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El 42% de los hispanos en Estados Unidos teme que ellos o un ser querido puedan ser deportados, según una nueva encuesta del Pew Research Center. El estudio, realizado entre febrero y marzo de 2025, muestra que las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump han generado un clima de incertidumbre y preocupación entre millones de personas, especialmente entre las comunidades inmigrantes y latinas.
A nivel nacional, 1 de cada 5 adultos (19%) afirma estar preocupado por la posibilidad de que él, un familiar o un amigo cercano pueda ser deportado.
El temor no es uniforme. Según la encuesta, el 30% de los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, dice temer que se les exija comprobar su ciudadanía o permiso de residencia durante actividades cotidianas, como una parada de tránsito o una consulta médica. La actual administración de Trump revocó una orden que impedía a los agentes migratorios realizar redadas en escuelas, hospitales, iglesias y otros sitios antes protegidos.
El miedo a la detención y deportación cambia rutinas
La encuesta del Pew Research Center también revela que el temor a ser cuestionado ha provocado cambios en la vida diaria de algunas personas:
El 4% de los adultos dice que comenzó a llevar consigo documentos que prueben su ciudadanía o estatus legal, como pasaportes, certificados de nacimiento o documentos de naturalización.
El 2% afirma haber cambiado su rutina diaria por miedo a ser detenido o interrogado.
Otro 2% dice que ha evitado utilizar servicios públicos, como atención médica o contacto con autoridades, por temor a una posible verificación de estatus.
Estos porcentajes, aunque minoritarios, reflejan un impacto en la vida cotidiana de miles de personas que viven en Estados Unidos.
Un contexto de incertidumbre legal
Desde que tomó posesión del cargo el 20 de enero de 2025, el presidente Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas antiinmigrantes para cumplir con su promesa de campaña de “llevar a cabo la mayor operación de deportación nacional en la historia de Estados Unidos”,
En marzo de 2025, su gobierno comenzó a utilizar una antigua legislación de guerra que data del siglo XVIII, llamada Ley de Enemigos Extranjeros, para acelerar la expulsión de personas acusadas de tener supuestos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua y la pandilla MS13, sin pasar por un proceso judicial. Al menos 238 hombres, en su mayoría venezolanos, han sido enviados en vuelos de deportación a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
Una de las personas deportadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño de Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y con hijos estadounidenses. El gobierno de Trump admitió que lo deportó a una prisión de máxima seguridad en El Salvador por un “error administrativo”. El Poder Judicial pidió su retorno a Estados Unidos, pero la administración Trump dice que depende de El Salvador. Bukele dijo el 15 de abril que su país no devolverá ni liberará a Ábrego García.
¿Puede un presidente ignorar a un juez federal? Los casos que acusan a Trump de desobedecer órdenes judiciales
No es la primera vez que la administración Trump es señalada por incumplir las órdenes de los jueces, como te hemos contado en Factchequeado.
Por ejemplo, el 15 de marzo de 2025, el juez federal James Boasberg, del Distrito de Columbia, ordenó detener la deportación de 238 venezolanos, luego de que la administración Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar su expulsión. A pesar de la orden judicial, los vuelos partieron hacia El Salvador. Boasberg emitió instrucciones verbales y escritas para que los aviones regresaran a Estados Unidos, pero estas no fueron acatadas. La administración Trump argumentó que las órdenes verbales no tenían el mismo peso legal que las escritas y que los vuelos ya habían salido del territorio estadounidense cuando se emitió la orden. Luego, el juez Boasberg solicitó al gobierno detalles sobre los vuelos, incluyendo horarios y rutas, pero el Departamento de Justicia se negó a proporcionar esta información, alegando que divulgarla comprometería secretos de Estado. Boasberg calificó la respuesta del gobierno como "lamentablemente insuficiente" y expresó su intención de investigar si su orden fue violada, quién lo ordenó y cuáles serían las consecuencias.
En un segundo caso, el juez John J. McConnell Jr., del Distrito de Rhode Island, le ordenó liberar fondos a programas nacionales aprobados por el Congreso en varios estados y DC. El gobierno no ha cumplido hasta el día de hoy.
En un tercer caso, el juez Amir H. Ali, del Tribunal de Distrito, Washington, D.C., le pidió liberar cerca de 2 mil millones en fondos de ayuda exterior que habían sido aprobados por el Congreso pero retenidos por el Ejecutivo. Hasta hoy día, el gobierno no había cumplido.
¿Por qué aumenta el miedo de los latinos a ser deportados?
Además de invocar una ley de guerra para acelerar las deportaciones sin pasar por un proceso judicial, la actual administración acabó con el programa CBP One en la frontera, envió militares en la franja con México, y revocó la prohibición de redadas en escuelas, iglesias y hospitales. Entre otras medidas y acciones, decretó también el fin de la protección migratoria para más de 500,000 beneficiarios del parole humanitario conocido como CHNV, que incluye a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, una medida revocada por la jueza Indira Talwani, del Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, el 14 de abril de 2025.
En Estados Unidos se estima que viven unos 11 millones o 13 millones de personas sin autorización, dependiendo de la fuente. El Pew Research estimó que había 11 millones en 2022, pero un informe de febrero de 2025 del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) situó el total en 13.7 millones hasta mediados de 2023. Esto incluye aquellos inmigrantes sin tarjeta de residencia permanente (green card) ni otra visa de residencia temporal legal, o sin ciudadanía estadounidense, pero sí se contabilizan aproximadamente 1.2 millones de inmigrantes inscritos en el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
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