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Un día antes de su primer día en una nueva empresa de cosecha en Immokalee, en el suroeste de Florida, Marco Antonio Hernández Guevara estaba hablando por teléfono con su esposa quien lo esperaba en México junto a sus 3 hijas.
“Él dijo, como es una empresa nueva, no sé cómo tratan a la gente aquí, ni tampoco conozco los protocolos. Y yo simplemente le dije sí, mi amor, no te preocupes; vas a tener buena suerte, ya verás, eres muy trabajador”, dijo Reyna Jiménez a su esposo el 12 de agosto de 2025, según contó en una entrevista al medio WINK en Florida.
Esa fue la última vez que hablaron. Al día siguiente, Hernández Guevara, quien había trabajado durante 8 años como agricultor en Estados Unidos mediante una visa H-2A, colapsó en los campos y falleció 8 días después en el Hospital North Collier de Florida, informaron los medios WLRN y Wink. Tenía 35 años. La causa de su muerte habría sido un golpe de calor (heatstroke), que ocurre cuando el cuerpo no puede controlar su temperatura, no logra enfriarse y la temperatura corporal sube rápidamente. Esto puede provocar la muerte o una discapacidad permanente si no se proporciona el tratamiento adecuado.
Los trabajadores agrícolas tienen “35 veces más probabilidades de morir por exposición al calor” que trabajadores de otros sectores, de acuerdo con el informe de 2025 sobre el calor extremo y la agricultura de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas. Y, como te contamos en Factchequeado, en Estados Unidos la mayoría de ellos son latinos (más de 7 de cada 10).
Para el verano de 2026 se pronostican temperaturas más altas, especialmente en el noroeste y el sureste del país, según AccuWeather, una compañía de servicios comerciales de pronóstico del tiempo. Esto aumentaría el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor para los trabajadores agrícolas.
“No existe ninguna normativa federal” para proteger a estos trabajadores del calor en todo el país, dijo a Factchequeado Emma Scott, profesora asociada y directora de la Clínica de Alimentación y Agricultura en la Escuela de Derecho y de Posgrado de Vermont. Solo algunos estados (California, Colorado, Maryland, Minnesota, Nevada, Oregon y Washington) cuentan con “normativas que establecen estándares mínimos” para proteger a estos trabajadores, agregó. En California, por ejemplo, requieren proporcionar agua potable, fresca, adecuadamente fría y gratuita, así como acceso a sombra y áreas para refrescarse, según la página del Departamento de Relaciones Industriales del estado de California. En Florida, donde falleció Hernández Guevara, al igual que en otros estados, no existen este tipo de protecciones.
Sin embargo, una iniciativa de responsabilidad social creada por trabajadores agrícolas llamada Programa de Comida Justa (Fair Food Program o FFP), una “alianza entre agricultores, trabajadores agrícolas y empresas minoristas de alimentos”, tiene normas y mecanismos de aplicación que protegen a los trabajadores contra el calor y pueden ser aplicados en lugares que no cuentan con protecciones estatales. Estas normas incluyen, entre el 15 de abril y el 15 de noviembre, descansos cada dos horas de al menos 10 minutos y proporcionar bebidas con electrolitos a los trabajadores. Además, durante todo el año se requiere proporcionar agua a los trabajadores y estructuras que den sombra.
“Esos requisitos son esenciales para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores bajo las condiciones de calor extremo a las que se enfrentan”, dijo Scott.
Así funciona el Programa de Comida Justa
Creado en 2010 por la Coalición de Trabajadores de Immokalee (Coalition of Immokalee Workers o CIW), una organización de derechos humanos dirigida por trabajadores con sede en Immokalee, Florida, y que fue galardonada con la Medalla Presidencial, el FFP consiste en acuerdos vinculantes en los que 14 compradores participantes –como Burger King, McDonald’s, Whole Foods o Walmart– y 53 productores, según su página, deben comprometerse a comprar productos a cultivadores participantes que cumplan con el código de conducta del programa y pagar un sobreprecio (premium) que será añadido como una bonificación a los pagos de los trabajadores.
