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El presidente Donald Trump en su discurso inaugural afirmó que el gobierno del expresidente Joe Biden había dado “santuario y protección a [inmigrantes] criminales peligrosos”. Pero no hay pruebas que respalden la existencia de alguna política pública destinada a proteger a inmigrantes que hayan cometido crímenes.
Cifras oficiales del año fiscal 2024 muestran que de las 271,484 deportaciones que llevó a cabo ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU), 88,763 fueron de extranjeros que tenían cargos o habían sido condenados por actividades criminales.
Además, durante la administración de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional (al que pertenece ICE) ordenó a la agencia que priorizara el arresto y deportación de extranjeros que fuesen “una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.
Trump también añadió en su discurso que muchos de estos “criminales” provenían de “prisiones e instituciones mentales”, pero en Factchequeado ya hemos desmentido la narrativa de que haya habido un plan para permitir que prisioneros y pacientes de instituciones mentales fueran enviados hacia los Estados Unidos.
Por ejemplo, Trump durante su campaña presidencial de 2024 afirmó en varias ocasiones que la delincuencia había bajado en Venezuela porque supuestamente habrían una política de excarcelación masiva para enviarlos a Estados Unidos, pero en Fatchequeado consultamos con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la población penitenciaria en Venezuela, Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad y ninguna tiene evidencia de una liberación masiva de personas de las cárceles ni de un plan como el que mencionó Trump en su campaña. El nuevo presidente nunca ha aportado tampoco evidencia que respalden estos dichos.
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