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Por Amy Sherman, de PolitiFact, medio aliado de Factchequeado
El presidente Donald Trump ha propuesto cambios en la forma en que votan los estadounidenses previo a las elecciones de medio término (midterms) de 2026.
Los presidentes de Estados Unidos no tienen la autoridad para reformar las leyes electorales estatales. La Constitución establece que las elecciones del Congreso recaen en manos de los estados y la facultad de dictar normas recae en el Congreso.
Eso no ha impedido que Trump adopte un enfoque centralizado para cambiar las prácticas electorales a un año de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026, comicios que determinarán si Trump cuenta con el apoyo del Congreso para su agenda, incluidas sus tácticas de aplicación de las leyes migratorias y sus recortes de impuestos y gasto público.
Estas son algunas de las formas en las que la administración Trump está presionando a los estados y al Congreso para cambiar el desarrollo de esas elecciones:
Trump reanudó sus ataques contra el voto por correo y amenazó en agosto con utilizar una orden ejecutiva para imponer una prohibición legalmente cuestionable sobre esta práctica que usan decenas de millones de estadounidenses.
El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a la mayoría de los estados entregar los registros de votantes para buscar electores inelegibles, lo que genera una batalla legal y pone en peligro los derechos de ciudadanos estadounidenses elegibles para votar.
La administración Trump redujo los esfuerzos para mejorar la seguridad en los centros de votación y la protección de las papeletas enviadas por correo.
Trump logró que gobernadores republicanos rediseñaran distritos electorales para dar más escaños a su partido en la Cámara de Representantes. En respuesta, los californianos votaron el 4 de noviembre de 2025 para redistribuir los distritos electorales y contrarrestar los esfuerzos republicanos.
Trump basó sus declaraciones en falsedades cuando promovió cambios en las leyes electorales durante un discurso a gobernadores. Repitió la falsa afirmación “Ridícula y Falsa” de que las elecciones de 2020 estuvieron “amañadas” y amenazó con encarcelar a las personas que, según él, manipularon esos comicios.
Desde PolitiFact, medio aliado de Factchequeado, preguntaron a la Casa Blanca por qué Trump quiere reformar el sistema electoral. Él ganó bajo las leyes de 2016 y 2024, y su partido ganó el Congreso en 2024. La Casa Blanca remitió al Departamento de Justicia.
“Los padrones electorales depurados y las garantías electorales básicas son requisitos imprescindibles para unas elecciones libres, justas y transparentes”, dijo a PolitiFact Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta. “La División de Derechos Civiles del DOJ tiene el mandato legal para hacer cumplir nuestras leyes federales de derechos electorales, y garantizar la confianza del público en la integridad de nuestras elecciones es una de las principales prioridades de esta administración”.
Las acciones de Trump han alarmado a los funcionarios electorales, quienes se comprometen a proteger los derechos de los votantes durante las elecciones de medio término.
“Estoy segura de que tendremos unas elecciones seguras y libres en 2026, pero eso dependerá de los funcionarios electorales estatales y locales, ya que el gobierno federal no está prestando su apoyo. Y, de hecho, está atacando a los funcionarios electorales”, afirmó Shenna Bellows, secretaria de estado de Maine y candidata demócrata a la gobernación.
Recopilación de datos del registro de votantes estatales, búsqueda de votantes no ciudadanos
En su búsqueda para identificar votantes no elegibles, el Departamento de Justicia ha solicitado los archivos de registro de votantes a la mayoría de los estados.
Los padrones electorales contienen información personal confidencial. Muchos estados tienen leyes que les prohíben revelar información, como fechas de nacimiento y números de permiso de conducir o de Seguro Social. Expertos electorales han planteado preocupaciones sobre la privacidad de la difusión amplia de la información que identifica a los votantes, y señalan preocupaciones similares relacionadas con el uso de los datos del Seguro Social por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
Algunos estados proporcionaron sólo datos disponibles públicamente al gobierno federal.
Bellows, de Maine, le dijo al Departamento de Justicia de Trump que "se tirara al golfo de Maine” (que se fuera a freír espárragos).
Maine estuvo entre los estados que el Departamento de Justicia demandó en septiembre (de 2025), con la acusación de que no entregaron cierta información de los padrones electorales.
En su demanda contra Maine, el departamento exigió que Bellows entregara toda la información sobre los listados electorales del estado, incluidos los números de Seguro Social y de licencias de conducir. Maine se opone a divulgar esa información porque la centralización de datos de votantes aumenta la posibilidad de una filtración, según explicó Bellows a PolitiFact.
"Votar en una democracia depende de una participación libre y justa, sin temor a represalias o castigos por parte del gobierno", afirmó Bellows. "Si el Congreso pensara que es buena idea tener una lista nacional del registro de votantes podría autorizarlo, pero no lo ha hecho".
El Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, organización aliada de Factchequeado, descubrió que casi todos los estados que respondieron a las solicitudes no compartieron sus bases de datos completas. Los estados omitieron los números de Seguro Social y de licencias de conducir. O no proporcionaron ninguna lista. Sólo Indiana y Wyoming entregaron sus listas completas de registro de votantes a nivel estatal.
En todo el país, el mantenimiento de los padrones electorales corre a cargo de funcionarios estatales y locales que eliminan de forma rutinaria a las personas que se han trasladado, han fallecido o no cumplen los requisitos para votar. Por su parte, la ley federal ya prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Sin embargo, Trump lleva una década difundiendo falsedades sobre el voto de los no ciudadanos.
Tras reportes de Reuters y The New York Times, un vocero del Departamento de Seguridad Nacional confirmó a PolitiFact que está compartiendo información con el Departamento de Justicia con el objetivo de identificar a los votantes que no son ciudadanos.
La administración Trump ha tomado otras medidas para localizar a los votantes no ciudadanos, como revisar una base de datos que los funcionarios electorales usan para verificar la ciudadanía de los votantes. Los defensores del derecho al voto advierten que los datos podrían estar desactualizados si un inmigrante luego se naturalizó y se convirtió en ciudadano de Estados Unidos.
Amenaza de acabar con el voto por correo
El 18 de agosto, Trump dijo que iba a tomar medidas para "acabar con las boletas por correo" y firmar una "orden ejecutiva para ayudar a que las elecciones de 2026 sean honestas". Cualquier intento de abolir o reformar los programas de voto por correo de los estados se enfrentaría a retos legales, lo que puede explicar por qué la orden no se ha materializado.
Al día siguiente, la secretaria de prensa Karoline Leavitt señaló que Trump podría buscar una vía legislativa, y dijo que habrá “muchas discusiones con nuestros amigos del Capitolio y también con nuestros amigos de las legislaturas estatales”.
Trump ha continuado con sus amenazas contra el voto por correo y prometió en septiembre "arreglar este sistema".
"No al voto por correo ni al voto anticipado", repitió en una publicación del 26 de octubre de 2025 en Truth Social en la que criticaba a California por enviar millones de papeletas por correo para la votación sobre la redistribución de distritos electorales.
El estado es 1 de los 8 que permiten las elecciones por correo. En las elecciones de noviembre de 2024, alrededor del 30% de los votantes, es decir, unos 48 millones de personas, votaron por correo, incluidas personas mayores, personas que no pueden conducir, personas que viven lejos de un centro de votación o personas que se encuentran en el extranjero. El voto por correo existe al menos desde la Guerra Civil.
En marzo, Trump emitió una orden ejecutiva que recortaría la financiación de la Comisión de Asistencia Electoral a los estados que cuentan los votos por correo recibidos después del día de las elecciones. La orden, que tiene una excepción para los votantes militares y en el extranjero, ha dado lugar a múltiples demandas.
Según el Instituto Nacional de Voto desde Casa, unos 16 estados permiten a los funcionarios contar los votos recibidos después del día de las elecciones, siempre y cuando tengan el matasellos del día de las elecciones (o, en el caso de Ohio, del día anterior al día de las elecciones).
La postura de la Casa Blanca es que las leyes federales establecen el día de las elecciones como el primer martes después del primer lunes de noviembre, por lo que esa debería ser la fecha límite para la recepción de los votos por correo.
Diecinueve estados demandaron conjuntamente a la administración Trump, argumentando que la Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de regular las elecciones. (Los estados de Washington y Oregón presentaron su propia demanda). Un juez de un tribunal de distrito de EE. UU. bloqueó de forma preliminar esa disposición de la orden de Trump.
El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, miembro del Partido Demócrata-Agrario-Laborista, dijo que los votantes deberían prestar atención a los intentos de Trump de ampliar su autoridad legal y enfrentarse a los estados.
"Creo que los próximos seis meses serán cruciales para garantizar que seguimos por el buen camino y que las elecciones son justas, precisas, honestas y seguras", afirmó Simon.
Presión para la redistribución de distritos en los estados liderados por el Partido Republicano.
Trump presionó a los estados liderados por los republicanos para que llevaran a cabo una redistribución de distritos inusual a mitad de década con el fin de maximizar los escaños del Partido Republicano en la Cámara de Representantes del Congreso.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó en agosto un nuevo mapa que los republicanos esperan que les proporcione cinco escaños adicionales. El gobernador de Missouri, Mike Kehoe, también firmó un nuevo mapa que se convirtió en ley, aunque los votantes están recogiendo firmas con la esperanza de celebrar un referéndum para revocar ese mapa en 2026. La comisión de redistribución de distritos de Ohio acordó un nuevo mapa, al igual que la legislatura de Carolina del Norte.
