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La gravedad de la decisión del presidente Donald Trump de despedir a Erika McEntarfer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, después de la publicación del reporte de empleos de julio de 2025, no debe subestimarse.
Algunos podrían considerar el despido como un incidente menor. Sin embargo, quienes venimos de países donde la intervención política de las estadísticas públicas es o fue una constante durante años, esta decisión supone un giro preocupante para Estados Unidos.
Qué dijo Trump para despedir a McEntarfer
En una publicación en su cuenta de Truth Social del 1 de agosto de 2025, Trump aseguró que McEntarfer había “falsificado” las cifras de empleos antes de las elecciones presidenciales de 2024 para “aumentar las posibilidades de victoria de Kamala [Harris]”. Y en otra publicación del mismo día, el presidente afirmó que los números del reporte de empleos de julio fueron “amañados (rigged) para hacer que los republicanos y yo nos veamos mal”. Pero no hay pruebas de que la excomisionada haya falsificado o manipulado estas cifras ni ahora ni en el pasado (Trump no las mostró tampoco).
El reporte de empleos de julio de 2025, al que se refiere Trump, muestra que se sumaron 73,000 empleos nuevos en ese mes, lo cual estuvo debajo de las expectativas, y también que hubo 258,000 empleos menos en junio y mayo de este año.
El BLS es una organización independiente que publica informes mensuales de empleos con base a datos recolectados mediante encuestas realizadas a miles de hogares, empresas y agencias gubernamentales. Los reportes se publican el tercer viernes después de la semana de referencia, que es la que incluye el día 12 de cada mes y las cifras se revisan posteriormente, según se establece en el Manual de Métodos (Handbook of Methods) del BLS.
Las revisiones se realizan por dos razones principales, según informa el BLS: la recolección de datos adicionales, ya que “no todos los encuestados” responden “a tiempo para la estimación del mes actual” o pueden “no haber proporcionado datos precisos”; y los “ajustes estacionales”.
Con datos manipulados, gana la desinformación
Cuando los datos no le gustan o no benefician a quienes gobiernan y ellos deciden cambiar a quienes los producen profesionalmente, los ciudadanos pierden. El derecho a saber, también llamado derecho a la información, es un derecho humano fundamental e indispensable para exigir la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y poder ejercer otros derechos, sean civiles, económicos o sociales.
América Latina tiene sobrados ejemplos de manipulación de estadísticas, que no sólo vienen de gobiernos conservadores o de derecha, como el de Trump. En Argentina, mi país, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estuvo intervenido entre 2007 y 2015, cuando gobernaron los peronistas Néstor Kirchner y Cistina Fernández de Kirchner. Entonces, el INDEC dejó de publicar por varios años las estadísticas criminales porque la violencia había crecido y el gobierno prefería que la gente no se enterara. También dejó de publicarse el índice de precios, porque la inflación siempre fue un problema difícil de domar en nuestra tierra. Y, más tarde, también perdimos la cuenta del índice de pobreza, porque según los gobernantes de entonces ello discriminaba.
La falta de estadísticas así como la manipulación política de ellos afecta directamente la labor de los periodistas que trabajamos con los datos como materia prima esencial para contar lo que ocurre e intentar explicarlo.Y se relaciona también directamente con el fenómeno de la desinformación, cuyos promotores pregonan que los hechos no existen o tienen escaso valor. Cada vez que un dato público deja de medirse profesionalmente o deja de publicarse, ganan terreno los que defienden la era de la posverdad, que no es otra cosa que la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales.
Por eso, si queremos seguir haciendo periodismo y cuidar la democracia, defender los datos es parte de lo que nos toca.
Este texto fue publicado originalmente en inglés en la International Journalists Network (IJNet) el 21 de agosto de 2025.
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