MENÚ
La ley SB 2114 entró en vigor en Misisipi el 1 de julio de 2026 y autoriza al Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety) de Misisipi a identificar a las personas que viven en el estado sin un estatus migratorio legal. En Misisipi viven alrededor de 27,000 inmigrantes indocumentados: 10,000 son de México, 6,000 de Honduras y 3,000 de Guatemala, según estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) con datos del Censo.
Si bien el texto de la ley no requiere compartir esa información con agencias migratorias federales, sí exige que se haga “un esfuerzo razonable” para expandir la cooperación de agencias estatales con ICE a través del programa 287(g), que autoriza a agencias locales algunas funciones limitadas de aplicación de leyes migratorias, y crea penalidades criminales estatales para inmigrantes indocumentados.
En un video difundido en su cuenta en Facebook, el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Misisipi, Sean Tindell, dijo que se creará una base de datos con la información recolectada y que deben trabajar con sus aliados de las fuerzas del orden federales como parte del programa 287(g).
Angela Trehan, abogada de la firma Chhabra, Gibbs & Trehan, PLLC, en Misisipi, dijo a Factchequeado a través de correo electrónico que la ley es “una de las medidas estatales de control migratorio más agresivas” promulgadas en Misisipi. La ley expande el papel de las autoridades locales con agencias federales de aplicación de la ley de inmigracion, lo que puede derivar en “que más personas sean identificadas para fines de control migratorio tras su detención, incluso antes de haber tenido la oportunidad de resolver los cargos penales en su contra o de tramitar los recursos federales de alivio migratorio disponibles”.
Te contamos lo que sabemos sobre la SB 2114.
Identidad, dirección y otros datos que requiere la ley sobre los inmigrantes indocumentados en el estado
La SB 2114 requiere al Departamento de Seguridad Pública, que está formado por varias agencias como la Oficina de Investigación de Misisipi y el Departamento de Seguridad Nacional de Misisipi, “utilizar todos los medios de investigación lícitos y razonables disponibles” para determinar la cantidad de inmigrantes indocumentados que viven en el estado y sus identidades.
La información que deberá recopilarse según la nueva ley incluye: nombres, direcciones, países de origen, si son adultos o menores de edad, historial criminal (incluido si ha ingresado de manera irregular a Estados Unidos anteriormente),además de “la fecha, el lugar y el estado de los procedimientos de expulsión iniciados”, si los hay.
La ley prevé que autoridades locales o estatales puedan compartir la información de un extranjero indocumentado sospechoso de haber participado en delitos que constituyen una infracción federal o estatal, incluidos la trata de personas o el narcotráfico, con fines de seguridad pública. La ley no especifica cómo se llevará a cabo esta recolección de datos; únicamente prevé que el departamento podrá adoptar las “reglas y regulaciones” que sean necesarias y coordinar con el Departamento de Correcciones para implementarla.
Requiere “un esfuerzo razonable” para formalizar acuerdos 287(g) con ICE
La SB 2114 requiere que el Departamento de Seguridad Pública haga un “esfuerzo razonable” para lograr un memorándum de entendimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g) dentro de los 120 días posteriores a su implementación. Es decir, antes de fines de octubre de 2026.
También requiere que las agencias del orden público de cada condado realicen “un intento razonable” de formalizar un acuerdo con ICE antes del 1 de octubre de 2026. Cada agencia del condado debe notificar de manera trimestral sobre el estatus de cada acuerdo y los motivos de cualquier incumplimiento.
La ley endurece las sanciones penales para inmigrantes indocumentados
La seccion 5 de la ley prevé que un inmigrante indocumentado que sea detenido ingresando al estado desde un país extranjero y fuera de los puertos de entrada, sea considerado culpable de un delito menor (misdemeanor) con una pena de prisión de no menos de 6 meses.
Si la persona indocumentada es condenada por un delito penal estatal —que no sea un delito violento ni un delito sexual— cuya penalidad sea castigada con prisión por un periodo de 12 meses o más, será considerada culpable de un delito grave (felony) sancionable con pena de prisión por un periodo no inferior a 2 años.
