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Por Louis Jacobson, de PolitiFact, medio aliado de Factchequeado
En una decisión histórica, la Corte Suprema resolvió que el presidente Donald Trump no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles por su cuenta, bloqueando así la principal herramienta que ha estado utilizando para remodelar la economía estadounidense y mundial.
En una decisión de 6 a 3 votos, la corte falló que “cuando el Congreso concede la facultad de imponer aranceles, lo hace de forma clara y con cuidadosas restricciones. No hizo ninguna de las dos cosas en la IEEPA”.
Trump había justificado sus afirmaciones de mayor alcance sobre el poder arancelario citando la IEEPA, una ley de 1977 que permite imponer aranceles a todas las importaciones durante una “amenaza inusual y extraordinaria... a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de los Estados Unidos”.
Trump seguirá pudiendo imponer aranceles utilizando otras leyes, pero estas suelen requerir procesos más complicados.
“Trump ya no puede subir los aranceles por su cuenta, lo que le plazca, en ningún sitio; esa es la principal conclusión de la decisión de la Corte Suprema de esta mañana”, afirmó el 20 de febrero Ross Burkhart, politólogo de la Universidad Estatal de Boise especializado en política comercial. Trump aún puede seguir adelante con su agenda “America First”, afirmó Burkhart, pero “tiene que convencer a más público de la amenaza para la seguridad nacional, además de a sí mismo y a sus asesores”.
La decisión de la corte parecería poner fin a: el arancel mínimo del 10 % que Trump impuso a la mayoría de sus socios comerciales durante su anuncio del “Día de la Liberación” en abril de 2025; los aranceles más elevados que Trump describió de forma engañosa como aranceles “recíprocos” para determinados socios comerciales; los aranceles relacionados con el tráfico de drogas en Canadá, México y China; y muchos de los aranceles impuestos a China, según los expertos.
Estos aranceles han sido los principales impulsores del aumento de los ingresos arancelarios durante el segundo mandato de Trump. Desde enero de 2025, Estados Unidos ha experimentado un aumento con respecto a la base arancelaria existente de 223,500 millones de dólares.
La administración aún podría aplicar otros tipos de aranceles, entre ellos:
La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite la imposición de aranceles cuando el presidente determina que un país extranjero “actúa de manera injustificable y grava o restringe el comercio de los Estados Unidos” mediante el incumplimiento de acuerdos comerciales.
La sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite al presidente imponer aranceles si se ve amenazada la seguridad nacional. Trump y el presidente Joe Biden utilizaron la sección 232 como base para los aranceles sobre el acero y el aluminio impuestos desde 2018;
La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente abordar déficits “grandes y graves” en la balanza de pagos mediante recargos a las importaciones, cuotas o una combinación de ambos.
La sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que autoriza aranceles de hasta el 50% si un país “discrimina” al comercio estadounidense.
“Incluso sin la IEEPA, el presidente conserva amplia autoridad legal para recrear rápidamente gran parte del caos actual en materia de política comercial”, escribió el Instituto Cato, un centro de estudios libertario escéptico con respecto a la política arancelaria de Trump.
Trump se enteró de la decisión durante una reunión con gobernadores en la Casa Blanca, según informó The New York Times (NYT). Citando a dos personas familiarizadas con el proceso, NYT informó que Trump calificó la decisión de “vergonzosa” y abandonó la reunión antes de tiempo.
La Constitución establece que el Congreso tiene la facultad de imponer aranceles, no el presidente. Sin embargo, a lo largo de los años, el Congreso ha aprobado múltiples leyes que ceden parte de esa facultad al presidente.
Una de ellas fue la IEEPA, pero las pequeñas empresas impugnaron esa posición ante los tribunales, esgrimiendo dos argumentos clave. Sostuvieron que la ley no permite explícitamente al presidente imponer aranceles. Y argumentaron que los aranceles no alcanzaban el nivel de una emergencia “inusual y extraordinaria”. Los demandantes ganaron en primera instancia y en apelación, y ahora también han convencido a la Corte Suprema.
No queda claro cómo y cuándo se reembolsarán los miles de millones recaudados en aranceles; en la opinión disidente, el juez Brett Kavanaugh, junto con los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas, escribió que este proceso “probablemente” será un “desastre”.
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Traducción: Factchequeado
