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Tras los ataques de Estados Unidos contra Irán ordenados por el presidente Donald Trump, se ha reavivado el debate sobre el alcance de los poderes de guerra del presidente de Estados Unidos. Se espera que esta semana el Congreso considere un proyecto de ley para poner fin a las acciones de Trump en el Medio Oriente.
Te explicamos qué establecen la Constitución y las leyes sobre quién tiene la autoridad para declarar la guerra en Estados Unidos y cómo distintos expertos y gobiernos las han interpretado.
El poder de declarar la guerra lo tiene el Congreso, pero…
El artículo I sección 8 de la Constitución establece que “el Congreso tendrá el poder (...) de declarar la guerra”. Sin embargo, la página oficial del Congreso refleja que “las implicaciones de esta atribución exclusiva no están bien definidas” y que hay “considerables desacuerdos” entre el Legislativo y el Ejecutivo.
La página del Congreso indica que la última vez que el Legislativo de Estados Unidos declaró la guerra fue durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Sin embargo, “esto no quiere decir que el Congreso no haya autorizado el uso de la fuerza militar desde entonces”, dijo a Factchequeado Katherine Yon Ebright, abogada y experta en poderes de guerra del Brennan Center for Justice, organización aliada de Factchequeado.
“El Congreso votó para autorizar la Guerra de Irak. Votó para autorizar la llamada 'guerra global contra el terrorismo'. Votó para autorizar la primera Guerra del Golfo. Autorizó la guerra de Vietnam, (...) la diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial aprobó una declaración formal de guerra” pero desde entonces “ha autorizado el uso de la fuerza militar” que, en otras palabras, “son autorizaciones de guerra ligeramente más restringidas”, indicó Ebright.
En qué se han basado los presidentes para ordenar acciones bélicas desde la Segunda Guerra Mundial
La página del Congreso explica, similar a lo que comentó Ebright, que el Legislativo “puede, mediante ley, autorizar al presidente a emplear la fuerza dentro de parámetros definidos que no alcancen el nivel de una declaración general de guerra” y que ese ha sido “el método predominante mediante el cual el Congreso permite la acción militar desde la Segunda Guerra Mundial”.
Qué es la Resolución de Poderes de Guerra
El Servicio de Investigación del Congreso explica que la Resolución de Poderes de Guerra (War Powers Resolution o WPR, en inglés) fue una ley aprobada por el Congreso en 1973, durante la Guerra de Vietnam, “con el propósito de establecer procedimientos para que el Congreso y el presidente participen en las decisiones de enviar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a situaciones de hostilidades”.
Esta ley establece que el presidente “en todos los casos posibles, deberá consultar con el Congreso” antes de introducir a las Fuerzas Armadas en hostilidades, o informar al Congreso durante las 48 horas siguientes, y que ese uso de la fuerza debe terminar en máximo 60 días (prorrogable por 30 días adicionales), a menos que el Legislativo autorice su extensión.
Después de que culmine el plazo de los 60 días, si no existe una autorización del Congreso, “se acabó” y el presidente “debe retirar las tropas” o solicitar una prórroga de 30 días para hacerlo, indicó a Factchequeado Jeremy Paul, profesor de Derecho Constitucional de la Northeastern University, quien precisó que “esa es la parte de la Resolución de Poderes de Guerra que restringe al presidente”.
Dato: Entre 1973 y el 24 julio de 2025, presidentes de ambos partidos han enviado al Congreso 129 reportes de hostilidades en el marco de la Resolución de Poderes de Guerra, de acuerdo con la base de datos más reciente del War Powers Resolution Reporting Project de la escuela de Derecho de la New York University, analizada por Factchequeado.
Pedir autorización o notificar después de un ataque
Yon Ebright destacó que hay una distinción relevante entre pedir autorización al Congreso y notificar después de un ataque. “La Resolución de Poderes de Guerra establece que el presidente no puede conducir hostilidades en el exterior sin autorización del Congreso a menos que esté actuando de manera defensiva”, es decir, en condiciones donde exista “un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o sus fuerzas armadas”. La experta explica que es en este caso en el que, una vez se ejecuten las hostilidades para repeler el ataque, el presidente tiene 48 horas para notificar al Congreso.
De lo contrario –si no está en curso un ataque contra Estados Unidos o sus Fuerzas Armadas– el presidente “no puede conducir hostilidades en el exterior”, según lo establecido en la ley, añade Ebright.
