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Si manejas en Estados Unidos, es muy probable que hayas pasado junto a una cámara Flock sin darte cuenta. Son cámaras pequeñas, montadas en postes, que fotografían cada vehículo que pasa. No son cámaras de tráfico ni ponen multas: son lectores automáticos de placas, conocidos en inglés como ALPR (Automated License Plate Reader, en inglés), que guardan la información en una base de datos que la policía puede consultar después.
Además, con inteligencia artificial (IA) crea una especie de “huella” de cada auto, independiente de la placa: registran la marca, el modelo, el color y hasta detalles como calcomanías, rayones o abolladuras. El nombre viene de la empresa que más las vende: Flock Safety, con sede en Atlanta, fundada en 2017 por Garrett Langley, Matt Feury y Paige Todd, egresados de la universidad Georgia Tech.
¿Cuántas cámaras Flock hay en Estados Unidos?
Desde Factchequeado no encontramos un conteo oficial —al menos público—, encontramos que son voluntarios quienes las registran. El proyecto más conocido es DeFlock, creado en octubre de 2024 por el ingeniero de software Will Freeman y crítico de estas cámaras. Allí los vecinos anotan dónde ven una cámara y esa ubicación se publica en OpenStreetMap, un mapa abierto que cualquiera puede consultar. Con esos datos, el sitio Finding Flock contaba 144,180 cámaras documentadas todo Estados Unidos al 20 de octubre de 2026, y casi el 80% de las que tienen fabricante identificado eran de Flock. La propia empresa Flock dice que opera más de 120,000.
Fuente: https://www.findingflock.com/stats.
Entonces, ¿son legales?
Por ahora, sí. No hay, hasta el momento, una ley federal que las regule y ningún tribunal de apelaciones las ha declarado inconstitucionales.
La discusión gira en torno a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a las personas contra registros e incautaciones irrazonables por parte de las autoridades. En determinadas circunstancias, las autoridades necesitan una orden judicial para revisar esos registrosl. ¿Fotografiar una placa es un registro? Hasta ahora, los tribunales han dicho que no, porque la placa está a la vista de todos en la calle. Chester Fernandez, profesor de Derecho en la Universidad Quinnipiac, explica que los jueces han revisado estos casos uno por uno y no han encontrado violaciones. Por ejemplo, el Quinto Circuito, la corte federal de apelaciones que cubre Texas, concluyó que en la calle no hay expectativa de privacidad. Pero Fernandez advierte que la pregunta de fondo es otra: una foto suelta no revela mucho, pero miles de fotos juntas pueden mostrar adónde va alguien todos los días. ¿Cuánto se puede seguir a una persona así antes de necesitar la orden de un juez?
Otros expertos creen que la respuesta no es sencilla. Orin Kerr, profesor de Derecho en Stanford y exfiscal federal, explicó en una conferencia reciente en esa universidad que una sola cámara se parece a un policía mirando la calle, pero una red capaz de reconstruir adónde va alguien por toda una ciudad es algo muy distinto.
“No hay una solución intermedia fácil”, dijo Kerr, quien prevé que los tribunales terminen divididos.
El 29 de junio de 2026, la Corte Suprema decidió por 6 votos contra 3, en el caso Chatrie v. United States, que obtener de Google el historial de ubicación de una persona cuenta como un registro sujeto a la Cuarta Enmienda. Ese caso no era sobre placas, pero los críticos de Flock lo usan como argumento en contra de estas cámaras. Neil Richards, experto en privacidad de la Universidad de Washington en St. Louis, sostiene que las bases de datos de Flock violan la Constitución. Y a principios de octubre de 2026 llegó el primer fallo en esa línea: según Jeff Welty, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Carolina del Norte, una jueza federal de Oklahoma concluyó que una búsqueda en Flock sin orden judicial violó la Cuarta Enmienda. La empresa respondió que espera que esa decisión sea revocada.
Cuando el abuso termina en la cárcel
Algunos casos de mal uso de estas cámaras ya llegaron a los tribunales penales. En Milwaukee, Wisconsin, el agente de la policía Josue Ayala usó en secreto la aplicación de Flock para ubicar a su pareja 124 veces, y a la expareja de ella 55 veces, según una denuncia penal presentada en febrero de 2026 y reportada por CNN. Ayala renunció y aceptó declararse culpable de intento de mala conducta en un cargo público.
Meses después, uno de los detectives que lo había investigado, Tehrangi Chapman, fue arrestado: admitió haber usado Flock para rastrear a dos personas y haber puesto un GPS escondido en el auto de una de ellas, según otra denuncia penal.
