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En sus primeros 100 días, el presidente Donald Trump invocó leyes de inmigración arcaicas, cuestionó el poder de los jueces para fallar en su contra en casos de inmigración e intentó terminar varias vías legales de inmigración.
Pero Trump comenzó a forjar sus planes de inmigración mucho antes de su toma de posesión el 20 de enero de 2025.
Durante años, Trump y sus aliados han dicho falsamente o sin pruebas que Estados Unidos está siendo invadido por migrantes que aumentan las tasas de criminalidad y que los países extranjeros envían a sus prisioneros y enfermos mentales a EE.UU.
Varios funcionarios de la administración de Trump también han dicho que las cortes no pueden y no deben pronunciarse sobre las acciones de inmigración de Trump porque se refieren a cuestiones de seguridad nacional y política exterior. Al hacerlo, Trump "está buscando una falta de rendición de cuentas para hacer cosas que la ley de lo contrario prohíbe", dijo Matthew Lindsay, profesor de derecho en la Universidad de Baltimore.
El argumento de la administración de Trump sobre la seguridad nacional o la política exterior como escudo contra la supervisión judicial es una marcada diferencia con respecto a otras administraciones, dijo Lindsay.
Desde Politifact, medio aliado de Factchequeado, hablaron con abogados, historiadores y criminólogos para examinar las falsas narrativas y los engaños que impulsaron las políticas de inmigración de Trump en sus primeros 100 días.
La narrativa de Trump de una ‘invasión’ lleva a esfuerzos de deportación masiva
En 2018, durante su primer mandato, Trump describió una caravana de miles de migrantes que caminaban hacia la frontera sur de Estados Unidos como una invasión. Se esperaba que muchos de ellos solicitaran asilo en EE.UU. Expertos en derecho constitucional dijeron que lo que legalmente cuenta como invasión es un ataque armado por parte de militares o paramilitares.
Durante la campaña presidencial de 2024, cuando la inmigración ilegal alcanzó máximos históricos durante la presidencia de Joe Biden, Trump empezó a vincular la narrativa de la invasión a una de sus promesas políticas emblemáticas: las deportaciones masivas.
"Detendré la invasión de migrantes y comenzaremos la mayor operación de deportación en la historia de nuestro país", dijo Trump en un mitin en octubre.
Diez días después, en otro mitin, dijo: "No seremos ocupados. No nos conquistarán. Eso es lo que están haciendo. Es una invasión en nuestro país de un ejército extranjero".
Así que Trump al tomar posesión emitió una orden ejecutiva declarando una emergencia nacional en la frontera sur. En otras dos directivas calificó a la inmigración ilegal como una invasión.
Una de las leyes que finalmente invocó -la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798- permite al presidente detener y deportar a personas de una "nación o gobierno hostil" sin audiencia previa cuando Estados Unidos esté en guerra con ese país o éste haya "perpetrado, intentado o amenazado" con una invasión contra Estados Unidos.
"Este es un tiempo de guerra porque Biden permitió (la entrada) a millones de personas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos al más alto nivel", dijo Trump a los periodistas el 16 de marzo. Y añadió: "Eso es una invasión. Invadieron nuestro país".
La Ley de Enemigos Extranjeros sólo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas ellas en tiempos de guerra.
En febrero, el Departamento de Estado designó a Tren de Aragua -una banda que se formó entre 2013 y 2015 en una prisión venezolana -como una organización terrorista extranjera.
En marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a cientos de venezolanos que señaló como miembros de la banda Tren de Aragua que habían "infiltrado" ciudades en todo el país. Fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Ellos fueron deportados sin un debido proceso; el gobierno no presentó pruebas de su pertenencia a una banda ante un juez y los migrantes no tuvieron la oportunidad de defenderse. El CECOT es la mayor prisión de Latinoamérica y ha sido denunciada por abusos contra los derechos humanos, como tortura y falta de atención médica.
En esta foto proporcionada por la oficina de prensa presidencial de El Salvador, guardias penitenciarios trasladan a deportados de EE.UU, presuntos pandilleros venezolanos, al Centro de Confinamiento del Terrorismo en Tecoluca, El Salvador, el 16 de marzo de 2025. (AP)
Trump presenta ampliamente a los inmigrantes como criminales, pero datos dicen lo contrario
Trump ha dicho repetidamente que algunos países -concretamente el Congo y Venezuela- envían a EE.UU. a personas procedentes de prisiones y hospitales psiquiátricos.
"Fuimos elegidos para limpiar el desastre de este país, y tuvimos millones y millones de personas que entraron que eran criminales, que eran asesinos, que eran todo lo que te puedas imaginar", dijo Trump el 21 de abril. "Señores de la droga, traficantes de droga, vinieron de prisiones y de instituciones mentales. Y, fui elegido para sacarlos".
