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Circula en TikTok un video que afirma que la administración de Donald Trump demandó a California por más de 20,000 posibles votantes no ciudadanos registrados a pocas semanas de las elecciones. Luego, un texto superpuesto sostiene que esto es cierto porque algunas personas mayores han fallecido y, en su lugar, se han mudado “hispanos indocumentados” que reciben correspondencia “que los insta a votar por alguien que ya no está vivo”.
Sin embargo, no hay pruebas de que inmigrantes indocumentados hispanos figuren entre los 20,000 posibles no ciudadanos que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) afirma se registraron para votar en California. De acuerdo con el texto de una demanda del DOJ contra California en la que aparece la cifra (presentada el 13 de octubre de 2026), el gobierno federal sospecha que 20,000 personas a las que se enviaron papeletas de votación por correo “probablemente no son ciudadanas”. Pero el documento no afirma que estas personas sean inmigrantes hispanos indocumentados ni que se hayan mudado a viviendas donde residían personas mayores que fallecieron, como asegura el video desinformante de TikTok.
Trent McCotter, fiscal general adjunto en funciones del DOJ, dijo durante una conferencia de prensa el 19 de octubre de 2026, que podría haber personas en la lista que “resulten ser ciudadanos; no somos perfectos”.
Además, las 28 personas a las que el DOJ acusó de presuntamente haberse registrado para votar sin ser ciudadanas estadounidenses en California son residentes permanentes legales o titulares de la green card. Estas personas figuran “en la lista de más de 20,000 personas registradas que, probablemente, no son ciudadanas”, según dijo McCotter,en un comunicado. Es decir, ninguna de las 28 personas acusadas es inmigrante indocumentada.
“Es algo extraordinariamente inusual que una persona que no reúne los requisitos llegue a inscribirse y a votar” y que las consecuencias, además de ser un delito, “también suponen una amenaza para su estatus migratorio”, dijo Eliza Sweren-Becker, Deputy Director de Derecho al voto y Elecciones del Brendan Center en una charla con Factchequeado.
Las personas no ciudadanas “enfrentan hasta 5 años de prisión federal tan solo por inscribirse para votar, y el voto ilegal puede acarrear consecuencias migratorias, incluida la deportación”, según precisa el Migration Policy Institute (MPI), un centro de estudios independiente apartidista y sin fines de lucro dedicado al análisis y estudio de la migración humana a nivel mundial.
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