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El 7 de julio último, un fallo del juez subrogante (suplente) Alejandro Recarey ordenó la suspensión en Uruguay de la vacunación COVID-19 en menores de 13 años, hasta tanto “se publiquen íntegros (...) todos los contratos de compra de estas vacunas”, se comunique “la composición de las sustancias a inocular” y “se elabore un texto que informe completamente y con claridad” sus riesgos y beneficios.
El juez emitió la resolución después de admitir un recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone, conocido -entre otras cosas- por representar al diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, quien durante la pandemia difundió varias desinformaciones con respecto a las vacunas COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública de Uruguay acató el fallo del juez a la vez que presentó una apelación y aseveró: “Cada una de las decisiones tomadas respecto a la vacunación contra COVID-19 fueron basadas en la evidencia científica disponible, amparados en la idoneidad, experiencia y trayectoria de los integrantes de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y la comunidad científica, quienes determinaron con base en múltiples estudios que las vacunas administradas son seguras y efectivas”.
Vale la pena recordar que Uruguay fue uno de los países pioneros de la región de América Latina en vacunar contra el coronavirus a la población pediátrica de entre 5 y 11 años. La campaña se inició en diciembre de 2021 e incluyó la aplicación no obligatoria de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Hasta el momento, el 81% de la población uruguaya tiene un esquema de vacunación completa (2 dosis). Entre los niños de 5 y 11 años, el porcentaje de vacunación con 2 dosis es de 43% y sube a 75% para los adolescentes de entre 12 y 14 años.
Un fallo cuestionado
A pesar de que el fallo aún no está firme, comenzaron a circular por redes sociales diferentes posteos que “celebran” la suspensión de la vacunación de menores de 13 años en Uruguay y aprovechan el momento de incertidumbre para difundir desinformaciones sobre las vacunas COVID-19 que ya fueron desmentidas en numerosas oportunidades.
Diferentes sociedades científicas nacionales e internacionales, miembros del Gobierno uruguayo y de la oposición de dicho país criticaron con dureza la sentencia del juez Recarey. En un comunicado, la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) expresó que desde el punto de vista científico “no ha existido ningún tipo de cambio” que avale la interrupción de la vacunación en los menores de edad y que, por el contrario, “cada vez existe más evidencia sobre el beneficio y la seguridad” de vacunarse.
También la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, sostuvo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la vacuna ARN mensajero de Pfizer-BioNTech en niños mayores de 5 años y que el no uso de las vacunas seguras y efectivas en niños puede generar una profunda inequidad. “El derecho a la salud es sin duda esencial para el bienestar y la riqueza de las naciones, que se encuentra amparado en los tratados internacionales de los que Uruguay es parte”, señaló.
El actual ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, sostuvo que “poner en duda la seguridad y eficacia de las vacunas implica un grave perjuicio al status vacunal y sanitario logrado” por el país y que la evidencia científica “muestra en forma abrumadora que la vacuna de ARNm no modifica el ADN humano”.
Por su parte, la ex viceministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, diputada por la coalición de izquierdas opositora Frente Amplio, dijo en Twitter que “preocupa” que la decisión de un juez "prive del derecho a la vacunación contra la COVID-19 a un sector de la población especialmente vulnerable”. Para Lustemberg, pediatra de profesión, es preocupante además que se pase por alto “la profusa evidencia científica” y que se marque un precedente ajeno a las tradiciones del país.
Tras los cuestionamientos, el propio juez emitió un comunicado para aclarar que “la sentencia no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores” y que tampoco prohíbe el desarrollo de la campaña de vacunación a menores sino que “la suspende con carácter provisional y temporal”. Ahora solo resta saber qué pasará con la apelación presentada el lunes último por el Gobierno uruguayo.
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