El presidente Donald Trump abrió un nuevo capítulo en su enfrentamiento con los medios de comunicación en Estados Unidos cuando el 18 de septiembre de 2026 anunció, con un mensaje en su cuenta de Truth Social, que vetaría a CNN, MS NOW (antigua MSNBC) y Político, “como resultado de sus constantes ‘informes’ ¡NOTICIAS FALSAS!”. Al día siguiente, agentes del Servicio Secreto impidieron el acceso a las reporteras de esos tres medios a la Casa Blanca y funcionarios de la administración desactivaron sus acreditaciones de prensa.
El 22 de septiembre, las tres empresas afectadas demandaron al gobierno, calificando la prohibición de “flagrante violación” de la Primera Enmienda constitucional por estar basada, como reconoció Trump, en el contenido de su cobertura, como un informe de CNN sobre “detalles de construcción ‘ultrasecretos’ relacionados con el búnker del Ala Este”; una información de MS NOW sobre “una supuesta investigación por filtración”; y la publicación por parte de Politico de “un documento que detallaba la financiación del salón de baile de la Casa Blanca (...) con descripciones minuciosas sobre cómo el Servicio Secreto invertiría en mejoras de seguridad”, de acuerdo con cartas enviadas la mañana de ese día a los medios vetados según reseña de la agencia de noticias The Associated Press (AP).
El contenido de esas cartas se conoció el 23 de septiembre con el escrito que presentaron los abogados de la administración en la audiencia de presentación de argumentos ante el juez federal de distrito Timothy Kelly,
La posición de la Casa Blanca expresada ante el juez Kelly por los abogados de la Presidencia es que "la Primera Enmienda protege su derecho a publicar; no les da derecho a un pase permanente, un asiento en la sala de prensa o un lugar en el pool de prensa". Pero la víspera, Trump escribió que no se trataba de “un ataque contra la Prensa Libre, algo que aprecio” sino contra las noticias falsas y añadió que eso “es una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
Ese argumento de seguridad nacional (y no el de la naturaleza de los contenidos publicados por los tres medios) destaca en el escrito que presentaron en corte los abogados de la administración, quienes argumentaron que la prohibición no viola la Primera Enmienda y sostuvieron que los medios sancionados infringieron las “normas de profesionalismo y decoro que se esperan de quienes tienen acceso al complejo de la Casa Blanca, incurriendo en prácticas como la difusión de falsedades verificables sobre seguridad nacional”.
Por su parte, los abogados de los medios, calificaron la prohibición de “castigo irrazonable y sin precedentes” y afirmaron que no hubo “ni el menor atisbo de debido proceso”, siguiendo la línea del comunicado conjunto presentado el día anterior por los tres medios sancionados en el dijeron que buscan defender “el principio de que el gobierno no decide lo que la prensa informa o publica".
El pulso es una nueva prueba a las protecciones que otorga la Primera Enmienda de la Constitución que protege de manera casi irrestricta la libertad de expresión, al indicar que “el Congreso no promulgará ley alguna con respecto al establecimiento de una religión ni que prohíba el libre ejercicio de la misma; ni que coarte la libertad de expresión o de prensa; ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios”.
Pero ¿puede Trump hacer eso?
Al finalizar de escuchar los argumentos de las partes, el juez Kelly cerró la audiencia sin pronunciarse de inmediato sobre la solicitud de los medios de comunicación afectados de emitir una orden de restricción para restablecerles el acceso a la Casa Blanca.
“[Trump] está estirando al límite una relación entre medios y gobernantes de Estados Unidos, que siempre se ha distinguido por una libertad de acción que ahora vemos totalmente mancillada y está yendo incluso en contra de la Primera Enmienda porque no le toca a un funcionario público limitar el acceso a un espacio público a los medios”, dijo a Factchequeado Martha Citlalin Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Eso se conoce legalmente como "discriminación por punto de vista", cuando el gobierno castiga a los medios por lo que dicen o publican. Ese principio legal está en juego en los casos judiciales sobre el trato de Trump hacia los medios y también en esta demanda de CNN, MS Now y Político.
La demanda también dice que se están violando las garantías reconocidas en la Quinta Enmienda, que consagran el derecho al debido proceso, porque el bloqueo de los periodistas de estos medios no siguió el protocolo adecuado, que incluye el derecho de los afectados a ser notificados a tiempo y a defenderse.
No existe una norma que fuerce a la Casa Blanca a admitir a todos los periodistas en todos los eventos. Pero sí existe un sistema de acreditación que administra y acceso a la prensa y, según establece la Constitución, Trump y su gobierno no pueden administrarlo arbitrariamente ni tomar represalias contra el periodismo.
