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Durante el primer año de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ya ha superado el número total de órdenes ejecutivas firmadas durante todo su primer mandato (2017-2021). Hasta la publicación de este artículo, Trump firmó 228 órdenes ejecutivas, 8 más que las 220 firmadas en los cuatro años de su primer mandato, según el Registro Federal, donde se publican todas las órdenes ejecutivas de los presidentes estadounidenses después de firmadas.
Hasta el 7 de enero de 2026, 38 de estas órdenes ejecutivas fueron sobre inmigración, según un reporte del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés). Después de esa fecha, se firmaron 2 órdenes ejecutivas más: una sobre los ingresos petroleros venezolanos y otra sobre el transporte de Nueva York.
En solo un año de su segundo mandato, Trump ya supera el número de órdenes ejecutivas firmadas que la mayoría de los presidentes ha firmado en un mandato presidencial completo (4 años). Además, Trump tiene el récord de más órdenes ejecutivas firmadas (143) en los primeros 100 días de gobierno, según The American Presidency Project.
El que más ha firmado órdenes en su presidencia ha sido Franklin D. Roosevelt, apodado FDR (1933-1945) –quien fue escogido como presidente en cuatro ocasiones antes de que se impusiera el límite presidencial de dos términos. El gobierno de Roosevelt enfrentó la Gran Depresión (1929-1939), la mayor crisis interna de Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), su mayor crisis externa con la excepción de la Guerra Civil, según el Miller Center de la Universidad de Virginia. Fue en ese contexto que Roosevelt firmó 1,112 órdenes ejecutivas en su segundo mandato (1937-1941) y 884 en su tercer mandato (1941-1945). Roosevelt falleció el 12 de abril de 1945, durante su cuarto mandato presidencial.
Durante ese período, “FDR y el Congreso pasaron muchas leyes”, dijo a Factchequeado Rodger Citron, vicedecano y profesor de Derecho de la Universidad Touro, en Nueva York. “Eso es completamente diferente a la situación actual, porque no vemos que el presidente Trump trabaje con el Congreso para aprobar leyes que autoricen ciertas cosas”, agregó.
Operaciones gubernamentales, relaciones exteriores y defensa, energía e inmigración
De acuerdo con un reporte del Pew Research Center publicado el 16 de diciembre de 2025, los decretos presidenciales de Trump se han enfocado principalmente “en temas como las operaciones gubernamentales, las relaciones exteriores y la defensa, la energía y la inmigración”.
Muchas de estas órdenes fueron impugnadas ante los tribunales, como la ciudadanía por nacimiento y algunos de los aranceles impuestos a otros países bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).
Ejemplos del uso de órdenes ejecutivas en políticas de inmigración incluyen la suspensión de refugiados, la declaración de una emergencia en la frontera, una tarifa de 100,000 dólares para las visas H-1B para trabajadores especializados, la expansión de las deportaciones expeditas, refugio en Estados Unidos de sudafricanos afrikáners como refugiados o la “Gold Card” de un millón de dólares para migrar a Estados Unidos.
¿Qué es una orden ejecutiva?
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) explica que las órdenes ejecutivas son “instrumentos escritos mediante los cuales un presidente puede emitir directivas para configurar políticas públicas”.
“Si bien la Constitución de los Estados Unidos no menciona las órdenes ejecutivas y ninguna ley otorga al presidente la facultad general para emitirlas, la autoridad para dictarlas se acepta como un aspecto inherente del poder presidencial, aunque su efecto legal depende de diversas consideraciones”, agrega el CRS.
William Baude, profesor de Derecho titular de la cátedra Harry Kalven, Jr. y director académico del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de Chicago, dijo en un artículo publicado en UChicago News que una orden ejecutiva “es una forma en que el presidente ejerce sus facultades legales, pero no constituye una fuente de poder en sí misma”. Cada decreto debe “derivar de alguna otra facultad legal, como una ley promulgada o una disposición de la Constitución”.
El presidente tiene el poder de “modificar, anular o revocar una orden ejecutiva anterior emitida por él mismo o por una administración anterior”. Asimismo, los tribunales pueden “revisar la legalidad” y “el Congreso puede anular” una orden ejecutiva, explica el CRS.
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