La narrativa de la delincuencia migrante impulsó su exitosa campaña presidencial. El vicepresidente JD Vance apuntó a la inmigración haitiana en Springfield, Ohio, basándose en estadísticas limitadas para decir que los inmigrantes provocaron un aumento de asesinatos. Trump también dijo que el Tren de Aragua se apoderó de Aurora, Colorado.
Para apoyar sus esfuerzos de deportación, la Casa Blanca ha dicho que Kilmar Armando Abrego García, un inmigrante salvadoreño que el gobierno estadounidense dijo haber deportado por error al CECOT, es miembro de la pandilla MS-13. La administración ha exagerado las conclusiones de jueces sobre su caso y ha destacado tatuajes que no corresponden con la MS-13.
El senador demócrata Chris Van Hollen habla con Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que vivía en Maryland y fue deportado a El Salvador por la administración del presidente Donald Trump, el 17 de abril de 2025. (Oficina de prensa del senador Van Hollen vía AP)
Los criminólogos que estudian los posibles vínculos entre inmigración y delincuencia dicen que, a pesar de algunos delitos de alto perfil cometidos por inmigrantes, éstos cometen delitos en menor proporción que los ciudadanos estadounidenses nacidos en el país.
The Marshall Project no encontró ninguna relación entre la delincuencia y la llegada de migrantes desde abril de 2022 hasta mayo de 2023 en Nueva York, Chicago, Washington, D.C. y Denver, después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzará a trasladar migrantes en autobuses a esas ciudades. El informe de 2024 de The Marshall Project analizó los datos policiales en casos de delitos como robos, asesinatos y tiroteos.
Un estudio nacional de 2018 realizado por sociólogos de la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Purdue encontró que los aumentos en la población de inmigrantes ilegalmente en EE.UU. están asociados con disminuciones significativas en la violencia. El estudio analizó delitos violentos desde 1990 a 2014, examinando la asociación entre los cambios en la inmigración ilegal y los delitos violentos a nivel estatal en los 50 estados y Washington, D.C.
Un estudio del Instituto Nacional de Justicia sobre los datos del Departamento de Seguridad Pública de Texas de 2012 a 2018 mostró que los inmigrantes en los EE.UU. ilegalmente son arrestados a menos de la mitad de la tasa de ciudadanos estadounidenses nativos por delitos violentos y de drogas. Los investigadores separaron los datos de detenciones por delitos cometidos por inmigrantes ilegalmente en EE.UU. de los datos de delitos cometidos por inmigrantes en Estados Unidos legalmente y ciudadanos estadounidenses nacidos en el país.
En una entrevista el 25 de abril con Time magazine, Trump dijo: "Con Biden, los índices de delincuencia se dispararon y tenemos que reducirlos. Y, por desgracia, a esos índices se han sumado los inmigrantes ilegales que él permitió entrar en el país."
Contrario a lo que dijo Trump, los datos del FBI muestran que los delitos violentos disminuyeron durante la presidencia de Biden.
"La gente dice: 'La delincuencia está fuera de control'. Bueno, en realidad, la delincuencia no está fuera de control ahora mismo, pero la percepción es que está fuera de control", dijo Charis Kubrin, profesora de criminología, derecho y sociedad en la Universidad de California, Irvine. "Es muy fácil voltearse y culpar a los inmigrantes, porque esos estereotipos existen desde hace mucho tiempo y porque es una especie de enfoque natural de grupo dentro, grupo fuera que adopta la gente".
Kubrin dijo que las afirmaciones engañosas de Trump sobre los inmigrantes y la delincuencia han dado lugar a políticas basadas en suposiciones erróneas que no se dirigen exclusivamente a las personas con condenas penales.
The New York Times reportó que la mayoría de los 238 hombres deportados a El Salvador no tienen antecedentes penales en Estados Unidos ni vínculos documentados con el Tren de Aragua.
Kubrin dijo que las percepciones erróneas sobre la delincuencia de los inmigrantes pueden perjudicarles.
"Otras consecuencias son el aumento del odio y de los delitos motivados por el odio contra los inmigrantes y contra las minorías raciales y étnicas que pueden parecerse a los inmigrantes, como los asiáticos y los hispanos, pero que no son inmigrantes", Kubrin dijo.
La Corte Suprema en el Capitolio, Washington, D.C., 17 de diciembre de 2024. (AP)
Los funcionarios de Trump ignoran la separación de poderes al decir que las cortes no tienen autoridad sobre las políticas de inmigración
Al igual que las administraciones anteriores, muchas de las políticas de inmigración de Trump han sido desafiadas con demandas y detenidas con órdenes de restricción temporal.