En Georgia, la Oficina de Investigaciones del estado, conocida como GBI, arrestó en julio a 5 expolicías de Albany acusados de usar mal los datos de placas y de violar su juramento, después de que una auditoría interna detectara que consultaron el sistema para asuntos que no tenían nada que ver con su trabajo.
El Institute for Justice, un bufete de interés público sin fines de lucro que también representa a los vecinos que demandaron a la ciudad de Norfolk, Virginia, cuenta al menos dos docenas de casos de agentes que renunciaron o fueron arrestados por usar estas cámaras para acosar a parejas o exparejas, según CNN. El fiscal adjunto del condado de Milwaukee, Matthew Torbenson, dijo en la audiencia de Ayala que la gran mayoría de los policías usa la herramienta de forma correcta. Flock, por su parte, lanzó una herramienta que avisa a los auditores cuando detecta búsquedas fuera de lo normal. Varios departamentos de Georgia anunciaron arrestos después de empezar a usarla, lo que sugiere que había abusos que antes no se detectaban.
¿Y qué tiene que ver ICE?
Para muchas familias inmigrantes, esta es la pregunta más importante: quién más puede ver estos datos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene contrato con Flock. Sin embargo, eso no ha impedido que agentes federales accedan a información obtenida por estas cámaras. Según datos revisados por 404 Media, un medio periodístico independiente, agentes federales pidieron a policías estatales y locales que hicieran búsquedas por ellos. Y no una ni dos veces sino más de 4,000 consultas con fines migratorios.
En agosto de 2025, Flock admitió que tenía un programa de prueba que daba a agentes federales de inmigración acceso directo a datos de policías locales, después de haberlo negado durante meses. En Illinois, el secretario de Estado, Alexi Giannoulias, del Partido Demócrata, dijo que las búsquedas de la Patrulla Fronteriza violaron una ley estatal pensada para proteger datos sobre inmigración y salud reproductiva.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington reveló que agencias federales de inmigración habían accedido a los sistemas de vigilancia de al menos 18 departamentos de policía de ese estado, utilizando la red de cámaras de Flock Safety para rastrear vehículos, muchas veces sin que ellas lo supieran. Y en Georgia, una agente de Savannah fue despedida después de prestarle su cuenta de Flock a su esposo, agente de ICE, que hizo 983 búsquedas en 6 estados, la mayoría sobre conductores hispanos, según registros obtenidos por la televisora local WJCL.
Flock Safety aseguró que suspendió sus programas de prueba con el gobierno federal, prohibió las búsquedas a nivel nacional y estatal, y restringió el acceso a los datos de los estados santuario. Asimismo, la empresa aclaró que el intercambio de información con entidades federales está desactivado de manera predeterminada y que ICE no cuenta con acceso directo a sus dispositivos.
Texas está en el centro de la pelea
Según el mapa de voluntarios DeFlock, Texas tiene al menos 17,252 lectores de placas, la segunda cifra más alta del país, luego de California, y más del 90% son de Flock. A finales de agosto de 2026, el gobernador Greg Abbott, del Partido Republicano, congeló el dinero estatal para estas cámaras. De acuerdo con el medio The Texas Tribune, lo hizo cuando sus periodistas preparaban una investigación sobre cómo una agencia estatal había dado al menos 30 millones de dólares para construir esa red. Abbott también pidió al Departamento de Transporte de Texas que dejara de dar permisos para instalarlas en carreteras estatales.
El 13 de octubre de 2026, el contralor estatal Don Huffines, también republicano, prohibió usar subvenciones del estado para comprar o contratar cámaras o sistemas de seguimiento de matrículas. Desde entonces se han desconectado al menos 900 cámaras, y 14 ciudades y condados cancelaron o redujeron sus contratos, según una investigación de The Texas Tribune, basada en las aprobaciones de presupuesto de la Autoridad de Prevención de Delitos en Vehículos Motorizados de Texas (MVCPA).
Fuente: https://www.findingflock.com/stats.
Otros estados y el Congreso también se mueven
Algunos gobernadores actuaron por su cuenta, sin esperar a sus legislaturas. El 31 de agosto de 2026, el Departamento de Transporte de Florida, bajo el gobierno de Ron DeSantis, del Partido Republicano, revocó todos los permisos policiales para estas cámaras y ordenó quitarlas de las carreteras estatales en 30 días. El 16 de septiembre de 2026, el gobernador de Missouri, Mike Kehoe, también republicano, firmó una orden ejecutiva que no prohíbe las cámaras, pero les pone reglas: la mayoría de los datos deben borrarse en 30 días, las empresas no pueden vender ni compartir la información de los conductores de Missouri y no se puede combinar con reconocimiento facial. Kehoe dijo que el gobierno no debería construir un registro permanente de adónde van los ciudadanos que cumplen la ley.