Antes de participar en el programa, los productores interesados deben firmar un memorando de entendimiento en el que acuerdan cumplir con el código de conducta del FFP, que incluye las medidas de protección contra el calor. Luego deben programar una auditoría de entrada (entry audit) por el Consejo de Estándares de Comercio Justo (Fair Food Standards Council o FFSC), entidad sin fines de lucro independiente encargada de hacer cumplir el código de conducta, y realizar las modificaciones requeridas bajo el programa.
Durante todo el año, el programa obliga a los productores a proporcionar estructuras de sombra, agua, baños y descansos voluntarios. También requiere que se imparta educación y entrenamiento a empleados y supervisores sobre los síntomas y señales de enfermedades relacionadas con el calor y las respuestas necesarias. Cualquier empleado que reporte o es identificado por un supervisor “como portador de signos o síntomas de insolación será relevado inmediatamente de sus funciones para hidratarse y descansar a la sombra, y tendrá derecho a recibir atención médica si la solicita (incluyendo ser llevado a una clínica o sala de emergencias)”.
Entre el 15 de abril y el 15 de noviembre el FFP requiere: descansos obligatorios de al menos 10 minutos cada 2 horas para todos los empleados en la cosecha; monitoreo que incluye medidas de prevención para el estrés térmico, evaluar a los empleados para detectar síntomas de estrés térmico así como la identificación y el seguimiento de empleados nuevos durante las primeras 3 semanas en el trabajo mientras se aclimatan y provisión obligatoria de bebidas con electrolitos, según un reporte de 2024 de FFP.
Estas normas contra el calor son medidas recomendadas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), los CDC y departamentos de salud de diferentes estados (como Arizona o Nueva York), incluidos aquellos que no tienen protecciones estatales contra el calor para trabajadores agrícolas. De hecho, OSHA propuso una norma que establecería estándares similares a nivel federal en 2024, pero aún no ha entrado en vigor.
Gerardo Reyes Chávez, uno de los líderes de CIW, dijo a Factchequeado que los descansos no pueden omitirse a menos que la temperatura sea inferior a los 80 °F y “el ranchero proporcione documentación, como una captura de pantalla de la temperatura”.
Si un productor no sigue los protocolos “entra en un espacio de probación o probatoria” donde tiene que arreglar cualquier problema que haya sido reportado, dijo Reyes Chávez. Si no solucionan el problema “pueden ser expulsados del programa, lo que significa que ya no van a poder vender a cualquiera de las 14 corporaciones [participantes]” u otras que firmen “en el futuro con el programa”, agregó.
La granja donde trabajó y falleció Hernández Guevara no participaba en el programa, dijo Laura Vasquez, una abogada de FFP. Jiménez dijo al medio Wink que cree que los protocolos contra el calor de FFP podrían haber salvado a su esposo.
Las normas del FFP no se limitan a las normas contra el calor extremo, también incluye protecciones contra el robo de salarios, protección contra represalias, protocolos de salud y seguridad. Algunos de sus elementos incluyen cero tolerancia para la labor forzada, trabajo infantil y abuso sexual. El programa también incluye sesiones educativas para trabajadores sobre derechos y responsabilidades dirigidas por el CIW en los lugares de trabajo y durante el horario laboral y mecanismos de resolución de quejas y auditorías continuas en las fincas por parte del FFSC.
También cuentan con una línea gratuita de quejas que es atendida por investigadores bilingües las 24 horas del día, los 7 días de la semana, según la página del programa.
De acuerdo con la página de resultados del FFP, las granjas participantes no han registrado ninguna demanda colectiva (class action lawsuit) o casos del Departamento del Trabajo (DOL), como uno de 2025 en el que se reveló que algunos trabajadores recibieron una remuneración insuficiente y otros fueron sometidos a condiciones inseguras de vivienda y transporte”, según un comunicado del DOL.