Otros estados liderados por los republicanos, como Florida, Indiana y Luisiana, podrían seguir su ejemplo.
Algunos líderes demócratas han planteado la redistribución de distritos en sus estados para acabar con las ganancias republicanas. Los votantes de California votaron el 4 de noviembre de 2025 por una redistribución de distritos electorales en una iniciativa liderada por el gobernador demócrata Gavin Newsom. Los demócratas también han presionado para que se lleve a cabo una redistribución de distritos electorales en Virginia, Maryland e Illinois.
Si los esfuerzos de Trump por crear más escaños republicanos en la Cámara de Representantes tienen éxito, a los demócratas les resultaría aún más difícil dar la vuelta a la Cámara.
Reducción de la ayuda para la seguridad electoral
Trump creó la Agencia Federal de Seguridad Cibernética y de Infraestructuras (CISA, en inglés) durante su primer mandato para proteger las infraestructuras críticas, incluidas las elecciones, de posibles amenazas. La CISA se convirtió en blanco de Trump después de que la agencia confirmara la seguridad de las elecciones de 2020.
La CISA ha proporcionado formación, información sobre amenazas y evaluaciones físicas y de ciberseguridad de las instalaciones electorales con los funcionarios electorales, mejorando la seguridad de los votantes.
No está claro qué papel desempeñará la CISA en las elecciones de 2026. Cualquier reducción de la respuesta federal a la seguridad electoral podría dañar la confianza de los votantes en las elecciones y envalentonar a los malos actores nacionales o extranjeros.
Un exfuncionario del Gobierno declaró a Axios que aproximadamente un tercio del personal de la CISA abandonó la agencia a principios de junio, unos meses después de que la CISA congelara su labor de seguridad electoral en espera de una revisión y no hiciera públicos los resultados. La administración Trump también recortó la financiación destinada a la colaboración en materia de intercambio de información entre funcionarios locales, estatales y federales. La propuesta presupuestaria de Trump para 2026 prevé nuevos recortes.
Gracias a la formación en seguridad de la CISA, los trabajadores electorales de Rhode Island supieron cómo responder cuando en septiembre de 2024 llegó a la Junta Electoral del estado un sobre que contenía polvo blanco con la dirección del remitente: "Ejército de Eliminación de Traidores de EE. UU.". La CISA ya había distribuido listas de verificación de seguridad física y ciberseguridad con consejos sobre cómo responder a una amenaza de este tipo.
La sustancia resultó no ser peligrosa, pero las rápidas alertas de seguridad y la información de la CISA ayudan a los funcionarios electorales a "saber lo que está sucediendo en tiempo real sin tener que esperar a las noticias o al boca a boca", dijo Nick Lima, director electoral de la ciudad de Cranston, Rhode Island, a PolitiFact.
Hasta ahora, John C. Ackerman, secretario y registrador del condado de Tazewell, Illinois, dijo que no ha observado una disminución en los servicios prestados por la CISA. Según le dijo a PolitiFact, la agencia sigue enviando boletines sobre amenazas y un análisis mensual de vulnerabilidades del sitio web del condado.
Cuando PolitiFact le preguntó a la CISA si seguía ofreciendo evaluaciones de seguridad y asistencia adicional a los funcionarios electorales, recibimos una declaración que no respondía a nuestras preguntas.
La administración Trump ha contratado a personas para puestos electorales que negaron la derrota de Trump en 2020 o difundieron falsedades sobre la votación.
Heather Honey, una activista de Pensilvania que difundió falsedades sobre las elecciones, ahora trabaja en el Departamento de Seguridad Nacional en un puesto relacionado con la integridad electoral. Marci McCarthy, ahora portavoz de la CISA, presidió el Partido Republicano del condado de DeKalb, que presentó una demanda sin éxito argumentando que las máquinas de votación de Georgia eran vulnerables. Como director del FBI, Kash Patel, que ha repetido la falsedad de Trump sobre un fraude electoral en 2020, podría supervisar las investigaciones de delitos electorales y violaciones de los derechos civiles relacionadas con las elecciones.
Michael Moore, director de seguridad de la información de la Secretaría de Estado de Arizona, dijo a PolitiFact en un correo electrónico que, aunque todavía hay empleados de la CISA que quieren ayudar, "parece que no tienen ni los recursos ni la orientación necesarios para ayudar de forma eficaz".
"Creo firmemente en la misión de la CISA y quiero que se restablezca nuestra relación y nuestro nivel de apoyo anterior", afirmó Moore. "Somos los Estados Unidos de América por una razón. En el panorama actual, parece más bien que cada estado va por su cuenta".
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