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La administración del presidente Donald Trump amplió la discrecionalidad con la que un funcionario de inmigración puede negar la residencia permanente (green card) a una persona que recibe o podría recibir beneficios sociales, incluidos los programas de Medicaid y de ayuda para alimentos, bajo el supuesto de que dependería principalmente de estos beneficios para vivir y representaría una futura “carga pública” para el país.
El cambio se publicó el 20 de julio de 2026 en el Registro Federal y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
El término “carga pública” se refiere a una regla de inmigración que permite decidir si una persona podría depender de recursos públicos. Es una de muchas causales de inadmisibilidad para las personas extranjeras que solicitan un ajuste de estatus migratorio y están tramitando su residencia permanente. Y la ley no ha cambiado, lo que hace el gobierno de Trump es anular la regulación de 2022 bajo el gobierno de Joe Biden y modificar la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpreta e implementa el motivo de inadmisibilidad de carga pública.
Con Biden solo se tomaban en cuenta los beneficios en efectivo (como el programa de ingreso suplementario SSI, la ayuda económica a familias con niños menores TANF y la asistencia general estatal o local) y el uso de Medicaid para institucionalización de largo plazo. No se consideraba SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como cupones de alimentos), la mayoría de Medicaid, la vivienda pública, WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños) o CHIP (Programa de Seguro Médico para Niños).
Con el cambio implementado bajo Trump, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) no se limitarán a comprobar si la persona tiene un patrocinador y no recibe ayuda gubernamental en efectivo sino que deberán evaluar la edad, la salud, los ingresos, las deudas, el nivel educativo y el uso reciente de varios beneficios públicos. Una vez analizado, “caso por caso”, el oficial decidirá si es “probable” que dependa de esos programas en el futuro. Si considera que sí, le podrá negar la residencia permanente. Es decir, no será “elegible”.
El DHS aplicará los cambios a solicitudes de admisión presentadas “a partir o después” del 18 de septiembre de 2026 y a solicitudes de ajuste de estatus enviadas “a partir o después” de esa fecha.
Cualquier solicitud pendiente, presentada o que lleve marca postal del 17 de septiembre de 2026, o antes, será evaluada bajo la regla actual de 2022, explica el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés).
¿A quién afecta la carga pública?
Afecta a personas que solicitan su residencia permanente mediante una petición familiar o de empleo y están dentro de Estados Unidos.
Para aquellas personas que hacen una solicitud desde fuera del país o deben salir de Estados Unidos para obtener su “green card”, la determinación sobre la carga pública quedará en manos de los consulados y las embajadas, detalla la ILRC.
¿En qué casos no afecta la carga pública?
Según la norma, no aplica a personas refugiadas y asiladas, ni a quienes obtienen alivio migratorio mediante la visa U (para víctimas de ciertos delitos), la autopetición bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés) o el estatus de Joven Inmigrante Especial (SIJ). Tampoco a quienes soliciten o renueven DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) o son beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).
¿Qué beneficios se consideran carga pública?
La nueva norma no describe los beneficios y programas específicos que se evaluarán, dice: “Utilizando el buen juicio y la discreción, los funcionarios evaluarán con mayor precisión la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento”.
El abogado de inmigración Armando Olmedo dijo a Univision que no se sabe si tener un beneficio social o no será suficiente para negar una residencia permanente u otro tipo de visa. “Tiene que ir con un abogado. Aquí no hay opción”, recomienda. “Si estás recibiendo beneficios más vale que te asesores con un abogado. Porque tiene que determinar si en verdad hay más factores positivos que pesen más que los negativos para que le otorguen los beneficios”.
Algunos de los programas sociales y de asistencia pública en Estados Unidos son:
SNAP: Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (conocido como cupones de alimentos). Dinero electrónico para alimentos, no es dinero en efectivo.
Medicaid: programa conjuntamente financiado por el gobierno federal y los estados que ofrece seguro médico gratuito o de bajo costo a personas con ingresos y recursos económicos limitados. Las reglas varían según el estado, pero en general está dirigido a familias de bajos ingresos y niños; mujeres embarazadas, personas con discapacidad o mayores de 65 años.
SSI: Seguridad de Ingreso Suplementario. Programa federal que entrega pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o tienen una discapacidad.
TANF: Asistencia Temporal para Familias Necesitadas. Programa que entrega ayuda económica temporal y otros apoyos a familias de bajos ingresos con hijos, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y promover el empleo o la estabilidad económica y laboral de la familia.
CHIP: Programa de Seguro Médico para Niños. Ofrece cobertura médica de bajo costo a niños de familias que ganan demasiado para calificar para Medicaid, pero no lo suficiente para pagar un seguro privado.
WIC: Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños. Ofrece alimentos, apoyo para lactancia, educación nutricional y ayuda con servicios de salud para mujeres embarazadas, madres recientes, bebés y niños pequeños de bajos ingresos.
Sección 8, asistencia de vivienda: programas de ayuda para pagar el alquiler de viviendas privadas o subsidiadas. En general, están dirigidos a familias de bajos ingresos, personas mayores y personas con discapacidades. Incluyen, por ejemplo, los vouchers de vivienda y ciertos programas de alquiler subsidiado.
Existen otros beneficios federales, estatales o locales basados en ingresos que pueden incluir asistencia en efectivo, alimentos, vivienda, salud, energía o transporte.
¿Qué impacto puede tener la nueva regla de carga pública en las familias inmigrantes?
“Al eliminar estas salvaguardas y no ofrecer nada en su lugar, abre el proceso a la influencia política y al sesgo personal”, indica la organización sin fines de lucro y no partidista Coalición para Proteger a las Familias Inmigrantes (PIF).
Detalla que 725 organizaciones representadas por su coalición se opusieron a la propuesta del cambio en la regla en diciembre de 2025. El DHS recibió 8,846 comentarios sobre la norma antes de ser aprobada y refiere que “la mayoría de los cuales se oponían a ella”, sobre todo por los efectos que podría tener en la población infantil que necesita comida y atención médica. Pese a eso, el DHS dice que publicó la norma final “tal como se propuso”.
Trump endureció por primera vez la carga pública en febrero de 2020, pero en noviembre de ese mismo año un juez federal en Illinois la anuló a nivel nacional por violar la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) y considerarla “arbitraria y caprichosa”, y que excedía la autoridad que le daba la ley de inmigración.
Las organizaciones temen que la nueva política genere un efecto disuasorio. Una encuesta realizada en 2021 mostró que el 46% de las personas de familias inmigrantes que necesitaban cuidados o ayuda durante la pandemia no lo solicitaron, debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración.
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