Ebright indica que si bien la administración Trump ha estado informando a miembros del Congreso sobre los ataques en Irán y que el Secretario de Estado, Marco Rubio, ha afirmado que informó al Grupo de los 8 –grupo líderes del Congreso que reciben informes altamente clasificados sobre operaciones de inteligencia– antes de los ataques, eso no es suficiente para justificar una acción ofensiva. "Notificar no es lo mismo que obtener autorización. Ello no resuelve el hecho de que era el Congreso quien debía decidir si la guerra iba a ocurrir", dijo Ebright, quien describió los ataques a Irán como “un conflicto mayor sin provocación previa, que ahora ha envuelto a una serie de países en Medio Oriente”.
En qué casos el presidente puede involucrar al Ejército estadounidenses en hostilidades, según la ley
La ley establece en su artículo 2 que “los poderes constitucionales del presidente como Comandante en Jefe para introducir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades” se ejercen “únicamente” cuando ocurre:
1- Una declaración de guerra,
2- Una ley específica que lo autorice,
3- Una emergencia nacional creada por un ataque contra los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o sus fuerzas armadas.
Expertos ponen en duda la legalidad de los ataques de Estados Unidos a Irán
El presidente Trump, en su notificación al Congreso del 2 de marzo de 2026, aseguró que ordenó los ataques contra Irán para “proteger las fuerzas de Estados Unidos en la región” y “avanzar los intereses nacionales”.
Marco Rubio, secretario de Estado, dijo ese mismo día que Trump ordenó el ataque porque “sabíamos que si Irán era atacado [por Israel] inmediatamente nos iban a atacar a nosotros”, por lo que “fuimos proactivos de una manera defensiva”.
“La administración está torciendo el concepto de ‘ataque inminente’”, dijo a Factchequeado Katherine Thompson, investigadora del Cato Institute, experta en Poderes de Guerra, y exasesora senior en el Departamento de Defensa bajo la actual presidencia de Donald Trump.
El argumento de que Estados Unidos tenía que atacar antes de que hubiese represalias en caso de que Israel llevase a cabo alguna opción “está como tres niveles más allá de lo que la ley dice claramente, que es que el presidente puede actuar si hay una emergencia nacional definida por un ataque contra EE. UU., sus territorios o sus Fuerzas Armadas”.
Ebright coincidió: “El presidente tiene el poder de defensa propia cuando hay una amenaza genuinamente inminente o un ataque en curso contra Estados Unidos” y el argumento de la administración “se cae cuando recuerdas que Estados Unidos estuvo activamente involucrado con Israel para llevar a cabo ese ataque”.
Paul, en este punto, añadió: “La idea de que atacamos a un país extranjero porque otro país iba a hacerlo y ese otro nos iba a atacar en represalia no es plausible. En primer lugar, nuestro presidente fácilmente podría haberle dicho a Israel que no lo hiciera, y es muy poco probable que Israel hubiera avanzado sin su aprobación”.
El experto indicó que, a su juicio, "Trump actuó de forma más unilateral en un asunto significativo que cualquier presidente anterior", recordando que el ataque incluyó el asesinato de un líder de un gobierno extranjero –el ayatolá Alí Jameneí– algo que, según él, no tiene precedente sin aprobación del Congreso.
¿Y qué puede hacer el Congreso ahora?
La Resolución de Poderes de Guerra “crea un mecanismo expedito” para que el Congreso tome acción en situaciones donde considere que el presidente está llevando a cabo “hostilidades ilegales”, explicó Ebright a Factchequeado.
Thompson coincidió: “El Congreso conserva la capacidad de ordenar al presidente retirar las fuerzas en cualquier momento”.
Actualmente en el Congreso hay 2 resoluciones bipartidistas que invocan esta ley para obligar a Trump a poner fin a los ataques en Medio Oriente. Una presentada en la Cámara de Representantes por Thomas Massie (republicano) y Ro Khanna (demócrata) y otra en el Senado, presentada por Rand Paul (republicano) y Tim Kaine (demócrata). La presentada en la Cámara es un proyecto de declaración conjunta que no tiene rango de ley mientras que el proyecto presentado en el Senado, de ser aprobado, sí sería de obligatorio cumplimiento.
La presentada en el Senado, que ordenaba la remoción de toda hostilidad contra Irán –excepto en situaciones de defensa propia– fue rechazada por la mayoría republicana del Senado el 4 de marzo de 2025.
Al momento en el que publicamos esta nota, la resolución presentada en la Cámara se seguía debatiendo.
Sin embargo, si llega a aprobarse alguna resolución, tendría que contar con el respaldo de la Cámara de Representantes y el Senado, y luego tendría que ser promulgado o vetado por Trump. En caso de ser vetado, el Congreso necesitaría reunir una mayoría calificada (dos tercios en la Cámara y en el Senado) para anular el veto presidencial.
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