MENÚ
Por primera vez, el 29 de abril de 2026, Estados Unidos imputó y pidió la extradición de un gobernador mexicano en funciones y de otros 9 funcionarios o exfuncionarios más del estado de Sinaloa.
Esto es lo que sabemos de la acusación que implica a los dos países en un caso sobre presuntos nexos con el tráfico internacional de drogas y que toca al partido que gobierna México y al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum, Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena.
1- ¿Cuándo y cómo se dio a conocer la imputación?
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado mexicano de Sinaloa, y otros 9 funcionarios y exfuncionarios el 29 de abril de 2026.
Estados Unidos los acusa de presunta asociación con “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “el Chapo”, señala expresamente el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
Dos días después, Rocha Moya pidió licencia temporal para separarse del cargo. Al 19 de mayo de 2026, una de las claves del caso está en una cárcel de Brooklyn: el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien se entregó en Arizona el 11 de mayo de 2026 y era uno de los 10 acusados.Fue trasladado a Nueva York y se declaró “no culpable”.
Nota importante: la acusación forma parte del expediente penal S9 23 Cr. 180 y no nació con Rocha Moya. En 2023, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, la oficina del gobierno de Estados Unidos encargada de acusar penalmente en Manhattan, abrió una investigación en contra del Cártel de Sinaloa/Los Chapitos. Esta es la novena vez que la fiscalía amplía esa acusación para sumar nuevos imputados. Quien encabeza la acusación es el fiscal federal Jay Clayton. La jueza federal Katherine Polk Failla, asignada al caso desde su apertura, supervisará el proceso y eventualmente dictará sentencia. .
Puedes leer la acusación en español aquí y en inglés, acá.
2- Antes, ¿quiénes son “Los Chapitos”?
Según la imputación, la organización de “Los Chapitos” es una facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el narcotraficante sentenciado a cadena perpetua por un jurado federal de Nueva York el 12 de febrero de 2019. Los cuatro hijos señalados como parte de la organización son Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán.
De acuerdo con el DOJ, tras la extradición de “El Chapo” en 2017, asumieron el control de la red familiar de tráfico y desde 2024 se enfrentan en “una guerra interna” con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada, otro presunto narcotraficante detenido en Estados Unidos desde el 25 de julio de 2024.
El expediente indica que el gobernador Rocha Moya y los demás funcionarios les habrían dado protección a cambio de pagos mensuales y control sobre sus policías estatales.
La administración de Donald Trump, en febrero de 2025, designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).
3- Ahora, ¿quiénes son los 10 imputados y de qué los acusan?
Estos son los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el gobierno de Estados Unidos y los delitos que se les imputan. Las penas para estos cargos podrían alcanzar un mínimo de 40 años de cárcel, según el DOJ.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal para separarse del cargo:
El origen político de la historia se remonta a 2021, durante la campaña para la
de Sinaloa. De acuerdo con la imputación, antes de las elecciones de junio de ese año, Rocha Moya se reunió con Iván y Ovidio Guzmán López en un rancho de Sinaloa, en encuentros custodiados por sicarios armados con ametralladoras.
Durante las reuniones, señalan, los líderes de “Los Chapitos” prometieron apoyar su candidatura; a cambio, el político habría ofrecido colocar en puestos estratégicos del gobierno estatal a funcionarios favorables al cártel, si ganaba los comicios. Dato: Estados Unidos le revocó la visa al gobernador en 2025. Sinaloa lo gobernó el PRI (Partido Revolucionario Institucional) hasta el 31 de octubre de 2021. Morena llegó a la gubernatura el 1 de noviembre de 2021 con Rocha Moya. Pero la acusación imputa conductas que arrancan mucho antes.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas:
Según la acusación, otro de los imputados, el entonces futuro secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, en ese tiempo en campaña, entregó a los Guzmán una lista con nombres y direcciones de los rivales electorales de Rocha Moya, con el objetivo de que fueran “intimidados y forzados a retirarse de la contienda”.
El día de la elección, siempre según el relato de los fiscales, sicarios del cártel robaron urnas, secuestraron opositores y amenazaron a votar en casillas de ciudades como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Elota, mientras los mandos de la Policía Estatal ordenaban a sus agentes mantenerse alejados de los centros de votación, incluso cuando recibían llamadas denunciando delitos.
