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El gobierno del presidente Donald Trump ha deportado a 25,447 personas a terceros países desde el 20 de enero de 2025 al 31 de agosto de 2026, según datos recopilados por The Deportation Project, una investigación coordinada por la organización periodística Forbidden Stories junto con 24 medios de distintos países. Muchos de los acuerdos con terceros países no habían sido publicados y en algunos casos se desconocía la cantidad de personas deportadas, su destino y bajo qué condiciones.
La administración creó la Oficina de Remigración para negociar específicamente los acuerdos con terceros países de deportación. La oficina, según reveló The Washington Post, depende de la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) y está dirigida por Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado. El nombre de la oficina es controversial porque el término "remigración" ha sido popularizado por nacionalistas blancos en Europa que buscan la expulsión de minorías raciales e inmigrantes, describe el Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE), una organización que monitorea movimientos extremistas.
¿Qué son las deportaciones a terceros países?
Una deportación a un tercer país ocurre cuando Estados Unidos expulsa a una persona, pero no la envía al país del que es ciudadana o donde nació. Por ejemplo, un cubano puede terminar en El Salvador; un nicaragüense puede ser enviado a Colombia, Honduras o Ecuador. Incluso una persona latinoamericana puede terminar en países de África o Asia.
La práctica no es nueva y es legal con límites que ahora te contaremos, pero especialistas consultados por Factchequeado identifican un cambio drástico durante el segundo mandato de Trump: expansión de estos acuerdos, cantidad de países involucrados, el aumento exponencial de hombres deportados en edad laboral sin antecedentes penales, además de mujeres y niños que tenían ya una vida establecida en Estados Unidos.
México, el principal destino entre los terceros países
México ha recibido a cerca del 79% de las personas enviadas a terceros países. Según datos de Third Country Deportation Watch, una iniciativa de Human Rights First y Refugees International, cerca de 20,000 personas fueron enviadas a ese país entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026.
Esas organizaciones monitorean los acuerdos de transferencia a terceros países del gobierno estadounidense y documentan casos que muestran el coste humano de esta política.
La administración Trump ha destinado unos 410 millones de dólares para facilitar acuerdos con 31 países hasta finales de junio último, según documentos internos del gobierno revisados por The Washington Post. Además de México, los acuerdos incluyen a países como Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, y países de África y Asia, como Ghana, Camerún, Ruanda, Esuatini, Sudán del Sur y República Centroafricana.
El acuerdo depende del país receptor, la situación de la persona y la relación entre gobiernos. “Ningún caso es igual y además es más complejo de lo que pensamos”, explicó a Factchequeado Jesús de la Torre, director asociado para Migración Global del Hope Border Institute, cuyo trabajo está enfocado en la frontera entre México y Texas.
A pesar de que México es el país que ha recibido mayor número de deportados, también ya te hemos contado en notas anteriores que los propios mexicanos han sido deportados a terceros países de la región pese a la cercanía con Estados Unidos. Guatemala recibió a 2,284 mexicanos en 2026; Honduras informó de 365 y Costa Rica de 11, según datos de la misma organización.
De la Torre dijo que su organización acompaña a personas en el área de la frontera con México que tienen necesidades urgentes, como atención médica a inmigrantes con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas. Ofrecen apoyo psicológico y acompañamiento para resolver temas de documentación, trámites, conexión con consulados, representación legal. Muchas personas, mencionó, dependen solo de organizaciones humanitarias para cubrir necesidades básicas porque Estados Unidos las expulsa sin nada.
Sobre los riesgos de seguridad, mencionó casos de violencia grave que están viviendo las personas deportadas a México: “Estamos viendo que muchas de ellas están siendo secuestradas, muchas de ellas están sufriendo violencia de alto impacto”, dijo. Y explicó que algunas personas enviadas a un tercer país terminan considerando regresar a sus países de origen, incluso cuando habían huido de ellos por razones de seguridad, porque no encuentran redes de apoyo ni condiciones para rehacer su vida en ese tercer país.
Human Rights First y Refugees International documentaron, por ejemplo, el caso de una mujer nigeriana con protección en Estados Unidos que fue enviada a Ghana y, en menos de 24 horas, Ghana la devolvió a Nigeria.
Deportaciones legales, pero con límites
Las deportaciones a terceros países no están prohibidas por la ley estadounidense, pero una persona no puede ser enviada a un país donde exista un riesgo de persecución, tortura o malos tratos. Esa protección se conoce como el principio de “no devolución”.
En términos sencillos, la no devolución es que no puede mandar a nadie a un lugar donde pueda sufrir un daño, incluso si ese lugar no es su país de origen. El principio está vinculado a mecanismos como la "retención de deportación", prevista en la sección de extranjeros y nacionalidad de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que protege a alguien de ser enviado a un país donde sea “más probable que no” que enfrente persecución, además de las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención contra la Tortura (CAT), que prohíben el envío de una persona a un país donde podría ser torturada.
La ley tampoco permite enviar a alguien a un tercer país si existe el riesgo de que ese país, después, lo traslade a otro lugar donde sí enfrente esos peligros. A esto se le llama "devolución en cadena".
