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La administración de Donald Trump anunció el 20 de junio de 2025 la suspensión inmediata de la medida “Mejora de las protecciones para los trabajadores en empleos agrícolas temporales en Estados Unidos” (también conocida como “Norma de protección de los trabajadores agrícolas”), que fue implementada durante el último año de la administración del ex presidente Joe Biden.
La directriz, según su texto, protegía el derecho de los trabajadores temporales agrícolas con visa H-2A a “abogar por sí mismos o por sus compañeros de trabajo sobre condiciones laborales”, requería el uso de “cinturones de seguridad en la mayoría de vehículos utilizados para transportar a trabajadores”, y aclaraba “cuándo un despido es por ‘causa justificada’ para proteger los derechos esenciales de los trabajadores”, entre otras cosas.
El anuncio de la suspensión publicado en la página del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) dice que varias órdenes judiciales de cortes federales ya habían suspendido la norma. El DOL cita tres fallos que bloquearon la aplicación de la medida en ciertos estados o partes de ella y una que la ratificó:
Un tribunal de Georgia bloqueó la aplicación de la norma en 17 estados y para ciertas entidades.
Un tribunal en Kentucky bloqueó la aplicación de la medida en 4 estados adicionales.
Un tribunal en Misisipi suspendió a nivel nacional dos disposiciones sobre las protecciones de actividades concertadas.
Y un tribunal en Carolina del Norte ratificó la norma y permitió su aplicación en ese estado.
También señalan que estos fallos habían generado “incertidumbre legal, inconsistencia, y desafíos operacionales (…) para agricultores que emplean legalmente a trabajadores H-2A”. La suspensión “proporciona previsibilidad crítica para los empleadores agrícolas a medida que continúan los litigios y el departamento considera nuevas medidas regulatorias”, agregaron.
Primero, ¿qué es el programa de visas H-2A?
Según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, por sus siglas en inglés), el programa H-2A permite a empleadores o agentes estadounidenses que cumplen con requisitos traer extranjeros a Estados Unidos con el propósito de llenar puestos de empleos temporales en la agricultura. Los peticionarios deben presentar y recibir la aprobación de una Certificación de Trabajo Temporal en el DOL para sus empleados H-2A y luego presentar el formulario I-129 ante USCIS.
En el año fiscal 2023, el Departamento de Estado emitió casi 310,000 visas H-2A, según un reporte de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), publicado el 14 de noviembre de 2024.
¿Qué incluía la medida –ahora suspendida– sobre los trabajadores con visas H-2A?
La norma había entrado en efecto el 28 de junio de 2024, pero, como te contamos anteriormente, fue suspendida un año después, el 20 de junio de 2025.
Estas son algunas de las regulaciones que ofrecía esta medida que ahora están suspendidas:
-La exigencia de requisitos de divulgación de acuerdos entre agentes y futuros trabajadores H-2A (ya sea que se encuentren en Estados Unidos o en el extranjero) que mejoraba la transparencia en la cadena de reclutamiento y protegía a los trabajadores agrícolas vulnerables de la explotación y el abuso.
-Revelar los nombres comerciales usados por el empleador en los últimos 3 años anteriores a la presentación de una solicitud H-2A.
-Mantener en buen estado los cinturones de seguridad usados en el transporte de trabajadores H-2A.
-El DOJ había ampliado el alcance de las actividades protegidas por disposiciones antirrepresalias, como la presentación de quejas relacionadas con cualquier ley o regulación. En los casos de trabajadores no protegidos por la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) se protegía la participación en actividades de autoorganización. La NLRA protege los derechos de los trabajadores del sector privado para organizarse en sindicatos, participar en la negociación colectiva y realizar acciones para mejorar sus condiciones laborales.
-También se proporcionaba protección a los despidos injustificados, con derecho a pago de tres cuartas partes de las horas ofrecidas en el contrato de trabajo, e incluso, alojamiento y transporte.
-”En consonancia con las leyes vigentes que prohíben la confiscación de pasaportes”, la norma prohibía expresamente que un empleador tome o confisque los documentos de viaje del trabajador, como pasaporte, visa u otro documento de identificación de inmigracion o gubernamental en contra de los deseos del trabajador, para protegerlos contra el posible tráfico de mano de obra.
¿Por qué el DOL aprobó esta norma para los trabajadores H-2A en 2024?
La página web del DOL explica que la norma se implementó para reforzar las protecciones para los trabajadores agrícolas.
Estos trabajadores están entre los más vulnerables a los abusos en sitios de empleo en el país, en parte, por la naturaleza temporal del trabajo, aislamiento geográfico frecuente y dependencia del empleador solicitante, indicó el DOL. Son vulnerables al tráfico humano y a represalias cuando hacen valer sus derechos o participan en la autodefensa. En el año fiscal 2022, el DOL realizó 421 investigaciones de empleadores agrícolas H-2A y se les impusieron más de 3.6 millones de dólares en salarios atrasados y más de 6.3 millones en multas civiles.
Qué dicen las organizaciones a favor y en contra de la suspensión de la norma
El Centro de los Derechos del Migrante, organización que apoya a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, dijo en un comunicado que el programa H-2A está actualmente “plagado con abuso” y que la suspensión de la norma de protección de trabajadores agrícolas pone a estos trabajadores aún más vulnerables.
Suspender esta norma “sólo beneficia a las grandes corporaciones agrícolas y a los empleadores de bajo nivel que prefieren mantener a los trabajadores aislados y susceptibles a la explotación”, agregaron.
La Federación Americana de la Oficina Agrícola (AFBF por sus siglas en inglés), organización que se describe como “defensora nacional de los agricultores, ganaderos y comunidades rurales” y cuenta con más de “6 millones de familias afiliadas” en 2,800 condados de Estados Unidos, y el Consejo Nacional de Empleadores Agrícolas (NCAE, por sus siglas en inglés), que “representa los intereses de empleadores agrícolas, productores, asociaciones y otros” ante el Congreso y agencias federales, se pronunciaron a favor de la suspensión de la medida.
El presidente de la AFBF, Zippy Duvall, dijo en un comunicado que la organización agradece a la secretaria Lori Chavez-DeRemer y la administración de Trump por reconocer los obstáculos creados por esta norma compleja.“Nuestras leyes penalizan a los malos actores, pero esta norma asumía que todos los empleadores eran culpables hasta que se demuestre su inocencia”.
En un comunicado, la NCAE informó en un comunicado que sus miembros y la comunidad agricultora a nivel nacional están “celebrando la suspensión” de una norma que “desprestigiaba falsamente a la comunidad agrícola de Estados Unidos”.
“La NCAE y nuestros miembros se sintieron conmocionados y ofendidos por la promulgación de la Norma de Protección al Trabajador”, dijo Michael Marsh, presidente y director ejecutivo de la NCAE.
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