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El gobernador Ron DeSantis y el llamado zar de la frontera, Tom Homan, anunciaron el 25 de junio de 2026 el cierre del Centro de Detención del Sur de Florida, conocido como “Alligator Alcatraz” o “Alcatraz de los Caimanes”, por haber sido instalado sobre el pantano de la Reserva Nacional Big Cypress, en Ochopee, Florida, hábitat de caimanes y de la pantera de Florida.
La jueza federal de distrito Sheri Polster Chappell exigió pruebas de su cierre permanente el 16 de julio de 2026 y el gobierno de DeSantis respondió con dos declaraciones juradas de empleados y fotografías que muestran el lugar sin las tiendas de campaña ni los remolques donde tenían recluidas a las personas detenidas.
1. ¿Por qué cerraron?
DeSantis dijo que el centro ya había cumplido con la “misión” de aumentar la capacidad de detención migratoria de Florida y ayudar al gobierno de Donald Trump a acelerar las deportaciones.
Sin embargo, desde que se inauguraron las instalaciones el 1 de julio de 2025, el centro enfrentó quejas por el trato inhumano a los detenidos; demandas por el bloqueo de abogados y el daño ambiental a la zona protegida, además de cuestionamientos por el alto costo por detenido: 3,571 dólares al día, frente a un promedio nacional de ICE de $165 dólares diarios, según una investigación de CBS News Miami.
El gobierno de DeSantis usó poderes de emergencia y adjudicó contratos sin licitación por valor de más de 1,000 millones de dólares a empresas privadas, investigó el Florida Triba, muchas de las cuales eran donantes republicanos y aliados de DeSantis, de acuerdo con el Miami Herald.
Después de conocerse que el gobierno había gastado cientos de millones de dólares con escasa supervisión legislativa, la Legislatura de Florida, de mayoría republicana, aprobó nuevos controles sobre el fondo estatal utilizado para responder a emergencias. La ley ahora exige una revisión legislativa de determinados gastos cuando una declaración de emergencia se prolonga por más de 60 días, así como informes trimestrales y una contabilidad separada de los reembolsos federales. La reforma no prohibió que el fondo siguiera usándose para medidas de control migratorio.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había prometido al estado un reembolso de 608 millones de dólares. En mayo de 2026, Florida recibió el primer pago de 58 millones de dólares.
2. ¿Qué demandas se interpusieron contra “Alligator Alcatraz”?
En defensa del medio ambiente: Las organizaciones Friends of the Everglades y Center for Biological Diversity, junto con la tribu Miccosukee, lograron el 21 de agosto de 2025 —a poco más de 2 meses de su apertura— una orden preliminar de la jueza de distrito Kathleen Williams que prohibió nuevas construcciones y el ingreso de nuevos detenidos, y ordenó desmantelar en 60 días la expansión del centro, por no cumplir con la revisión ambiental que exige la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) en la Reserva Nacional Big Cypress. Un tribunal de apelaciones del 11º Circuito revirtió esa orden y permitió que siguiera operando.
En defensa de los detenidos: La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), junto con la ACLU de Florida y Americans for Immigrant Justice, presentó una demanda el 16 de julio de 2025, en representación de detenidos y de organizaciones legales que denunciaron que el centro bloqueaba el acceso a abogados: sin visitas en persona, sin llamadas confidenciales. La jueza Sheri Polster Chappell del Distrito Medio de Florida, con sede en Fort Myers, ordenó el 27 de marzo de 2026 ampliar el acceso telefónico y de visitas para los detenidos. La ACLU también juntó firmas para que el lugar fuera cerrado.
3. ¿Qué pasó con los migrantes detenidos?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no informó cuántos detenidos fueron trasladados ni publicó a dónde fueron llevados. Su portavoz, Lauren Bis, solo declaró a The Associated Press (AP) que los detenidos fueron trasladados “a otras instalaciones”.
Familiares de migrantes trasladados al Centro Federal de Detención (FDC) de Miami dicen que están compartiendo espacio con criminales considerados peligrosos y denunciaron hacinamiento y condiciones “inhumanas”, publicó la agencia EFE.
En el anuncio del cierre de “Alligator Alcatraz”, el gobernador Ron DeSantis afirmó que cerca de 21,000 detenidos habían pasado por el centro y dijo que Florida había sido “pionera en aumentar la capacidad de detención, tan necesaria, y en colaborar con nuestros socios federales para agilizar las deportaciones, expulsando de nuestro país a miles de los inmigrantes indocumentados más peligrosos”. Pero, sólo un tercio de los detenidos tenía antecedentes penales, con cargos que iban desde intento de homicidio hasta violaciones de tránsito, pero la mayoría no tenían ninguna condena penal ni cargo pendiente en Estados Unidos, solo violaciones migratorias, advirtió una investigación del Miami Herald.
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