Enrique Inzunza Cázarez, senador federal y exsecretario general de Sinaloa:
Tras la victoria para gobernador, los fiscales describieron una segunda ronda de reuniones entre Rocha Moya, su entonces secretario general, Enrique Inzunza Cázarez, y líderes del cártel. En ellas, el nuevo gobernador habría prometido consolidar el control de “Los Chapitos” sobre las corporaciones de seguridad del estado: la Fiscalía General de Sinaloa, la Policía de Investigación, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán.
Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general del estado:
La acusación señala que Castro Zaavedra, vicefiscal general de Sinaloa desde octubre de 2021 hasta ahora, y funcionario de la Fiscalía estatal en distintos cargos desde 1998, aparece en las listas manuscritas del cártel bajo el alias “Culiacán Regio”. Según el documento, habría recibido durante al menos 3 años sobornos mensuales en efectivo de unos 200,000 pesos (unos 11,000 dólares) a cambio de avisar al cártel de operativos coordinados con la DEA contra laboratorios y bodegas.
Los fiscales precisan en la acusación que obtuvieron la información a través del “jefe de plaza” de Culiacán, que le indicaba qué laboratorios y qué integrantes de “Los Chapitos” estaban en la mira de la DEA. Con esos avisos, afirma la imputación, los narcotraficantes alcanzaban a destruir o trasladar pruebas antes de cada operativo. Añade que ordenaba detener a rivales del cártel en lugar de a sus miembros y que entregaba información sobre investigaciones en curso, cateos e incautaciones planificadas por el Ejército y la Marina de México.
Marco Antonio Almanza Áviles, exjefe de la Policía de Investigación:
Según la acusación, Marco Antonio Almanza Áviles encabezó la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa desde aproximadamente 2017 hasta noviembre de 2022. En las listas manuscritas de la nómina del cártel figura bajo el alias “R1” y se le atribuye haber recibido alrededor de 300,000 pesos mensuales (unos 16,670 dólares) en efectivo de “Los Chapitos”. Los fiscales afirman que, hacia 2017 o 2018, se reunió en persona con Iván y Ovidio Guzmán en un rancho de Sinaloa para sellar el acuerdo: a cambio del dinero, habría dejado operar a la facción sin interferencia y así permitir el tránsito de precursores químicos para fentanilo por el estado, librar órdenes de detención contra rivales del cártel cuando se lo pedían y entregar información reservada sobre operativos del Ejército y la Marina mexicanas contra laboratorios y casas de secuestro.
La imputación añade un detalle: hasta 2020, habría cobrado “cuotas” directamente a laboratorios de metanfetamina ajenos a “Los Chapitos” para encarecer la operación y beneficiarse personalmente, además de ordenar la liberación de miembros del cártel detenidos por delitos de drogas.
Alberto Jorge Contreras Núñez alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación:
Según la acusación, sucedió a Almanza Áviles al frente de la Policía de Investigación entre noviembre de 2022 y febrero de 2026. Heredó también el alias “R1” en la nómina del cártel y el mismo monto: cerca de 300,000 pesos mensuales (unos 16.670 dólares).
Los fiscales sostienen que su designación fue hecha por el gobernador Rocha Moya con la aprobación explícita de los líderes de “Los Chapitos”. A cambio del soborno, habría permitido a la facción operar libremente. Señala el documento que ordenó la liberación de integrantes detenidos por narcotráfico, ayudó en la protección de cargamentos en tránsito hacia Estados Unidos y apoyó al cártel a localizar y eliminar a sus enemigos.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública:
El 11 de mayo de 2026, Mérida Sánchez, militar retirado, fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y renunció en diciembre de 2024. Estados Unidos dice que recibía 100,000 dólares mensuales en efectivo a cambio de garantizar que la Policía Estatal, bajo su mando, no estorbara las operaciones de “Los Chapitos”. Eso implicaba no detener a sus miembros, avisarles con antelación de redadas a laboratorios y ordenar la captura de rivales del cártel.
Como ejemplo concreto, el documento sostiene que solo en 2023 advirtió a la facción de al menos 10 operativos contra laboratorios de drogas, lo que permitió evacuar personal y narcóticos antes de la llegada de la policía. Mérida Sánchez se entregó en Arizona a las autoridades de Estados Unidos. Fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York, en Brooklyn, donde se declaró “no culpable”. Su representante es Sarah Krissoff, exfiscal adjunta de esa misma corte.
