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Los afanes del presidente Donald Trump por aumentar la injerencia del gobierno federal en el manejo de las elecciones recibió un respaldo el 25 de septiembre de 2026 cuando la Corte Suprema de Justicia autorizó el uso temporal de un sistema de datos para que los estados verifiquen la ciudadanía de los electores y depuren sus padrones de votantes.
La Corte Suprema anuló la prohibición de usar la base de datos SAVE para revisar el estatus legal de los votantes. Esa prohibición la había establecido una corte federal y mantenido una corte de apelaciones. La Verificación Sistemática de Beneficios para Extranjeros (SAVE, por sus siglas en inglés) es una base de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se usa tradicionalmente para que las agencias federales, estatales y locales certifiquen información migratoria de personas que solicitan ciertos beneficios o licencias.
El sistema SAVE fue creado en 1986 y es administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), parte del DHS. Fue ampliado por una orden ejecutiva de Donald Trump del 25 de marzo de 2025 para que funcionarios estatales y locales pudieran contrastar registros electorales con datos federales, incluyendo consultas relacionadas con números de Seguro Social y ciudadanía.
El 22 junio de 2026, la jueza federal de distrito Sparkle Sooknanan bloqueó ese uso de la versión ampliada de SAVE con el argumento de que, probablemente, el cambio había infringido protecciones federales de privacidad y que podía contribuir a que votantes ciudadanos fueran identificados erróneamente o removidos de los padrones.
Mientras la administración Trump sostiene que SAVE es una herramienta para identificar a no ciudadanos inscritos irregularmente para votar, grupos de derechos electorales que presentaron la demanda, como la Liga de Mujeres Votantes y el Centro de Información de Privacidad Electrónica, advierten que la base de datos puede generar errores, exponer datos personales o excluir erróneamente a ciudadanos elegibles.
En su fallo, la jueza Sooknanan afirma que el Gobierno usó “de forma arbitraria la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que no eran fiables” y que los estados “están eliminando activamente a ciudadanos estadounidenses de los padrones electorales basándose en información inexacta”.
Pero la Corte Suprema argumentó al ordenar la suspensión del bloqueo de Sooknanan que “el Gobierno federal tiene la obligación de atender las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes” y que el bloqueo de Sooknanan impide que “utilice el programa que considera más adecuado para dicha tarea”.
Los problemas de “imprecisión” de SAVE
Los grupos que demandaron al Gobierno por el uso del SAVE ampliado aseguran que las modificaciones reducen la precisión del sistema y que se infringieron procedimientos legales, como la Ley de Seguridad Social, que impide que los datos de los registrados sean compartidos fuera de lo previsto en la ley (que no contempla la certificación de ciudadanía); la Ley de Privacidad, que protege a las personas de la “invasión” del Gobierno federal en la vida privada de las personas e impide la creación de un banco nacional de datos, que es lo que los demandantes aseguran que está haciendo la administración Trump con el SAVE ampliado.
Además, señalan que la propia Administración del Seguro Social (SSA) ha reconocido que su base de datos sobre ciudadanos —especialmente en cuanto a ciudadanos naturalizados y a aquellos nacidos en EE. UU. antes de 1981— es incompleta.
En una carta del 13 de julio del 2023, la Oficina del Consejero General de la SSA respecto a una solicitud de información en el caso de Mi Familia Vota v. Fontes, una demanda contra leyes de Arizona relacionadas con pruebas de ciudadanía y requisitos de registro de votantes, indica que aunque “los registros de la SSA ofrecen indicios sobre la ciudadanía, no proporcionan información definitiva respecto a la ciudadanía estadounidense”.
La SSA no mantiene los datos sobre ciudadanía actualizados porque no tiene esa responsabilidad y las personas no tienen la obligación de informar sobre su estatus legal sino cuando solicitan beneficios o una tarjeta nueva.
“La SSA no es la entidad custodia de los registros de ciudadanía de los EE. UU.”, dice la carta.
Por eso, personas que se hayan registrado en el Seguro Social y que posteriormente hayan adquirido la ciudadanía podrían aparecer en la lista del SAVE ampliado como potenciales votantes no autorizados y ser excluidas injustamente en un proceso de revisión de padrones electorales, argumentan los demandantes.
La regla de los 90 días
En su decisión, la Corte Suprema reconoce que la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) prohíbe a los gobiernos estatales y locales eliminar sistemáticamente a votantes de sus padrones electorales durante los 90 días previos a las elecciones federales y que solo podrían hacerse revisiones de casos individuales, lo que limitaría el impacto de cualquier error potencial.
La disposición de la NVRA sobre la administración del registro de votantes, codificada en 52 U.S.C. § 20507(c)(2)(A) dice: “Un estado deberá completar, a más tardar 90 días antes de la fecha de una elección primaria o general para un cargo federal, cualquier programa cuyo propósito sea eliminar sistemáticamente de las listas oficiales de votantes elegibles los nombres de votantes inelegibles”.
En esa ventana de 90 días las autoridades estatales o locales no pueden aplicar un proceso general para revisar registros utilizando cruces masivos de bases de datos, envíos postales generales para confirmar domicilio, visitas o campañas de verificación puerta a puerta, Impugnaciones de terceros originadas en coincidencias de datos a gran escala o procesos de depuración basados en listados, algoritmos o lotes de presuntos no elegibles, como la base de SAVE.
En cambio, la ley sí permite que en esa ventana de tiempo una persona sea eliminada del registro electoral por solicitud propia; que se retiren inscripciones de personas fallecidas, condenadas por un delito o declaradas mentalmente incapacitadas; o que se corrijan datos personales erróneos en el padrón electoral.
La ciudadanía se presume en ciertos registros electorales, y las discrepancias en los datos pueden requerir que se le avise a la persona, se le dé la oportunidad de responder y se realicen verificaciones adicionales, de acuerdo a las leyes estatales y federales aplicables.
“A mi juicio, sin embargo, el perjuicio causado al imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el perjuicio inexistente que sufre el Gobierno cuando se le impide adoptar una medida para la cual, probablemente, carece de autoridad", expresó en su disentimiento con la decisión de la Corte Suprema la magistrada Ketanji Brown, una de las tres de la considerada “bancada liberal” del organismo.
La decisión de la Corte Suprema es temporal, adoptada por una solicitud de emergencia del Gobierno federal. El caso aún no ha sido resuelto y sigue su curso en la corte de la jueza Sooknanan. De hecho, el máximo tribunal tampoco ha indicado si el caso tiene méritos para ser escuchado por los magistrados.
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