Trump y sus funcionarios han desestimado la división de poderes constitucional entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. En ocasiones, han dicho que las cortes no tienen ningún papel que desempeñar y que los jueces que no estén de acuerdo con Trump deberían ser destituidos.
Después de que un juez federal fallara que la administración Trump no podía deportar a los venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller dijo: "Un juez de distrito no tiene autoridad para dirigir las operaciones de seguridad nacional del poder ejecutivo."
El "zar fronterizo" de Trump, Tom Homan, dijo: "No me importa lo que piensen los jueces".
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió la orden del juez como "carente de base legal", diciendo que "las cortes federales generalmente no tienen jurisdicción sobre la gestión de los asuntos exteriores del Presidente".
Los expertos jurídicos dicen que las cortes federales tienen potestad para revisar y pronunciarse sobre la constitucionalidad de las medidas migratorias del presidente.
"No hay absolutamente nada en una política de inmigración que, en virtud del hecho de que es una política de inmigración, la aísle de la revisión judicial", dijo Michael Gerhardt, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Carolina del Norte.
El Poder Ejecutivo tiene amplias facultades discrecionales en asuntos de política exterior, pero eso no significa que los casos que tratan de política exterior, incluidos los de inmigración, estén fuera de los límites de las cortes, dijo Mary Ellen O'Connell, profesora de derecho en la Universidad de Notre Dame.
Rick Su, profesor de derecho de inmigración en la Universidad de Carolina del Norte, dijo: "La administración Trump parece estar argumentando que sólo porque se trata de asuntos exteriores, la administración no tiene que seguir la ley en absoluto, que lo que hagan es la ley, y que las cortes no pueden ejercer ninguna jurisdicción sobre lo que hacen."
Pero las cortes no han resuelto "que la ley o la revisión judicial no se apliquen a una decisión sobre inmigración... sólo porque estén implicados asuntos exteriores", dijo Su.
Defensores de la inmigración hablan fuera de una corte federal en Boston, el 10 de abril, después de una audiencia para detener a la administración Trump de detener un programa que permitió a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en el país. (AP)
Califica de "ilegales" a los inmigrantes que entraron en EE.UU. vía programas de inmigración legal
La administración de Trump ha dicho que Biden abusó de sus poderes ejecutivos cuando creó ciertos programas que permiten a las personas entrar o permanecer temporalmente en Estados Unidos de forma legal. Durante la campaña, Vance dijo falsamente que los beneficiarios de los programas eran "inmigrantes ilegales", porque los programas eran ilegales en su opinión.
Leavitt dijo que las personas que entraron en EE.UU. a través de programas de parole humanitario y finalmente recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), "vinieron aquí por razones económicas, y entraron ilegalmente en nuestro país."
El parole humanitario y el Estatus de Protección Temporal permiten a personas a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, legalmente, dijeron abogados de inmigración. Cuando estas protecciones expiran o son terminadas, el estatus migratorio de las personas vuelve a ser el que tenían antes de estas protecciones. Ni el parole humanitario ni el Estatus de Protección Temporal conducen directamente a la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump ha intentado acabar con estas protecciones antes de su expiración.
Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, intentó terminar el Estatus de Protección Temporal para ciertos venezolanos. Las cortes han detenido temporalmente la terminación. El departamento no va a prorrogar el programa para afganos y cameruneses y lo ha acortado para los haitianos. La protección para los haitianos ahora expira el 3 de agosto, seis meses antes del plazo original.
El departamento también intentó terminar el parole humanitario para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Pero un juez federal detuvo temporalmente la medida el 14 de abril.
La juez Indira Talwani dijo que los beneficiarios del programa de parole humanitario cumplieron con los procesos de inmigración disponibles.
"Como personas con parole legal, no tenían que temer ser arrestadas por estar en Estados Unidos, se les permitía trabajar legalmente si recibían autorización de trabajo y podían solicitar el ajuste de estatus u otros beneficios mientras estuvieran en libertad condicional en este país", escribió Talwani. "El impacto inmediato del acortamiento de su concesión de parole es hacer que su estatus legal en Estados Unidos caduque antes de tiempo: en menos de dos semanas".
María Cristina García, profesora de historia en la Universidad de Cornell y experta en inmigración, dijo que algunos cambios en materia de inmigración se están produciendo "silenciosamente a nivel burocrático", como la negación de visas, mientras que otros "se anunciaron a bombo y platillo", como la suspensión de la admisión de refugiados.
García dijo: "No creo que tengamos una comprensión completa todavía de las muchas maneras en que la administración Trump está cambiando nuestro sistema de inmigración."
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