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El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el precedente de la sentencia ‘Roe contra Wade’ de 1973, que daba acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, abrió un cisma en el mundo digital. Pensemos simplemente en una persona que acuda a una clínica para abortar y que Google Maps registre su ubicación, o en sus historiales de búsqueda en Internet y las conversaciones que pueda mantener en redes sociales. Después de la decisión del máximo tribunal de Estados Unidos, también circularon muchos mensajes instando a las mujeres a eliminar sus apps de control menstrual como parte del ecosistema de recogida masiva de datos personales a través de aplicaciones online.
Esta sensación de falta de control sobre nuestros datos se incrementó al saberse que una adolescente de 17 años y su madre fueron acusadas de aborto ilegal cuando la joven estaba embarazada de 23 semanas en Nebraska, después de que Facebook entregara una copia de una conversación privada entre ambas tras elrequerimiento de un juez. En ese Estado, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas, pese a que se intentó bajar a 12 unas semanas antes.
Las empresas de plataformas como Facebook e Instagram, Twitter o TikTok hicieron a lo largo del verano una serie de anuncios de medidas que pondrían en marcha para facilitar el acceso de sus trabajadoras a estados en los que se permitiera el aborto, por ejemplo. Sin embargo, quedaron muchas cosas en el tintero sobre qué pasaría con sus normas comunitarias o sus políticas de moderación, algunas sin resolver al día de hoy.
Hacemos un repaso por los posicionamientos de las grandes compañías tecnológicas (en los casos en que los hayan hecho públicos). Además, las hemos consultado y algunas han contestado y otras, no.
Este artículo se actualizará cuando respondan.
¿Cuándo están las empresas obligadas a entregar datos personales de sus usuarios y cuándo pueden negarse?
Todos los datos que generamos al utilizar redes sociales y plataformas digitales son recopilados y almacenados por empresas tecnológicas que en ocasiones están obligadas a entregarlos si lo solicita un juez. Esto se aplica de forma general a cualquier país, pero también entran en juego acuerdos específicos entre regiones para garantizar que se puedan hacer solicitudes -como Estados Unidos y la Unión Europea-.
Normalmente, un tribunal estadounidense solo tendría jurisdicción en EE. UU., pero en base a estos acuerdos puede también requerir información a empresas extranjeras. De la misma manera, ciertos estados podrían pedir datos a empresas de países en los que sus tribunales no tienen jurisdicción, y estas podrían entregarlos voluntariamente o no.
En muchas ocasiones, estas empresas intentan objetar si los requerimientos son muy amplios o el objetivo no está claro. En Estados Unidos, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) sí que obliga a guardar el secreto profesional en consultas médicas relacionadas con un aborto, pero no aplica en otras situaciones, como las relacionadas con los datos que registra una plataforma digital.
Esta situación no es nueva. Las normas de cualquier estado permiten que autoridades, como jueces y tribunales, puedan solicitar la información necesaria para decidir en un procedimiento, pero tanto el tipo de información, como la forma y los plazos dependerán de cada lugar, explica Elena Gil, abogada experta en derecho digital y protección de datos a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado.
En el caso concreto de Estados Unidos, Gil especifica que su legislación permite de manera amplia que las autoridades obtengan información, una tradición que puede derivar de los atentados terroristas del 11S, sobre todo para poder acceder a comunicaciones o información de personas extranjeras que supongan un riesgo para la seguridad nacional (a partir de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, conocida como ley FISA, por sus siglas en inglés). Por ejemplo, en EE. UU. no solo pueden solicitar datos a jueces y tribunales, sino también autoridades policiales.
Una vez que la información ha sido solicitada, ¿cómo puede reaccionar una empresa? En general, “es obligatorio responder a un requerimiento de información de un tribunal de forma completa y veraz, pero solo dentro de lo que las normas obliguen”, detalla Gil. Por ejemplo, si el requerimiento de información es “más amplio de lo permitido, las empresas pueden argumentar que parte de esa solicitud no es acorde a Derecho y restringir su respuesta”. Dentro del tipo de datos que no pueden ser entregados, están, por ejemplo, las “comunicaciones abogado-cliente” e información obtenida “de forma ilícita”. Por ejemplo, unas grabaciones ilegales.
Entendiendo cómo funciona este proceso, ¿qué sabemos de cómo han reaccionado las grandes tecnológicas en los últimos meses? Hagamos un repaso.
Google (y YouTube)
1. Sobre la moderación de contenido
En relación a los contenidos que comparten desinformación sobre métodos abortivos peligrosos (como los que proliferan en TikTok), en la política de desinformación de YouTube se insta a no publicar contenido “que contradiga el consenso de los expertos sobre determinadas prácticas médicas seguras”.
La cuenta oficial de Twitter de YouTube publicó el 21 de julio de 2022 que a raíz del crecimiento de este tipo de desinformaciones comenzará a eliminar “el contenido que brinde instrucciones sobre métodos de aborto inseguros o promueva afirmaciones falsas sobre la seguridad del aborto según nuestras políticas de desinformación médica”.
Sin embargo, como explica MIT Technology Review, aunque las reglas de YouTube sobre contenido violento tienen excepciones para los videos educativos, no está claro si la política de la plataforma contra la promoción de "actos violentos" podría convertirse en una herramienta para los activistas antiabortistas que criminalizan y atacan a los que buscan recursos o información para llevar a cabo un aborto.