José Antonio Dionisio Hipólito "Tornado", ex subdirector de la Policía Estatal:
La acusación lo describe en tres etapas dentro de la Policía Estatal de Sinaloa: comandante entre 2012 y 2016, subdirector entre 2017 y 2022, y de nuevo comandante de 2022 a julio de 2024. En las listas del cártel aparece como “Tornado”, con pagos de unos 100,000 pesos mensuales (alrededor de 5,450 dólares), aunque el expediente se refiere también a un esquema de 6,000 dólares mensuales en efectivo. Según los fiscales, se reunió con Iván y Ovidio Guzmán para confirmar que él y sus comandantes estaban “al servicio” del cártel y recibió de los líderes una radio para mantener comunicación directa y avisarles sobre operativos antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública.
La imputación le atribuye haber colocado a otros agentes “en la nómina de Los Chapitos” en cargos clave dentro de la Policía Estatal. EE. UU. le atribuye otras tres conductas: 1) Habría vendido munición y cargadores para rifles de asalto directamente a miembros del cártel. 2) Habría modificado informes de detención para que los integrantes capturados figuraran como desarmados, lo que después facilitara ordenar su liberación. 3) Habría permitido que el cártel vendiera droga abiertamente en la calle y que sus miembros portaran armas sin que los agentes a su mando intervinieran.
Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán:
En el ámbito municipal, la acusación señala que el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, habría recibido más de 10,000 dólares mensuales desde 2022 para permitir que la facción de “Los Chapitos” operara sin interferencia del gobierno local. Según el documento, usaba su autoridad sobre la Policía Municipal de Culiacán para garantizar que el cártel circulara libremente, protegía las operaciones de tráfico de drogas dentro de su jurisdicción y evitaba que sus miembros fueran detenidos.
Los fiscales lo presentan como una de las figuras que permitieron a “Los Chapitos” consolidar el control sobre la policía municipal y mantener a la capital sinaloense como un entorno sin estorbos para sus actividades.
Juan Valenzuela Millán "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán:
El comandante Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, habría administrado una bolsa de aproximadamente 41,000 dólares mensuales que se repartía entre él y más de 40 agentes municipales. A cambio le darían a la organización criminal un “acceso total a patrullas, radios y recursos de la corporación policial.
Valenzuela Millán enfrenta los mismos cargos que el resto más otro por secuestro con resultado de muerte: el plagio, tortura y asesinato, en octubre de 2023, de una fuente confidencial de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y uno de sus familiares. La pena conlleva a cadena perpetua obligatoria.
¿Cómo funcionaba la presunta nómina del narco?
La acusación estadounidense dibuja un entramado de sobornos mensuales pagados en efectivo a funcionarios clave. Lo hace apoyándose en un elemento central: listas manuscritas con alias y montos, obtenidas en México durante la investigación. En esas hojas aparecen referencias como “Culiacán Regio” para el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, “R1” para los jefes de la Policía de Investigación, “Tornado” para el mando estatal José Antonio Dionisio Hipólito y “Juanito” para el comandante municipal Juan Valenzuela Millán.
Según el documento, esas listas muestran pagos mensuales de aproximadamente 200,000 pesos al vicefiscal (unos 10,893 dólares), 300,000 pesos a los jefes de la Policía de Investigación (unos 16,670 dólares), 100,000 pesos a “Tornado” (unos 5,450 dólares) y 30,000 pesos a “Juanito” (unos 1,667 dólares).
A cambio, afirman los fiscales, estos funcionarios se comprometían a realizar una serie de tareas: evitar la detención de miembros de “Los Chapitos”, liberar a los que eran arrestados, no interferir en sus operaciones y suministrarles información sobre cateos e investigaciones en curso.
¿Qué rutas y métodos describe la acusación?
La imputación señala rutas y métodos del tráfico de drogas. Detalla embarcaciones, avionetas privadas, vehículos con compartimentos ocultos, remolques con mercancías comerciales, equipajes y “mulas” que cruzan por los puertos de entrada oficiales. También menciona túneles entre México y Estados Unidos y “vuelos negros” en los que los pilotos apagan los transpondedores para volar sin ser detectados.
La acusación enumera varios decomisos en Estados Unidos entre 2022 y 2025.
Mayo de 2022: las autoridades federales incautaron en Phoenix unas 189,000 pastillas de fentanilo, 2 kilos de fentanilo en polvo, medio kilo de cocaína y 15 libras de metanfetamina, cargamento que se atribuye al cártel.
