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Cuando la Ley de Inmigración fue reformada en 1996, se incluyó un apartado conocido como Programa 287(g), que “autoriza al Servicio de Migración y Aduanas (ICE, del inglés Immigration and Customs Enforcement) a entrar en acuerdos con agencias del orden público estatales y locales” para que lleven a cabo algunas funciones limitadas de aplicación de leyes migratorias. Al cierre de 2022, existían 139 de estos acuerdos en el país: cada uno de ellos firmado a petición del condado en el que sería aplicado, como lo establece la ley.
Sin embargo, el diputado Destin Hall (Partido Republicano) quiere que estos acuerdos sean obligatorios para las para las agencias locales del orden público. El 25 de enero de 2022 introdujo una propuesta de ley que obligaría a los sheriffs y “entes locales de administración de la ley a cooperar con las autoridades migratorias” en la detención y procesamiento de extranjeros sin ciudadanía estadounidense que cometieran algún crimen o delito.
Te explicamos qué es el Programa 287(g), cómo funciona y en qué consiste la iniciativa del representante republicano.
Programa 287(g): ICE se apoya en los condados para extender sus operaciones
En Estados Unidos, la aplicación de las leyes migratorias son competencia del ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, del inglés Department of Homeland Security), al cual pertenece ICE, explica que estos se centran en “atención a la migración, detención de personas, prevención del terrorismo y combate al traslado ilegal de personas y bienes”.
Sin embargo, cuando en 1996 se publicó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de Inmigrantes, se permitió a las agencias locales del orden aplicar las leyes que, siendo de carácter civil, fueran competencia de ICE, como la detención de extranjeros sin documentación que les acredite a estar en Estados Unidos.
La ley data de 1996.
En 2021, último año fiscal completo del que tienen registro, ICE contabilizó 19,420 detenciones a través del 287(g).
El programa ha sido criticado por recrudecer las condiciones de los migrantes
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, del inglés American Civil Liberties Union), una ONG fundada luego del término de la Primera Guerra Mundial para “defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona en este país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos”, lleva tiempo pronunciándose en contra del Programa 287(g). Denuncia, entre otras cosas, que “por años, sheriffs racistas, xenófobos y violadores de derechos civiles han podido señalar y atacar a inmigrantes en sus comunidades al formar parte del programa conocido como 287(g) que los convierte, de facto, en agentes de ICE”.
Por su parte, el American Immigration Council , una organización sin fines de lucro cuyo trabajo es “defender y preservar los derechos individuales y las libertades garantizadas a cada persona en este país por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos“, enumera casos puntuales de malas prácticas realizadas por los agentes afiliados al Programa 287(g). Entre ellos menciona que “el programa puede ser una herramienta para las localidades que sostienen agendas antiinmigrantes”, que “estos acuerdos se han utilizado, sobre todo, para señalar a criminales que no suponían amenaza ninguna para la seguridad pública o individuos sin antecedentes criminales”, y cuestiona su enfoque al citar un estudio de 2011 del Migration Policy Institute, que reveló que “la mitad de los detenidos [por el Programa 287(g)] eran personas que cometieron delitos menores o infracciones de tránsito”.
La representante por Illinois Jan Schakowsky (Partido Demócrata) emitió un comunicado, dirigido a Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, el 12 de septiembre de 2022, en el que lo señala como “peligroso” porque “la administración Trump extendió el Programa 287(g) reclutando sheriffs xenófobos y antiinmigrantes sin tomar en cuenta sus antecedentes violando derechos civiles, y casi todos ellos permanecen [en sus cargos] junto con el Programa”.
La iniciativa del representante Destin Hall (R) : hacer que esa colaboración sea obligatoria
El 25 de enero de 2022, Destin Hall (Carolina del Norte), miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Republicano, introdujo una propuesta de ley para convertir en obligatoria la cooperación entre las agencias locales del orden público y ICE.
El 26 de enero pasó la primera lectura, y el 22 de febrero llegó al Comité de Normas, Calendario y Operaciones de la Cámara de Representantes.
Esta prevé que los sheriffs y entes locales de administración de la ley cooperen con las autoridades migratorias en la detención y procesamiento de extranjeros sin ciudadanía estadounidense que cometieran algún crimen o delito.
Es decir, convertiría en norma lo que ahora es una herramienta que queda a criterio de los condados.
Biden prometió eliminarlo dentro de su plan de gobierno pero aún no ha cumplido
En campaña electoral Joe Biden , dentro de su Agenda para la Comunidad Latina incluía como propuesta de gobierno “terminar con el uso histórico que la Administración Trump dio a los acuerdos del 287(g)” señalando que estos “afectan a la confianza y la cooperación de las comunidades en los agentes locales del orden público”.
De momento, el presidente no ha hecho movimiento alguno por intentar derogar el Programa 287(g).
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