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Los partidarios de la “Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses” (Safeguard American Voter Eligibility Act), más conocida como SAVE America Act, afirman que podría “salvar las elecciones estadounidenses”, “proteger los votos de los ciudadanos” o prevenir que inmigrantes indocumentados participen en los comicios. Entre los que han compartido al menos una de estas afirmaciones se encuentran Chip Roy, congresista republicano por Texas y autor de la propuesta SAVE America Act y de su versión anterior; Mike Johnson, congresista de Luisiana y presidente de la Cámara de Representantes; y el presidente Donald Trump.
Sin embargo, aunque el propio nombre de la propuesta de ley indica que busca “salvaguardar” las elecciones, el voto de personas no autorizadas es muy escaso en Estados Unidos, por lo que no ha podido influir en los resultados de las elecciones, de acuerdo con varios estudios. Además, los nuevos requisitos de la SAVE America Act (presentar en persona un pasaporte, certificado de nacimiento o matrimonio para registrarse para votar, por ejemplo) pueden hacer más difícil la participación de votantes ciudadanos, según expertos consultados por Factchequeado. Esto se debe a que millones de personas carecen de acceso inmediato a los documentos requeridos y obtenerlos toma tiempo y tiene costos asociados para cumplir con lo que propone la propuesta de ley.
El voto no ciudadano ya es ilegal y los estados verifican la ciudadanía de los votantes
El voto de personas no ciudadanas es ilegal en elecciones en todos los estados de Estados Unidos desde 1924. Además, la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes de 1996 añadió sanciones penales. Quienes se registran para votar en persona o por correo deben declarar bajo pena de perjurio (que sanciona las declaraciones falsas) que son estadounidenses, según la Ley Nacional de Registro de Votantes. Pero esto no termina ahí, como te contamos en Factchequeado. Posteriormente, cada estado compara la información proporcionada por el registrante con bases de datos como la del Seguro Social, las de las licencias de conducir (como en el caso de Pensilvania) o los listados de personas que declararon que no eran ciudadanos para no tener que servir como jurados en juicios (jury duty), como Arizona, Georgia o Texas.
Walter Olson, investigador principal del Instituto Cato, dijo a Factchequeado que “los estados ya utilizan una combinación de métodos para verificar la ciudadanía y algunos de ellos, como la comparación con bases de datos, pueden suponer menos molestias para la persona que se inscribe en el censo electoral que el DPOC (prueba documental de ciudadanía)”.
Por ejemplo, la revisión de registros de vehículos motorizados por el Departamento de Estado de Michigan, que inició en diciembre de 2024, identificó a 15 posibles no ciudadanos que participaron en las elecciones presidenciales de 2024. Esto significó el 0.00028% de los 5.7 millones de votos emitidos en Michigan en ese entonces. Sin embargo, 3 de los 15 resultaron ser ciudadanos estadounidenses, de acuerdo con Jocelyn Benson, secretaria de estado de Michigan. En 2024, el presidente Trump superó a su rival por la presidencia, Kamala Harris, por más de 80,000 votos en este estado, según la agencia AP.
Obtener los documentos requeridos bajo el SAVE America Act puede disminuir la participación en las elecciones
Como te contamos en un artículo anterior de Factchequeado, la SAVE America Act, de ser aprobada, requeriría que quienes se registren para votar prueben su ciudadanía de manera presencial mediante un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado junto con una licencia de conducir u otra identificación con fotografía emitida por el gobierno. Los votantes que ya están registrados tendrían que presentar estos documentos sólo cuando cambien los datos de su registro, como “al cambiar de domicilio”, explica Olson, “así que los efectos se distribuirían a lo largo de los años”.
Alrededor de 21.3 millones de estadounidenses con edad para votar no tienen a mano los documentos necesarios bajo la SAVE America Act. Dentro de este grupo hay disparidades raciales: el 8% de quienes se identificaron como estadounidenses blancos no tienen documentos de ciudadanía a mano comparado al 11% de estadounidenses de color que dijo lo mismo, según un análisis del Brennan Center, organización aliada de Factchequeado.
El proyecto de ley impactaría también a alrededor de 69 millones de mujeres que han adoptado el apellido de su cónyuge, por lo que su nombre no coincide con el de su acta de nacimiento, según informa el Centro para el Progreso Americano (CAP). Un reporte del Pew Research Center de 2023 concluyó que las mujeres republicanas y con tendencia republicana son más propensas a adoptar los apellidos de sus parejas.
El CAP además destaca que los ciudadanos de 30 condados del oeste del país tendrían que viajar unas 4 horas y media (aproximadamente 260 millas de distancia) para acudir a la oficina electoral y registrarse para votar o actualizar su registro. Algunos en Alaska y Hawái incluso tendrían que tomar un vuelo.
Olson también dijo que no cree que “sea preciso afirmar que el proyecto de ley privaría del derecho al voto (disenfranchise) a 20 millones de electores” porque no suprime el derecho legal a votar. Sin embargo, algunas personas elegibles para votar “podrían no completar el proceso de verificación” debido a “las molestias adicionales” que conlleva o a los costos de tramitar los documentos. “Para estas personas, los cambios introducidos [por el SAVE America Act] desincentivarían la participación en el proceso electoral”, agregó.
