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Un panel de tres jueces del Quinto Circuito, tribunal federal de apelaciones, falló 2-1 el viernes 6 de febrero de 2026 a favor de la política migratoria de Donald Trump que permite detener a millones de inmigrantes indocumentados sin derecho a libertad bajo fianza.
Es la primera vez que un tribunal de apelaciones respalda esta medida, tras cientos de fallos en contra en tribunales de distrito federales de todo el país. El documento oficial del Quinto Circuito (ver página 6) confirma que “más de mil" inmigrantes presentaron peticiones y que en la mayoría de los casos los jueces de distrito fallaron en su favor.
La decisión afecta a inmigrantes sin documentos en Texas, Luisiana y Misisipi, los tres estados que cubre el Quinto Circuito, incluyendo a personas que:
Han vivido en Estados Unidos durante décadas.
No tienen antecedentes penales.
Fueron detenidos en el interior del país y no en las fronteras.
Los inmigrantes sin documentos de estos 3 estados ahora serán tratados igual que los inmigrantes arrestados y detenidos en la frontera, sin oportunidad de pedir su liberación ante un juez de inmigración y pagar una fianza. Antes tenían derecho a solicitar fianza y permanecer libres mientras sus casos se tramitan.
La medida se implementa a pesar de que “más de mil" inmigrantes presentaron peticiones y que en la mayoría de los casos los jueces de distrito fallaron en su favor. La decisión podría afectar a millones de personas. La jueza Dana Douglas, el único voto en contra, advirtió que el cambio en la política sin derecho a fianza podría resultar en la detención sin fianza de
2 millones de millones de no ciudadanos en Estados Unidos (ver página 22).
¿Cómo funcionaba antes?
Durante décadas, el gobierno federal distinguía entre dos tipos de inmigrantes sin documentos, según explica el fallo en su página 3:
1. Detenidos en la frontera: sujetos a deportación acelerada sin derecho a fianza.
2. Detenidos en el interior del país: podían solicitar libertad bajo fianza mientras esperaban su proceso.
La diferencia permitía que las personas sin antecedentes penales que han echado raíces y han construido sus vidas en Estados Unidos, se quedaran en el país durante el proceso judicial, junto a sus familiares.
Los dos votos a favor, como señala la página 2 del encabezado del fallo, fueron de la jueza Edith Jones, designada por el expresidente Ronald Reagan, y el juez Kyle Duncan, designado por el propio Trump. “El hecho de que administraciones anteriores hayan decidido utilizar menos de su plena autoridad para hacer cumplir la ley… no significa que carecieran de la autoridad para hacer más”, dijo Jones.
La jueza Douglas, que votó en contra, designada por el expresidente Joe Biden, escribió en página 22 del fallo que “el gobierno hoy ejerce la autoridad y el mandato para detener a millones de extranjeros en el interior, algunos de ellos presentes aquí desde hace décadas, en las mismas condiciones que si fueran detenidos en la frontera. Sin importar que este nuevo mandato llegue sin precedentes históricos”.
Steve Vladeck, un analista de la Corte Suprema, profesor en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, explicó a CNN la estrategia del gobierno: “Hay una razón por la cual, en más de 3,000 casos en docenas de tribunales de distrito federales, la administración Trump decidió que su primera apelación de una pérdida en este tema fuera al Quinto Circuito”. El Quinto Circuito, dijo, es considerado el tribunal de apelaciones “más conservador” del país y el gobierno logró que el caso fuera asignado a dos de los jueces “más derechistas” de ese tribunal.
“Es difícil imaginar que tengan la última palabra”, concluyó el experto, que anticipó que el caso podría llegar a la Corte Suprema federal y decidirse finalmente allí.
Daniel Caudillo, abogado de inmigración y director de Immigration Law Clinic en la escuela de derecho de la Universidad Tecnológica de Texas, citado por The Texas Tribune y ProPublica, dijo que el fallo es "devastador", ya que limita audiencias de fianza solo a inmigrantes que entraron legalmente y deja a la mayoría en detención obligatoria en esos tres estados. Señaló que apelaciones similares están en 9 de 12 circuitos con rumbo probable a la Corte Suprema.
El abogado de inmigración de Tucson, Arizona, Mo Goldman, citado por la emisora
KJZZ, afirmó que, históricamente, los inmigrantes que ingresaron ilegalmente a EE. UU. han podido ser liberados bajo fianza mientras se procesa su deportación.
“Esta nueva visión de la ley que se produjo el año pasado resultó en un enorme aumento en el número de personas detenidas”, dijo Goldman. Explicó que el nuevo fallo no afecta directamente a sus clientes que están fuera de la jurisdicción del tribunal de Quinto Circuito.
“Supongo que una preocupación mayor es si podrían empezar a intentar trasladar a personas a Texas y Luisiana, porque ICE puede recoger personas y transferirlas a otros circuitos”, añadió.
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