MENÚ
Cuando Nicolás Maduro, junto con su esposa, Cilia Flores, se presentaron ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York el 26 de marzo de 2026, ingresaron sin esposas, con los abogados Barry Pollack y Mark Donnelly y sus intérpretes. Él vestía uniforme anaranjado y gris y ella, gris y azul marino. En las afueras de la corte, personas manifestaron con carteles a favor y en contra de Maduro.
Fue la segunda audiencia del caso ante el juez Alvin K. Hellerstein, en la que se discutieron puntos como el pago de la defensa y si el caso podía ser desestimado.
La acusación a Maduro y Flores incluye cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, además de cargos relacionados con armas.
Factchequeado estuvo en la corte durante la comparecencia y te contamos qué pasó y qué se decidió.
Moción para solicitar acceso a fondos
La audiencia tenía como motivo discutir la moción (solicitud) que presentó Barrick Pollack –abogado privado de la defensa– el 26 de febrero de 2026, para “desestimar la acusación formal debido a la interferencia del Gobierno de Estados Unidos con sus derechos constitucionales bajo la Sexta Enmienda y el debido proceso". En la audiencia, el juez Hellerstein descartó la petición de desestimar el caso.
En la audiencia también se disputaba el pago de los abogados de los acusados con fondos del gobierno venezolano, pero este punto, quedó sin decisión del juez. Específicamente, la moción señalaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) concedió una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro aceptar fondos provenientes del gobierno de Venezuela.
"Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación alguna, la OFAC modificó posteriormente dicha licencia, de tal modo que ahora prohíbe la recepción de fondos para gastos de defensa provenientes del gobierno de Venezuela", señala el documento y añade que esto hace que “Maduro –quien carece de fondos propios para contratar a un abogado– está siendo privado de su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección”.
Sobre este punto, el fiscal federal adjunto Kyle Wirshba argumentó que la corte no puede obligar al Departamento del Tesoro a otorgar una licencia especial para los abogados de los acusados.
La Sexta Enmienda de la Constitución garantiza los derechos fundamentales de las personas acusadas en juicios penales. Entre otros, incluye el de un juicio rápido y público, un jurado imparcial, información disponible al acusado sobre la acusación, confrontación con los testigos y el derecho a un abogado. Si el acusado no puede costear un abogado privado, el gobierno estadounidense debe proporcionarle uno (defensa de oficio).
Durante la audiencia, luego de que el juez cuestionara el uso de recursos para costear la defensa provenientes de un gobierno externo –en este caso de Venezuela–, Pollak expresó que la solicitud de acceso a fondos “no se trata de la calidad de la defensa, se trata del derecho a escoger tu defensa cuando tienes el recurso para hacerlo”.
Según la Corte Suprema, un acusado no tiene derecho a usar dinero que no le pertenece o que está restringido por la ley para pagar a su abogado.
Foto: María Fernanda Alarcón
El argumento de la fiscalía se basa en que estos recursos no solo no se encuentran dentro de Estados Unidos, sino que “no hay evidencia de que estos fondos sean suficientes o específicos para el financiamiento del cuerpo legal de Maduro”.
Si bien la Sexta Enmienda Constitucional protege a los acusados que forman parte de un proceso penal dentro del sistema estadounidense, no obliga al gobierno a facilitar transacciones internacionales, especialmente si:
involucran sanciones
afectan la seguridad nacional
las transacciones no están identificadas específicamente para la defensa de los acusados
o son transacciones previas al caso (por lo que no están vinculado al proceso). De acuerdo con lo dicho por la fiscalía durante la audiencia, estos fondos existen desde 2019 y los cargos se presentaron en 2020.
La fiscalía agregó que aunque es un caso único y sin precedentes, la Sexta Enmienda debe ser flexible (como lo ha sido en casos domésticos) y entender que esto “protege la habilidad del gobierno para priorizar la seguridad nacional”.
Tras una hora de audiencia, el juez Hellerstain dictaminó que, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía y la defensa, necesitaba más tiempo para analizar la moción presentada sobre los fondos para el pago de los abogados de los acusados. Al momento del cierre de esta nota aún no hay fecha prevista para la próxima audiencia.
Maduro enfrenta cargos por conspiración y narcoterrorismo
Como te contamos antes en Factchequeado, Maduro y Flores fueron capturados en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026 en Caracas y luego trasladados a Nueva York, donde ya enfrentaban cargos en una corte federal en Manhattan. Ese mismo día un Gran Jurado en Nueva York presentó una nueva acusación formal, que incluye cargos por narcoterrorismo, por conspiración para importar cocaína al país y por delitos con armas.
Tanto él como Flores niegan las acusaciones y permanecen detenidos en una instalación carcelaria en Brooklyn.
Protestas fuera de la corte
Personas manifestando en proporciones parecidas a favor y en contra de Maduro se hicieron presentes afuera de la corte. Entre ellas se escuchaban consignas como “get Trump out”o “free free Maduro”, así como gritos de protesta diciendo “Maduro, asesino”. Sin embargo, a diferencia de la primera audiencia, estas manifestaciones se dieron de forma tranquila y se disolvieron luego de que la audiencia finalizara.
Fotos: María Fernanda Alarcón
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Lee también:
No, Trump no anunció que liberará a Maduro “antes de su ejecución”