Si, por el contrario, el inmigrante indocumentado ha sidocondenado bajo la ley estatal por un delito violento o de índole sexual sancionable con pena de prisión por un periodo de 12 meses o más, será considerado culpable de un delito grave sancionable con pena de prisión de entre 3 a 5 años.
Qué dicen expertos sobre sus posibles efectos
La SB 2114, aseguró Trehan, podría provocar que las personas indocumentadas “no denuncien delitos, busquen atención médica, envíen a sus hijos a actividades escolares o interactúen con instituciones públicas, por miedo a que cualquier contacto con las fuerzas del orden derive, en última instancia, en consecuencias migratorias”. También podría generar temor en familias, incluidas las de estatus mixto, y trascender a comunidades enteras, dijo Trehan.
“En mi opinión, esto traslada a Misisipi a un ámbito que tradicionalmente ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno federal”, agregó.
Victoria Francis, subdirectora de iniciativas estatales y locales del Consejo Estadounidense de Inmigración, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes, dijo a Factchequeado a través de correo electrónico que una ley como esta “propicia la elaboración de perfiles raciales (profiling) y corre el riesgo de convertir a comunidades enteras en objetivos”.
La “SB 2114 es particularmente alarmante porque parece autorizar un esfuerzo proactivo para identificar y rastrear a los inmigrantes indocumentados, sin salvaguardias significativas sobre cómo se puede recopilar, verificar, proteger o utilizar esa información”, agregó.
Ira Mehlman, director de medios de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), “una organización sin fines de lucro que busca reducir los niveles generales de inmigración a los Estados Unidos”, dijo a Factchequeado que las preocupaciones planteadas “son pura especulación” y que las autoridades locales “no estarán actuando como agentes de ICE”.
“Existen algunas leyes federales de derechos civiles que impedirán la discriminación racial o étnica”. Mehlman agregó que el estado y gobiernos locales ya recopilan información de diferentes fuentes, como los registros escolares.
“No es diferente a cuando un policía estatal de Misisipi detiene a alguien y descubre que existe una orden de arresto en su contra. Se ponen en contacto con la jurisdicción correspondiente”, agregó.
Defensas contra el enjuiciamiento conforme a la SB 2114 incluyen casos de DACA y asilo
La SB 2114 también estipula algunas defensas contra el enjuiciamiento. Estas incluyen la presencia legal en el país y el asilo otorgado por el gobierno federal y ser beneficiario del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que otorga un permiso de trabajo y protección temporal contra la deportación a los que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad, implementado por el expresidente Barack Obama en 2012.
No constituye una defensa haber sido beneficiario del programa Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), que fue suspendido en junio de 2017, o cualquier otro programa que no fuera establecido “por el Congreso de los Estados Unidos que sea sucesor o materialmente similar” a DACA o DAPA.
Trehan dijo a Factchequeado que le preocupa que la ley no tome en cuenta “las formas de alivio humanitario establecidas por el Congreso”, como las visas U, la Ley de Violencia Contra la Mujer de 1994 (VAWA), el Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), el estatus de protección temporal (TPS) y solicitudes de asilo pendientes.
“Esos programas reflejan decisiones deliberadas de política federal, y las leyes estatales no deberían interferir con los objetivos del Congreso”, dijo Trehan.
Requiere que el fiscal general estatal investigue y exija el cumplimiento de la ley
La sección 8 de la SB 2114 requiere que el fiscal general, Lynn Fitch investigue a las agencias gubernamentales por incumplir la ley y pueda “iniciar una acción para obtener una declaración judicial o una medida cautelar que obliga al cumplimiento de la ley“.
La ley SB 2114 será derogada el 1 de julio de 2028
La sección 11 de la ley prevé que la ley será derogada dos años después de su entrada en vigor. Es decir, dejará de ser válida el 1 de julio de 2028 a menos que las autoridades estatales aprueben una prórroga.
Factchequeado es un medio de verificación que construye una comunidad hispanohablante para contrarrestar la desinformación en Estados Unidos. ¿Quieres ser parte? Súmate y verifica los contenidos que recibes enviándolos a nuestro WhatsApp +16468736087 o a factchequeado.com/whatsapp.
Lee también:
Qué sabemos sobre el tiroteo mortal en Biddeford, Maine, en el que estuvo involucrado ICE
