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Por Lori Robertson de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado
El presidente Donald Trump ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para enviar fuerzas militares federales a Minneapolis en respuesta a las protestas contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad. Explicaremos qué dice la ley sobre la autoridad del presidente para hacerlo.
Trump citó la ley en una publicación en redes sociales el 15 de enero, ocho días después de que un agente del ICE disparara y le quitara la vida a la estadounidense Renee Nicole Good durante una protesta ante un operativo migratorio. El tiroteo desató más protestas contra ICE en Minneapolis y el despliegue por parte de la administración Trump de cientos de agentes de inmigración adicionales para unirse a los 2.000 agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enviados a la zona de Minneapolis-St. Paul a principios de este mes, según el DHS. El departamento la ha denominado “Operación Metro Surge”.
“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no hacen que los agitadores profesionales e insurgentes dejen de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN”, escribió Trump en Truth Social.
El 12 de enero, Minnesota y las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) presentaron una demanda contra el DHS, solicitando a los tribunales que pusieran fin al aumento repentino de agentes de inmigración, calificándolo de “inconstitucional e ilegal”. La demanda afirma que las “tácticas imprudentes de los agentes ponen en peligro la seguridad pública, la salud y el bienestar de todos los minnesotanos”.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, declaró el 15 de enero que la fuerza policial de la ciudad era de “aproximadamente 600”, mientras que había “aproximadamente 3.000 agentes de ICE en la zona”. Esta última cifra, que incluye a otros agentes del DHS, no solo de ICE, equivale a “casi un agente por cada 1.000 de los 3,2 millones de habitantes de las Ciudades Gemelas”, según informó el Minnesota Star Tribune.
El otoño pasado, Trump también declaró que podría invocar la Ley de Insurrección para anular las objeciones de los gobernadores de Illinois y Oregón al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en esos estados. (Esos despliegues han sido bloqueados por los tribunales mientras se resuelve el litigio). A continuación, repetiremos gran parte de lo que escribimos sobre la ley en un artículo del 17 de octubre sobre el tema en aquel entonces.
¿Qué es la Ley de Insurrección?
Según la Ley Posse Comitatus de 1878, las fuerzas militares federales no pueden realizar tareas de aplicación de la ley civil. Sin embargo, la Ley de Insurrección establece una excepción.
Según la Ley de Insurrección, que data de 1792, una legislatura estatal o un gobernador podrían solicitar que el presidente envíe fuerzas militares federales para reprimir una insurrección, o el presidente podría invocar la ley él mismo “siempre que el Presidente considere que obstrucciones, combinaciones o reuniones ilegales, o rebelión contra la autoridad de los Estados Unidos, hacen impracticable hacer cumplir las leyes de los Estados Unidos en cualquier estado mediante el curso ordinario de los procedimientos judiciales”, dice el estatuto.
El presidente también puede invocar la ley para reprimir “cualquier insurrección, violencia doméstica, combinación ilegal o conspiración” en dos escenarios: si “obstaculiza la ejecución” de las leyes estatales y federales y priva a las personas de los derechos o protecciones constitucionales y las autoridades estatales “no pueden, fallan o se niegan a proteger ese derecho, privilegio o inmunidad”; o si la insurrección/violencia “se opone u obstruye la ejecución de las leyes de los Estados Unidos o impide el curso de la justicia bajo esas leyes”.
Joseph Nunn, asesor del programa de libertad y seguridad nacional del Centro Brennan para la Justicia, escribió en un explicador sobre la Ley de Insurrección que, en teoría, esta “debería utilizarse únicamente durante una crisis que, de veras, supera la capacidad de control de las autoridades civiles”, pero el estatuto “no define ni limita correctamente cuándo se puede usar”. Nunn, quien ha escrito sobre la limitación del uso de las fuerzas armadas para fines policiales, afirmó que el estatuto “necesita una importante reforma”, calificando la ley de “peligrosamente amplia y propensa al abuso”.
En su publicación en redes sociales del 15 de enero, Trump dijo que “muchos” presidentes han utilizado la ley, y una semana antes, dijo que “el 48% de los presidentes la han utilizado”.
Dieciocho de 45 presidentes, o el 40%, han invocado la ley en situaciones de crisis como rebeliones, conflictos laborales y la aplicación de órdenes judiciales federales sobre derechos civiles. La mayoría de estas crisis ocurrieron antes de 1900. El caso más reciente fue en 1992, cuando el gobernador de California solicitó al presidente George H. W. Bush que lo hiciera para enviar tropas federales a ayudar con los disturbios civiles que estallaron en Los Ángeles tras la absolución de policías blancos acusados de golpear a Rodney King, un automovilista negro.
El Centro Brennan para la Justicia tiene una lista de todas las veces en que se ha utilizado la Ley de Insurrección en respuesta a 30 crisis, empezando en 1794 bajo la presidencia de George Washington. No siempre se han desplegado tropas. “A veces, la mera amenaza de una intervención militar ha sido suficiente para resolver una crisis”, afirmó el Centro Brennan.
William Banks, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, y Mark P. Nevitt, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Emory, escribieron en un artículo para Just Security que “la última vez que la Guardia Nacional fue federalizada a pesar de la objeción de un gobernador fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson la desplegó en Selma, Alabama, para proteger a los manifestantes por los derechos civiles”. Johnson invocó la Ley de Insurrección.
En 1989, Bush invocó la ley para enviar tropas a las Islas Vírgenes y sofocar la anarquía tras la destrucción causada por el huracán Hugo. El Centro Brennan afirma que existe una controversia sobre si el gobernador territorial de las islas solicitó el despliegue federal.
Nevitt comentó a FactCheck.org –medio aliado de Factchequeado– el otoño pasado que existe “poca jurisprudencia sobre la ley”. En un correo electrónico, Nevitt indicó que “el caso principal data de la Guerra de 1812 (Martin v. Mott), donde la Corte Suprema sugirió que el presidente tiene amplia discreción para interpretar el texto estatutario de la ley”.
Nevitt afirmó que el estatuto no contempla la revisión judicial y que “los tribunales se han mostrado reacios a cuestionar la autoridad presidencial al recurrir a las fuerzas armadas”, pero varios tribunales están abordando dicha autoridad en los casos de California, Oregón e Illinois, relacionados con la federalización de la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de los gobernadores. “Es probable que se presente una impugnación judicial” si Trump utiliza la Ley de Insurrección, “pero queda por ver si un juez federal declarará el caso justiciable”, dijo Nevitt.
Nunn escribió que la Corte Suprema “ha sugerido que los tribunales pueden intervenir si el presidente actúa de mala fe, excede ‘un rango permitido de juicio honesto’, comete un error obvio o actúa de una manera manifiestamente no autorizada por la ley” y “que los tribunales aún pueden revisar la legalidad de las acciones de los militares una vez desplegados”.
En una entrevista con ABC News el 12 de octubre, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien también es exfiscal federal, dijo que si Trump invoca la Ley de Insurrección, “no puedes detenerlo siendo el gobernador”. Pero el gobernador “siempre podría presentar una demanda judicial y entonces los tribunales podrían decidir si los hechos están ahí para respaldar su invocación [de Trump] de la Ley de Insurrección”, dijo Christie.
Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
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