En conjunto, la responsabilidad social impulsada por los trabajadores (WSR), que es el modelo subyacente del FFP y que fue impulsado inicialmente por CIW, “ha cosechado elogios por sus éxitos en la mitigación de abusos tanto en el sector agrícola como en otros sectores productivos de bajos salarios”, según Susan L. Marquis, profesora visitante Charles y Marie Robertson en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. La WSR es un modelo “para definir, reivindicar y proteger los derechos humanos de los trabajadores” que, a diferencia de iniciativas lideradas por empresas, son diseñadas e implementadas por trabajadores e “incluyen estándares legalmente exigibles”, dijo Marquis en un reporte para el Centro de Derecho Laboral y de una Economía Justa de la Facultad de Derecho de Harvard publicado el 19 de junio de 2023.
Un estudio que se extendió durante una década por el Instituto para la Integridad de las Iniciativas Multiactor (MSI Integrity) analizó 40 iniciativas multiactor (MSI) –que son alianzas entre organizaciones, corporaciones y organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales que tienen el objetivo de abordar brechas de gobernanza y exigir responsabilidad a las corporaciones por los abusos cometidos contra los trabajadores– en 15 países y encontró que estas “no cumplieron con sus objetivos de proteger los derechos humanos” y “no son herramientas eficaces para exigir a las corporaciones que rindan cuentas por abusos” ni “para brindar a los sobrevivientes y las víctimas acceso a mecanismos de reparación”. El mismo estudio afirma que la WSR está desplazando a las MSI como la “referencia por excelencia” (gold standard) que sirven para “ cerrar las brechas de gobernanza que las MSI habían prometido subsanar”.
El reporte de la Vermont Law and Graduate School sobre etiquetas de alimentos sobre las condiciones laborales, entre ellas el FFP, publicado en agosto de 2025, señala que “los acuerdos de la cadena de suministro empleados en los programas WSR ofrecen un elemento disuasorio más contundente contra el incumplimiento, dado que la suspensión del programa conlleva la pérdida de un comprador importante”. Scott, experta consultada, es una de las autoras del reporte.
Asimismo, el Harvard Business Review lo incluyó como una de las “15 historias de éxito de mayor impacto social del siglo pasado”; la MacArthur Foundation lo reconoció con una beca por desarrollar un “nuevo modelo… para mejorar las condiciones de los trabajadores de bajos salarios dentro del mercado laboral del siglo XXI”; y el CIW recibió la medalla presidencial en 2015 por “sus esfuerzos extraordinarios para combatir la trata de personas”.
Algunos productores se han opuesto a esfuerzos para promulgar medidas de protección similares a las del FFP o han advertido que podrían tener un “impacto perjudicial” que “sobrecargaría” a toda la industria por culpa de unos cuantos que han ignorado los derechos de los trabajadores agrícolas, según recoge ProPublica.
Scott dijo que probablemente existan costos para los productores relacionados con la implementación de los estándares más altos del FFP y que solo compañías con mayores ingresos podrían internalizarlos “sin enfrentar ciertos desafíos”.
Por otro lado, también dijo que un efecto adicional de participar en estos programas es que se convierten en “un lugar de trabajo más atractivo”, “capaz de atraer a buenos trabajadores” y de retenerlos “precisamente porque es un mejor lugar para trabajar”.
“La gente puede encontrar un empleo digno en esas granjas”, agregó.
De acuerdo a ProPublica, Pacific Tomato Growers, una productora de tomates en Florida y la primera en unirse al programa (en 2010), ha dejado de experimentar escasez de mano de obra sin dejar de generar ingresos y el número de lesiones de trabajadores y riesgos de reclamaciones de indemnización laboral disminuyeron sin afectar sus ganancias. Un reporte de 2024 de FFP asegura que más del 90% de los cultivadores de tomate en Florida participan en el programa.
Pero el alcance del FFP es limitado. Por el momento, el programa cubre a unos 20,000 trabajadores agrícolas en casi la mitad de los estados del país, señala ProPublica. Esto representa el 0.77% de los 2.6 millones de trabajadores agrícolas en 2022, según datos publicados por KFF Health News, medio aliado de Factchequeado, en 2025.
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