2. Sobre la seguridad y privacidad de los datos
En mayo pasado, antes de que se dictara la sentencia ilegalizando el aborto, varios miembros del Congreso de Estados Unidosya instaron a Google a “dejar de recopilar y retener innecesariamente datos de localización de usuarios”, incluidos datos en teléfonos Android, que podrían identificar a las mujeres que visitan clínicas de aborto.
El 1 de julio de 2022, Google anunció en su blog en una publicación firmada por la ejecutiva de Google, Jen Fitzpatrick, que eliminará los datos del historial de localización de las visitas a lugares delicados, como clínicas de aborto y centros de fertilidad: “Si nuestros sistemas identifican que alguien ha visitado uno de estos lugares, eliminaremos estas entradas del historial de ubicaciones poco después de la visita”. Desde Google especificaron a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado, en agosto de 2022 que se aplicará en centros asesores, clínicas de fertilidad, clínicas de aborto, de cirugía estética, pérdida de peso y clínicas para tratamiento de adicción.
También nos explican que el historial de ubicaciones está desactivado de manera predeterminada en la cuenta de Google y, para los usuarios que lo activan manualmente, hay controles para eliminar automáticamente el historial, ya sea de forma completa o solo una parte.
Google también anunció cambios sobre datos de usuarios en las aplicaciones, en concreto, los usuarios de Fitbit (una aplicación de Google de salud, bienestar y fitness) que hubieran optado por realizar un seguimiento de sus ciclos menstruales en la aplicación en ese momento solo podían eliminar los registros de menstruación de uno en uno. Google anunciaba que habría actualizaciones que les permitieran eliminar varios registros a la vez.
Según sus términos de servicio, la empresa se reserva el derecho de eliminar cualquier contenido que viole la ley o pueda dañar a otros usuarios, a terceros o al mismo Google. Esos términos de servicio cubren el correo electrónico, información del historial almacenada, los itinerarios de viaje en Google Maps y los documentos de Google.
Este último enfoque también es importante, ya que los documentos colaborativos son una herramienta popular de organización y trabajo que pueden ser usados por los activistas y organizadores que trabajan por los derechos reproductivos y que podrían utilizarse en una investigación policial.
Por otro lado, en agosto de 2022 Google anunció que Google Search y Maps empezarían a etiquetar más claramente si un centro médico ofrece o no servicios para abortar; la intención es evitar que las personas que lo necesitan acaben en clínicas falsas.
Sobre la facilitación de datos para procesos judiciales
Desde Google explican que rechazan requerimientos de datos judiciales demasiado amplios o legalmente inadmisibles, y que incluso en algunos supuestos se niegan a proporcionar información en su totalidad.
Google deriva a su Informe de Transparencia, donde cada 6 meses publican el número y el tipo de solicitudes gubernamentales que reciben por país. Por ejemplo, en la primera mitad de 2021, recibieron casi 150,000 solicitudes de divulgación de información sobre usuarios, que afectaban a casi 360,000 cuentas; en la segunda mitad del año, fueron 154,000 solicitudes sobre 373,000 cuentas. Entre el 60% y el casi 80% de estas solicitudes se acepta y se revela información.
Pero además de los temas legales comentados anteriormente, a Google le afecta en concreto la llamada geofence warrant (algo así como una orden de cercado geográfico) con la que se le puede pedir información específica sobre los datos de un usuario dentro de un área geográfica concreta o sobre las personas que han estado en un lugar determinado. Imaginemos, una clínica para abortar. El principal destinatario de estas órdenes suele ser de hecho Google, porque recoge estos datos: recibió 982 órdenes de este tipo en 2018, otras 8,396 en 2019 y 11,554 en 2020.
Defensores de la privacidad en Estados Unidos están preocupados porque Google tenga que responder a este tipo de solicitudes. Por ejemplo, la organización ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) se hacía eco de los peligros de este tipo de órdenes, y también de las órdenes de búsqueda inversa de palabras clave, que pueden obligar a las empresas tecnológicas a entregar datos sobre cualquier usuario que haya buscado términos concretos: imaginemos “aborto” o “embarazo”.
Sobre las peticiones de datos de usuario por parte de las fuerzas de seguridad o autoridades judiciales , Google dijo el 1 de julio que, si las solicitudes de datos de las autoridades son demasiado amplias, las impugnará: “Seguimos comprometidos con la protección de nuestros usuarios contra demandas gubernamentales inapropiadas de datos, y continuaremos oponiéndonos a demandas que sean demasiado amplias o legalmente objetables”.
Sin embargo, según la NPR (National Public Radio), las propias estadísticas de la empresa muestran que facilita datos para las autoridades alrededor del 80% de las veces que recibe solicitudes y no hay pruebas públicas de que la empresa se haya opuesto a una orden de búsqueda de palabras clave en Estados Unidos.
3. Sobre los propios empleados
Alphabet, empresa matriz de Google, anunció en junio de 2022 que sus empleados podrían pedir ser reubicados en otros estados sin justificación (entendemos que para poder vivir en estados que no tengan restricciones sobre el aborto). En agosto de 2022, unos 650 trabajadores de Google firmaron una petición para pedir a la empresa que dejaran de recopilar y protegieran los datos de localización relacionados con el aborto y el historial de búsqueda de los usuarios.
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Lee también las medidas que han tomado otras grandes tecnológicas:
Meta (Instagram, Facebook, WhatsApp):
https://factchequeado.com/teexplicamos/20220927/big-tech-derogacion-aborto-legal/
Twitter:
https://factchequeado.com/teexplicamos/20220930/twitter-derogacion-aborto-datos-personales/
TikTok:
https://factchequeado.com/teexplicamos/20221004/tik-tok-aborto-legal-ee-uu-datos-personales/