Hay un precedente. En el caso conocido como Sherrill v. Knight, de 1977, se dictaminó que cuando la Casa Blanca otorga credenciales de prensa, la denegación no puede ser arbitraria ni basarse en motivos constitucionalmente inadmisibles. En esa ocasión el tribunal exigió que se presente una razón suficientemente sólida, se notifique los fundamentos, se dé una oportunidad para que el periodista responda y se entregue una decisión final por escrito.
“El acceso a la Casa Blanca es para todos, es la ‘Casa del Pueblo’, y todos tienen derecho a saber lo que ocurre allí todo el tiempo a través de fuentes de periodismo independiente. El presidente está allí de forma temporal y la prensa siempre debe estar presente para realizar un escrutinio de cómo trabaja la Presidencia”, dijo a Factchequeado José Zamora, director regional para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y miembro de la junta directiva de Factchequeado.
“Si no se deja entrar a los medios independientes y la única fuente de información sobre la Casa Blanca es propaganda estatal, ya no hay información independiente. Esto es grave porque va mucho más allá de los tres medios vetados: se trata del derecho del público a recibir información independiente sobre su gobierno”, afirmó Zamora.
AP y otros ejemplos de la pugna de Trump contra los medios
Un caso similar al que afecta a CNN, MS NOW y Político se produjo el 11 de febrero de 2025, cuando Trump cortó el acceso de reporteros de la agencia de noticias AP (The Associated Press) al Despacho Oval, el Air Force One y otros eventos en represalia por la decisión del medio de no adoptar en sus reportajes el nombre del golfo de América con el que dos días antes el presidente había rebautizado al golfo de México mediante una orden ejecutiva.
AP presentó una demanda y en abril de 2025 el juez federal Trevor McFaden ordenó que se restituyera el acceso a la AP con el argumento de que “según la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas, ya sea a la Oficina Oval, el East Room o cualquier otro lugar, no puede entonces cerrarles las puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista".
Pero la Casa Blanca apeló la decisión y la corte mantuvo la restricción mientras se decide el caso.
Trump ha emprendido otras acciones legales contra una variedad de medios, incluidos The New York Times, por dos artículos de 2024 y un libro de dos de sus periodistas que asegura que difamaron su trayectoria como empresario y buscaban perjudicarlo políticamente; The Wall Street Journal, por atribuirle una tarjeta incluida en un libro de felicitaciones en el cumpleaños 50 de Jeffrey Epstein; y contra la BBC, a la que acusa de manipular en un documental su discurso del 6 de enero de 2021 para hacer parecer que pidió a sus seguidores atacar el Capitolio. En estas dos últimas, demandó una compensación de 10,000 dólares a cada medio.
“Hay varias posturas que ha tenido el presidente Trump contra los medios que no se sustentan en la democracia que ha construido Estados Unidos. Nos sorprende verlo en nuestros países latinoamericanos; nos sorprende mucho más que pueda suceder en Estados Unidos (…). Se está sentando un precedente con cada uno de estos casos que han ido sucediendo prácticamente desde que inició su segundo mandato", dijo Martha Citlalin Ramos, de la SIP.
Otro caso es el del Departamento de Defensa (rebautizado por la actual administración como de Guerra), que el 15 de octubre de 2025 revocó las acreditaciones de prensa a los medios que no aceptaron firmar una nueva regla que les impediría publicar contenido que no hay sido aprobado previamente por el Pentágono. Solo la cadena conservadora One America News (OAN) aceptó hacerlo, según este reporte de la agencia AP. El resto del cuerpo de prensa que trabajaba en la sede del departamento entregó sus pases.
El 20 de marzo de 2026, el juez federal Paul L. Friedman, del Distrito de Columbia, falló a favor del New York Times al decidir que se habían violado la Primera y Quinta Enmiendas y ordenó reinstalar de inmediato los pases del Pentágono. El gobierno apeló la decisión y la corte permitió que el Pentágono exija que los reporteros estén acompañados por escoltas.
Qué se puede esperar del proceso judicial
Zamora del CPJ considera que esos fallos dan la razón a los medios y que eventualmente prevalecerán en su pulso con el gobierno.
“La ley es clara y se trata de un principio constitucional fundamental de la democracia de EE. UU. Aunque estos procesos judiciales toman tiempo, al final el resultado será el mismo: el acceso al gobierno no debe utilizarse como recompensa por una cobertura favorable ni como castigo por una cobertura crítica”, aseguró.
Al inicio de la audiencia de emergencia, el juez Kelly recordó a las partes que debe guiarse por los precedentes, a lo que los abogados del gobierno respondieron que esas decisiones anteriores estuvieron “erradas”.
“Tal vez lo fueran, tal vez no, pero, como juez de distrito, tengo que aplicarlas”, dijo Kelly.
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