargos locales.
Ejemplo: si alguien es arrestado por manejar sin licencia y paga su fianza por lo general debería quedar libre. Pero si ICE emite una orden de retención migratoria, es decir, un detainer, la cárcel puede retener a esa persona hasta 48 horas adicionales (sin contar fines de semana ni días festivos) para que ICE la recoja.
¿Cuál es la base legal de las órdenes de retención migratoria?
Se basan en reglamentos y estatutos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad:
8 U.S.C. § 1357(d), con la que se autoriza al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) a emitir los detainers.
8 CFR § 287.7, que regula cómo funcionan los detainers.
No todas las jurisdicciones están obligadas a cumplir con las órdenes de retención migratoria: cortes federales han dejado claro que los ‘detainers’ son solicitudes voluntarias y que su uso puede violar derechos constitucionales, por ejemplo en los casos Galarza v. Szalczyk (3rd Cir. 2014) y Miranda‑Olivares v. Clackamas County (D. Or. 2014).
En el primer caso, Ernesto Galarza, ciudadano estadounidense nacido en Nueva Jersey, fue arrestado en Pensilvania por un cargo de drogas y pudo pagar la fianza estatal, pero el condado lo mantuvo detenido varios días más solo por un detainer de ICE que lo identificaba erróneamente como extranjero. El Tercer Circuito sostuvo que el condado no estaba obligado a obedecer a ICE y que, al hacerlo, podía ser responsable bajo la Cuarta Enmienda y la Sección 1983 por detenerlo sin causa probable ni orden judicial, y por basarse en suposiciones sobre su origen nacional.
En el segundo caso, María Miranda‑Olivares fue arrestada en Oregón por un cargo estatal y tenía derecho a salir bajo fianza, pero la cárcel se negó a liberarla porque había un detainer de ICE. El tribunal federal de distrito concluyó que retenerla solo con base en el detainer, sin orden judicial ni causa probable independiente, constituyó una nueva detención inconstitucional bajo la Cuarta Enmienda, y que el condado podía ser responsable porque la decisión de honrar el detainer fue suya, no una obligación impuesta por el gobierno federal.
Hay estados que han cambiado las leyes para que los detainers sean obligatorios, como ocurrió en Carolina del Norte, donde desde el 1 de diciembre de 2024 los alguaciles locales están obligados a cooperar cuando ICE envía una orden de retención migratoria.
¿Cuándo puede emitir ICE un “detainer”?
ICE presenta órdenes de retención migratoria luego de que oficiales o agentes establecen una causa probable para creer que un extranjero es removible bajo la ley de inmigración, “típicamente después de que un tribunal los ha condenado por uno o más delitos”, según información de ICE disponible en su sitio web. “Y comúnmente cuando el extranjero presenta una amenaza para la seguridad pública o nacional”.
ICE emite órdenes de retención por delitos graves como robo, secuestro, homicidio, agresión sexual, delitos de armas, narcotráfico o trata de personas, y también por infracciones menores (como conducir sin licencia o faltas simples) o incluso por violaciones migratorias sin cargo penal, siempre que la persona esté bajo custodia local y se considere deportable.
Los datos oficiales del Departamento de Seguridad muestran que durante el segundo mandato del gobierno de Donald Trump, la cantidad de personas detenidas por ICE sin antecedentes criminales subió en 1,042%. En números esto fue de 1,048 detenciones en enero de 2025 a 11,972 en junio de este mismo año. Más del 84% de los detenidos son personas que no representan ninguna “amenaza”, siguiendo las categorías de ICE.
¿Cómo sabe ICE que una persona puede ser deportable?
Según ICE, la agencia identifica a extranjeros removibles que de manera indocumentada en Estados Unidos se quedaron más tiempo del autorizado, cometieron alguno de los delitos mencionados antes, violaron términos de su estatus migratorio o representan una amenaza para la “seguridad nacional, pública o fronteriza”.
Las autoridades migratorias sabe que una persona podría ser deportable por las notificaciones de las policías locales que cooperan con ICE mediante el acuerdo 287(g), un programa que otorga poderes de inmigración a los policías. También lo hacen por sistemas de interoperabilidad de huellas y bases de datos federales que cruzan huellas dactilares tomadas en cárceles locales con registros migratorios de DHS.
Por ejemplo, si una persona es detenida tras una infracción de tránsito o un delito menor, sus huellas dactilares van a parar a un sistema, en ese sistema ICE puede ver que no es residente legal o ciudadano y entonces envía un detainer a la policía local. Si la policía coopera, retiene a esta persona por hasta 48 horas después de la fecha en que iba a quedar liberada. ICE toma la custodia y lo transfiere a un centro de retención migratoria.
En caso de que ICE no llegue en 48 horas después de que la persona debía quedar libre, legalmente el detenido debería poder salir en libertad.
Según la ley, las personas arrestadas deben ser informadas que hay una orden de retención migratoria en su contra, y deben recibir copia del formulario I-247A. Un detenido, agrega la ley, no está obligado a responder preguntas de ICE, tiene derecho a tener asesoría de un abogado, a guardar silencio y no revelar su país de origen.
También tiene derecho a fianza (“bond”, en inglés), pero para esto se tiene que pedir una audiencia de fianza y entonces un juez de inmigración decide si la otorga o no.
La persona tiene derecho a impugnar la deportación: pelear el caso ante un juez de inmigración o solicitar alivios legales para regularizar el estatus migratorio, como pedir asilo y cancelar la remoción, entre otros.
¿Y qué pasa con los migrantes detenidos en cárceles locales cuando son ciudades santuario?
Hay estados, condados y ciudades que no cooperan con ICE si no hay una ley que los obligue. Esto significa que no honran los detainers de ICE (o solo en casos de crímenes graves), no permiten que ICE entre a las cárceles, no preguntan estatus migratorio a los detenidos y no usan los recursos locales para aplicar leyes de inmigración.
Por ejemplo, California tiene la ley SB 54 (California Values Act), que limita la cooperación con ICE. Illinois tiene la Ley TRUST Act, que también limita los “detainers”.
Aunque las políticas varían de un lugar a otro, ICE de manera independiente puede operar en estas jurisdicciones.
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