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Por Robert Farley de FactCheck.org, medio aliado de Factchequeado
El presidente Donald Trump se sumó al polémico debate sobre el “derecho a reparar” tu propio automóvil, pero al hacerlo, y para mostrar su apoyo a los consumidores, relató una anécdota con información inexacta.
Según Trump, en declaraciones del 4 de junio, “A un hombre, de hecho, le dieron siete años de cárcel por arreglar su propio auto”.
Al día siguiente, en una mesa redonda sobre agricultura celebrada en Chippewa Falls, Wisconsin, el presidente volvió a hacer referencia al caso.
“Es decir, los demócratas de hecho tienen una restricción que establece que si te pillan arreglando tu tractor, te meten en la cárcel”, dijo Trump. “¿Lo sabían? ¿Sabían que la semana pasada indulté a un hombre que había sido condenado a siete años de cárcel por arreglar su auto o su camión? Yo dije, siempre pregunto: ‘¿Qué hizo?’ ‘Señor, estaba arreglando su camión’. Pregunté: ‘¿Cuánto tiempo le van a dar?’ ‘Siete años’. Dije: ‘Repítamelo’. Es la primera vez que oigo algo así, hace como dos semanas. Le concedí el indulto porque tenía que ir a la cárcel por arreglar su tractor o su camión. ¿Pueden creerlo?”.
La Casa Blanca no respondió a la solicitud que hizo FactCheck.org –organización aliada de Factchequeado– de información adicional, pero Trump parece referirse al indulto que concedió el 7 de noviembre a Troy Lake, un mecánico de vehículos diésel de Wyoming que cumplió siete meses, no siete años, de una condena de un año tras declararse culpable de violar la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) por desactivar los sistemas de control de emisiones de cientos de camiones comerciales pesados. (Ningún otro indulto durante el segundo mandato de Trump se ajusta a esta descripción).
Según un comunicado de prensa del 9 de diciembre de 2024 de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado, Lake y su empresa, Elite Diesel Service Inc., instruyeron a los empleados de la compañía para que “desactivaran los sistemas computarizados de diagnóstico a bordo [OBD, por sus siglas en inglés] en al menos 344 camiones comerciales pesados. Los sistemas OBD son obligatorios según la Ley de Aire Limpio para monitorear el hardware de control de emisiones en los vehículos y garantizar su correcto funcionamiento”.
Según el comunicado, también había otros ocho conspiradores que “contrataron a Elite y Lake para manipular los sistemas OBD de manera que estos no detectaran las fallas”. Estos ocho, que cooperaron con los investigadores, fueron multados con más de 500,000 dólares en total.
Los detalles del caso
La Fiscalía de Estados Unidos afirmó que Lake violó la prohibición de la Ley de Aire Limpio contra la manipulación de dispositivos de monitoreo.
Según la Fiscalía de los Estados Unidos, los dispositivos de control de emisiones “son fundamentales para mantener la calidad del aire, y cuando estos controles se desactivan, el aumento de la contaminación por gases de escape es significativo. Un estudio sobre los efectos de la manipulación de estos 344 camiones demostró que los conspiradores en este caso causaron colectivamente un aumento ilegal de contaminantes de al menos 1,300 toneladas de óxidos de nitrógeno, 30 toneladas de hidrocarburos distintos del metano, 600 toneladas de monóxido de carbono y 30 toneladas de partículas en exceso”.
“Durante años, los acusados lideraron una conspiración a gran escala diseñada para violar la Ley de Aire Limpio mediante la manipulación de los sistemas de control de emisiones de cientos de camiones comerciales pesados”, declaró en su momento Lance Ehrig, agente especial a cargo de la División de Investigación Criminal de la Agencia de Protección Ambiental en Colorado. “Las acciones de los acusados y sus cómplices provocaron directamente un aumento significativo de la contaminación, lo que deterioró la calidad del aire y puso a poblaciones vulnerables en mayor riesgo de desarrollar problemas de salud”.
Lake sostuvo que simplemente intentaba evitar que pequeñas empresas tuvieran que pagar facturas de reparación costosas e innecesarias.
“No quería ser Robin Hood. Simplemente sentía que lo que el gobierno estaba haciendo con los estadounidenses que querían trabajar estaba mal”, dijo Lake a Fox News el 27 de octubre.
“Todos nosotros, los verdaderos estadounidenses, no nos oponemos al aire limpio. Queremos aire limpio”, declaró Lake al periódico Oil City News de Wyoming en noviembre. “Pero mi problema con el acuerdo era que cada vez veía más y más empresas, especialmente pequeños operadores o propietarios de negocios, yendo a la quiebra y luchando por mantener estos sistemas en funcionamiento. Les costaba 20.000 dólares repararlos, y yo les cobraba entre 2,500 y 2,800 dólares por eliminarlos y no volver a tener ese problema”.
El indulto del presidente
El caso de Lake llamó la atención de la senadora republicana Cynthia Lummis de Wyoming, quien solicitó un indulto al presidente en octubre de 2025, presentando la condena de Lake como un ejemplo de la “intromisión excesiva de la administración Biden en la vida cotidiana de los estadounidenses trabajadores en comunidades de todo el oeste”.