Algunos estados pusieron un límite de días para guardar los datos: Washington, desde el 30 de marzo, y Connecticut, desde el 1 de octubre, obligan a borrarlos a los 21 días, y Oregón, desde el 31 de marzo, a los 30. Otros limitaron quién puede verlos: el 4 de marzo, Nuevo México prohibió compartirlos para casos de inmigración o investigaciones relacionadas con el acceso al aborto. En abril de este año, Kentucky, con una legislatura de mayoría republicana, limitó quién puede recibir estos datos: la policía, las aseguradoras que investigan fraudes y los bancos que recuperan autos por falta de pago.
No todos los estados van en la misma línea. El 7 de julio de 2026, Carolina del Norte, con la firma del gobernador demócrata Josh Stein, aprobó dentro de su presupuesto ampliar el uso de estas cámaras a todas las carreteras estatales, aunque los datos solo pueden guardarse 90 días. Recién este 19 de octubre, la Cámara de Representantes de Pensilvania aprobó un proyecto que obligaría a la policía a obtener una orden judicial antes de buscar en estos datos; ahora le toca al Senado estatal.
Aun así, en agosto de 2026, el Policing Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, un centro académico que se define como no partidista —aunque ha recibido críticas por aceptar fondos de empresas de tecnología policial—, evaluó las leyes de los 50 estados sobre el uso de estos lectores de placas a partir de 7 criterios:
Si exigen orden judicial o borrar los datos en 30 días o menos.
Si obligan a confirmar una alerta antes de detener a alguien.
Si controlan cómo se comparten los datos entre agencias.
Si prohíben usar las cámaras para vigilar protestas.
Si exigen auditorías periódicas para detectar abusos.
Si obligan a informar sobre estos sistemas al público
Si castigan con multas o demandas a quien rompe las regla. Ningún estado cumplió los 7 criterios. Connecticut, Oregón, Virginia y Washington sacaron la “mejor nota”, 6 de 7. En el otro extremo, 26 estados, entre ellos Texas, no tienen ninguna ley específica sobre estos lectores de placas. (Puede revisar aquí la calificación de tu estado).
En Washington D. C., el 2 de septiembre, los congresistas republicanos Thomas Massie y Eric Burlison presentaron la llamada “Flock-Off Act”, copatrocinada también por el demócrata Ro Khanna, para impedir que se use dinero federal en estas cámaras. Massie aclaró que su propuesta no las prohíbe: solo dice que el gobierno federal no pagará por ellas. En el Senado, el republicano Josh Hawley abrió en agosto de 2026 una investigación sobre Flock y convocó una audiencia para el 23 de septiembre, a la que no se presentó ninguno de los directores ejecutivos invitados, incluido el de Flock.
El director del FBI, Kash Patel, defendió ante el Senado, también en septiembre, que estas cámaras recogen información en lugares públicos y que su agencia colabora con ellas caso por caso.
¿Qué dicen quienes las defienden?
La policía y Flock aseguran que estas cámaras salvan vidas.
Según una encuesta de la propia empresa Flock a unas 700 agencias policiales clientes, en 2025 su tecnología apoyó cerca de 1 millón de investigaciones, participó en 1 de cada 5 casos resueltos en las ciudades donde opera y ayudó a encontrar a unas 10,000 personas desaparecidas.
La empresa aclara que son estimaciones, no cifras auditadas, y una revisión de CBS News concluyó que no hay evidencia para afirmar que resolvió un millón de crímenes.
El jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, defiende las 650 cámaras de su ciudad, y la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, dijo que han ayudado a atrapar a asesinos y a encontrar a niños desaparecidos. Incluso al congelar los fondos, la oficina de Abbott las llamó una herramienta importante de seguridad pública.
Ante las críticas, en agosto de 2026, Flock redujo de 30 a 7 días el tiempo que guarda los datos de forma predeterminada y empezó a exigir un número de caso antes de cada búsqueda.
¿Son legales, entonces, estas cámaras? La respuesta hoy día sigue siendo “sí”, pero determinados usos pueden vulnerar derechos constitucionales o infringir leyes estatales. Los jueces, las legislaturas y los votantes están decidiendo dónde están los límites.
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