Julio de 2022: decomiso de aproximadamente 5,000 kilos de metanfetamina en el sur de California, cerca de la frontera.
Agosto de 2022: agentes estadounidenses encontraron en una casa de seguridad en Phoenix 41.2 kilos de fentanilo en polvo, 630,000 pastillas de fentanilo, más de 5 kilos de heroína y más de 5 kilos de cocaína, junto con 22,000 dólares en efectivo; algunos paquetes llevaban sellos con la palabra “Chapiza” y el alias “Ratón”, identificados como símbolos de “Los Chapitos”. En decomisos posteriores, entre 2023 y 2025, se reportan cientos de kilos de metanfetamina líquida, cocaína y miles de pastillas de fentanilo con un valor estimado de millones de dólares.
Los fiscales vinculan estos cargamentos con un impacto directo en Estados Unidos: señalan que el fentanilo, más de 50 veces más potente que la heroína, se ha convertido en una de las principales causas de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años, y que la mayor parte del fentanilo que llega hoy al país proviene de traficantes radicados en México, encabezados por el Cártel de Sinaloa.
Presunto secuestro y homicidio de un testigo protegido por la DEA
La acusación dedica un capítulo específico a un episodio ocurrido en octubre de 2023. Ese mes, de acuerdo con el documento, el comandante municipal Juan Valenzuela Millán y agentes bajo su mando participaron en el secuestro de Alexander Meza León, una fuente confidencial que colaboraba con la DEA, y de un familiar suyo, identificado como “Familiar-1”.
Los fiscales sostienen que la orden vino de Iván Guzmán y otro miembro principal de “Los Chapitos”, en represalia por la información que Meza León habría proporcionado a las autoridades estadounidenses. Según el relato, agentes municipales detuvieron al informante y a su familiar en una patrulla, en apariencia como parte de un operativo regular, pero en realidad para entregarlos a sicarios del cártel.
Ambos fueron torturados y asesinados, y se afirma que entre las víctimas de ese episodio había un menor de 13 años.
Según la acusación, la estructura policial municipal se utilizaba no solo para proteger el tráfico de drogas, sino también para eliminar a posibles testigos que colaboran con Estados Unidos.
¿Por qué un tribunal de Nueva York puede juzgar esto?
Según los fiscales, Estados Unidos tiene jurisdicción bajo el principio de efectos extraterritoriales. Las leyes federales de narcóticos y secuestro permiten perseguir conductas ocurridas en el extranjero cuando se conspira para introducir droga en el mercado estadounidense o cuando la víctima es un informante del gobierno de Estados Unidos.
El 30 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió “pruebas contundentes” al gobierno de Estados Unidos sobre estas nuevas imputaciones. El 1 de mayo de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) de México anunció que no ejecutaría las detenciones provisionales por considerar que “no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia”.
El mismo 1 de mayo de 2026, Rocha pidió licencia para dejar temporalmente el cargo mientras avanzaban las investigaciones y tachó las acusaciones de “falsas y dolosas”. El 2 de mayo de 2026, el Congreso de Sinaloa nombró gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde.
Después, el 6 de mayo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una nota diplomática a Washington exigiendo pruebas materiales.
La fiscalía general mexicana sostiene que los documentos enviados, incluida una imagen de una presunta "narco-nómina", no alcanzan el estándar del sistema penal acusatorio mexicano para vincular a proceso. Morena denunció que la divulgación pública por el DOJ violó la confidencialidad prevista en los instrumentos bilaterales.
México puede solicitar pruebas adicionales bajo el Artículo 12 del Tratado de Extradición México–Estados Unidos, que se titula precisamente “Pruebas Adicionales”. Permite que México, en lugar de rechazar la extradición de plano, solicite a Estados Unidos más evidencia y complete el expediente antes de decidir si lleva a cabo la extradición.
Hasta ahora, oficialmente solo 1 de los 10 funcionarios y exfuncionarios se ha entregado. La FGR mantiene su negativa a ejecutar detenciones provisionales. Medios mexicanos dicen que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, también se entregó a las autoridades de Estados Unidos, pero Factchequeado no lo pudo confirmar.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Lee también:
Desinformaciones sobre los disturbios en México tras la muerte de ‘El Mencho’
¿Por qué es tan peligroso el fentanilo y cómo reducir el riesgo de sobredosis?