Ese mismo mes, Lummis presentó la Ley de Liberación de Camiones Diésel, que prohibiría al gobierno federal “exigir a los fabricantes la instalación o el mantenimiento de dispositivos de control de emisiones o sistemas de diagnóstico a bordo” y eliminaría “la autoridad de la EPA para hacer cumplir los requisitos de la Ley de Aire Limpio relacionados con los controles de emisiones vehiculares”. También prohibiría el enjuiciamiento civil o penal de quienes infrinjan “la ley federal por manipular o mejorar los equipos de control de emisiones”. El proyecto de ley no ha sido aprobado en comisión.
El 21 de enero, la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia anunció a través de X que ya no procesaría penalmente casos como el de Lake.
“Hoy, [el Departamento de Justicia] ejerce su facultad discrecional para no presentar cargos penales en virtud de la Ley de Aire Limpio por presunta manipulación de dispositivos de diagnóstico a bordo de vehículos”, indicaba la publicación. “El Departamento de Justicia está comprometido con principios sólidos de aplicación de la ley, el uso eficiente de los recursos gubernamentales y evitar la criminalización excesiva de la legislación ambiental federal”.
Sin embargo, la publicación señalaba que el Departamento de Justicia “seguiría emprendiendo acciones legales civiles por estas infracciones cuando proceda”.
El mismo día del anuncio del Departamento de Justicia, el gobierno retiró la acusación contra Tracy Coiteux, una mujer de Washington que había apelado una condena de 2024 por manipular los sistemas de control de emisiones de camiones diésel.
El 12 de febrero, dos semanas antes de que Lake fuera invitado de Lummis al Discurso sobre el Estado de la Unión, Trump también indultó a la empresa de Lake, Elite Diesel Services Inc., que había sido condenada a cinco años de libertad condicional al mismo tiempo que Lake. El indulto de Trump condonó las multas por un total de 50,000 dólares impuestas a la empresa.
Independientemente de lo que se piense del caso de Lake, no fue condenado a “siete años de cárcel (…) por haber arreglado su propio coche”, como lo planteó Trump.
Derecho a reparar vehículos
El caso de Lake sólo guarda una relación tangencial con el llamado debate sobre el “derecho a reparar” vehículos al que Trump lo vinculó.
“Ayer tuvimos a la industria automotriz”, dijo Trump en declaraciones el 4 de junio de 2026 sobre una reunión que mantuvo con los directivos de Ford, General Motors y Penske Corporation. “No quieren que la gente repare sus autos. Dije: ‘Qué extraño, nunca había oído hablar de eso’. Tienen una política que prohíbe que alguien repare su propio auto. De hecho, le dieron siete años de cárcel a un hombre porque reparó su propio auto”.
“¿Puedes creerlo?”, preguntó Trump. “Quieren una ley que prohíba a la gente arreglar sus coches. Si tienes conocimientos de mecánica, ya sabes, yo crecí (…) Fui a la escuela con algunos chicos; en algunos casos, eran pésimos estudiantes, pero podían arreglar un motor con los ojos vendados (…) Pero eran geniales. Y ahora hay una iniciativa para impedir que la gente arregle sus coches. No lo entiendo”.
Al día siguiente, en Wisconsin, Trump preguntó a los agricultores locales en una mesa redonda: “¿Les gusta el derecho a reparar?”.
“Fue un poco extraño”, dijo Trump. “Quiero decir, algunos de ustedes son mejores mecánicos que la gente de John Deere (…) Digamos que tienen un tractor, está averiado y saben exactamente cómo arreglarlo. No les haría mucha gracia que les obligaran a llevar el tractor de vuelta a John Deere o a donde lo compraron, ¿verdad? Querrían arreglarlo ustedes”.
“Es decir, los demócratas de hecho tienen una restricción que establece que si te pillan arreglando tu tractor, te meten en la cárcel. ¿Lo sabían? ¿Sabían que la semana pasada indulté a un hombre que había sido condenado a siete años de cárcel por haber sido sorprendido arreglando su coche o su camión?”.
Una vez más, Lake no fue procesado simplemente por estar “arreglando su coche o su camión”, sino –como se explicó anteriormente– por haber violado la prohibición de la Ley de Aire Limpio contra la manipulación de dispositivos de monitoreo.
La cuestión del “derecho a reparar” productos es polémica y también más compleja de lo que sugiere la descripción de Trump.
Como explica la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, “la legislación sobre el derecho a reparar tiene como objetivo que los consumidores puedan reparar sus propios productos en lugar de acudir al fabricante original para su reparación”.
“En el contexto del mercado de repuestos, se refiere a la capacidad de los consumidores para seleccionar quién repara y/o mantiene sus vehículos de motor”, afirmó el Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés) en un informe de 2024 sobre el tema.
Si bien, en términos generales, los compradores de automóviles tienen derecho a reparar sus propios vehículos o a llevarlos a un taller de reparación de su elección (en lugar de al concesionario), ha surgido un debate político sobre la “telemática” dentro de los automóviles, “la transmisión inalámbrica de datos hacia y desde los vehículos y los centros de datos alojados por los fabricantes de vehículos”, según el informe del CRS.
La Alianza para la Innovación Automotriz, un grupo comercial que representa a la mayoría de los principales fabricantes de automóviles, argumentó en 2023 que el acceso público a la telemática “crearía riesgos para la privacidad y la ciberseguridad”.
Como escribió Todd Spangler, corresponsal en Washington del Detroit Free Press, el 8 de junio: “El conflicto se reduce a quién tiene el derecho de propiedad sobre todo ese conocimiento, propiedad intelectual y acceso: el fabricante, cuyo modelo de negocio puede depender de ello, o el propietario, que lo compra”.
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