Según Vote.org, una organización de defensa del derecho al voto, el trámite de un pasaporte estadounidense (que más del 51% de estadounidenses no tiene) cuesta un mínimo de 165 dólares, además de las fotos. La solicitud de tarjeta de pasaporte, que es una alternativa más económica, cuesta unos 65 dólares. Obtener un certificado de nacimiento tiene un costo de entre 10 y 50 dólares, dependiendo del estado, y reemplazar un certificado de naturalización cuesta alrededor de 500 a 550 dólares dependiendo de si la solicitud se hace en papel (paper filing) o en línea.
Eliza Sweren-Becker, vicedirectora en el Programa sobre Elecciones y Derecho al Voto del Brennan Center, dijo a Factchequeado que aparte de los costos, los “votantes estadounidenses tendrían que invertir tiempo (...) para obtener uno de los pocos documentos” que cumplirían con la SAVE America Act “sumado a las semanas de espera para recibirlos”.
Louis Bedford, asesor de políticas del Fondo de Defensa Legal (LDF), dijo a Factchequeado que en su organización “equiparamos la SAVE Act a un impuesto al voto (poll tax)” debido a que obtener los documentos necesarios “supondrá un costo económico”.
Los “impuestos al voto” se instauraron en la década de 1890 “como un medio legal para impedir que los afroamericanos votaran en los estados del sur”. La Vigésima Cuarta Enmienda prohibió “el uso de impuestos electorales para las elecciones federales” en 1964 y la Corte Suprema declaró inconstitucionales los pagos “de impuestos electorales para las elecciones estatales hasta 1966”, según recoge el Museo Nacional de Historia Estadounidense.
Pretende resolver un “problema que no existe”
Si bien se han registrado unos pocos casos (o posibles casos) de votos de no ciudadanos en elecciones estadounidenses, múltiples estudios muestran que esto no ocurre a una escala que pueda llegar a alterar los resultados de las elecciones. Ni siquiera llegan cerca del 1% de los votos.
El reporte del Centro para la Innovación y la Investigación Electoral (CEIR) sobre afirmaciones de registros y votantes no ciudadanos hasta diciembre de 2025 encontró que “las acusaciones generalizadas sobre el registro o el voto de no ciudadanos parecen derivar de malentendidos, tergiversaciones o invenciones absolutas en torno a datos electorales complejos”. Cuando se investigan adecuadamente, “la cifra de presuntos casos se reduce drásticamente”, agrega el informe.
En Luisiana, donde republicanos han ganado todas las elecciones presidenciales desde 2000, una investigación de votos de no ciudadanos utilizando la base de datos del Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE) de USCIS, que la administración Trump implementó para los gobiernos estatales y locales en 2025, identificó inicialmente 390 votantes registrados como posibles no ciudadanos. De estos, 79 votaron al menos una vez durante un periodo de más de 40 años (los registros fueron de hasta la década de 1980). Un análisis del Brennan Center estima que esa cifra es solo una muy pequeña fracción (0.0001%) comparada con los 74 millones de votos en Luisiana desde la década de 1980, pero señalan esos son casos no confirmados.
En Utah, donde también han ganado únicamente candidatos presidenciales republicanos desde 1968, una revisión similar (realizada entre abril de 2025 y enero de 2026) de 2 millones de votos, encontró solo un caso de un posible no ciudadano registrado para votar; sin embargo, el estudio también indica que esa persona nunca ha participado en los comicios y fue removida de los registros tras la investigación. Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en Luisiana y Utah con 441,635 y 321,252 votos de diferencia, respectivamente, según la agencia AP.
Asimismo, en una revisión inicial de 49.5 millones de registros de votantes que fueron verificados utilizando la herramienta SAVE de USCIS, se remitieron alrededor de 10,000 casos para una investigación más exhaustiva, lo que equivale a 0.02% de los nombres procesados, según un artículo de The New York Times publicado el 14 de enero de 2026. Pero esta cifra no determina que todos sean registros fraudulentos. Por ejemplo, la herramienta identificó a 15 posibles no ciudadanos de 176,000 nombres que se examinaron en Florida. De este grupo, 3 personas registradas fueron añadidas a los padrones electorales por error (es decir, no tuvieron la intención de registrarse para votar) y 2 ya enviaron la documentación para demostrar su ciudadanía.
Sweren-Becker, del Brennan Center, dijo que “La Ley SAVE no soluciona nada. Todas las pruebas disponibles, incluso de la propia administración Trump, indican que solo las personas ciudadanas estadounidenses votan en las elecciones, y las excepciones son extremadamente raras”.
Con el apoyo de la SAVE America Act, dijo Bedford, la administración actual “está intentando erigir estas barreras sumamente discriminatorias para el acceso a las urnas, al tiempo que afirma estar resolviendo un problema que no existe”.
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