Además, el gobierno estadounidense debe respetar el debido proceso durante una deportación. La persona debe tener una oportunidad de saber a dónde será enviado, qué ocurrirá con él y decir si el país a donde lo mandarán representa un peligro.
El último punto fue el centro de una disputa judicial que llegó a la corte tras un litigio.
El fallo que declaró ilegal la política de Trump
En marzo de 2025, cuatro personas presentaron una demanda colectiva contra esta política de Trump, representadas por abogados de tres organizaciones. Señalaron la forma en la que el gobierno está llevando a cabo estos traslados.
La demanda cuestionó una guía del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitía enviar a personas a terceros países sin garantizar un aviso y una oportunidad suficiente para impugnar el destino antes del traslado. En algunos casos, la guía contemplaba avisos de apenas 24 horas antes del traslado, y hasta 6 horas en circunstancias consideradas urgentes. En inglés, el memorando es “Guidance Regarding Third Country Removals” y fue firmado el 30 de marzo de 2025 por Kristi Noem, ex secretaria del DHS.
En febrero de 2026, el juez federal Brian Murphy, en Massachusetts, le dio la razón a los demandantes, determinó que esa nueva política del DHS violaba el debido proceso porque permitía enviar a personas a terceros países sin darles suficiente oportunidad de defenderse. Ordenó que el gobierno debía avisar por escrito, con anticipación, cuál sería el país de destino y permitir que la persona presentara un reclamo si temía ser perseguida o torturada allí antes del traslado. En determinados casos, también establecía un plazo de 15 días para solicitar la reapertura del proceso migratorio.
El 19 de septiembre de 2026, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts, confirmó en gran parte esa decisión y declaró que las nuevas directrices del DHS son ilegales. La corte no dijo que las deportaciones a terceros países estén prohibidas o todas son ilegales, sino que el gobierno no puede deportar a terceros países si no garantiza el debido proceso.
El juez Murphy también había ordenado que el gobierno siguiera un orden, una secuencia legal, antes de recurrir a un tercer país. La Corte de Apelaciones quitó esa parte del fallo porque los 4 demandantes no habían demostrado que el gobierno hubiera aplicado esa práctica contra ellos personalmente. Por eso, dijo que no podían pedir esa protección para todo el grupo.
Mientras, el fallo está vigente y el DHS puede seguir realizando deportaciones a terceros países, siempre y cuando cumpla estos puntos que ordena la sentencia:
Avisar por escrito, en un idioma que la persona entienda, cuál es el país específico al que será enviada.
Preguntarle de manera directa si teme algo en ese país: la persona debe tener la oportunidad de expresar si tiene miedo de ser enviada a ese país, pero el gobierno no puede depender solo de que la persona lo mencione de manera espontánea.
Si expresa temor, un oficial de asilo debe evaluar si es “más probable que no” que enfrente persecución o tortura ahí.
La orden del juez Murphy también estableció que si una persona expresa temor de ser enviada al tercer país, su reclamo debe ser evaluado y, en determinados casos, cuenta con 15 días para solicitar la reapertura de su proceso migratorio y presentar su situación ante un juez de inmigración. Ese plazo no detiene en automático la deportación, pero permite pedir una revisión judicial del caso.
Sin aviso y sin tiempo para defenderse: los riesgos que denuncian los abogados
Julie Bourdoiseau, abogada del Center for Gender & Refugee Studies, explicó a Factchequeado que una de las preocupaciones es que algunas personas no sabían cuál sería su destino hasta poco antes del traslado. “Por lo mínimo es que por lo menos les pregunten: ¿tienes miedo de regresar? Que hagan un screening”, dice, refiriéndose a realizar una entrevista básica de detección antes de expulsar a alguien. Esto significa hacer preguntas clave, por ejemplo: “¿tienes miedo de ser enviado a este país?”, “¿corres algún peligro ahí?”. Sirven para detectar a tiempo si la persona está en una situación de vulnerabilidad.
Bourdoiseau trabaja especialmente con casos de Honduras y representó a 18 inmigrantes venezolanos deportados por el gobierno de Trump en 2025 a El Salvador y recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad del país. La mayoría de sus clientes no tenía antecedentes penales.
En su trabajo, dijo, ha visto que las autoridades de inmigración de Estados Unidos están retornando, deportando o expulsando a un mayor número de personas sin antecedentes penales que tenían muchos años viviendo en el país, ya con hijos y familia en el país; también dijo que ha visto más hombres de 18 a 45 años, en edades laborales; e incluso mujeres con niños que no hablan español o lo hablan como su segunda lengua, porque nacieron en Estados Unidos y su primer idioma es el inglés.
Bourdoiseau señala que algunos de los países a los que son expulsados los inmigrantes, como Honduras, registran niveles altos de violencia e inseguridad y eso los deja más expuestos. Habla incluso de riesgos de ser traficados o explotados sexualmente, luego de la deportación.
En su indagación sobre Honduras, Bourdoiseau, encontró que varias personas deportadas a ese país llegaron “en choque total” porque no sabían que terminarían ahí. En 2025, dijo, al menos 36 inmigrantes deportados a Honduras terminaron asesinados después de que Estados Unidos los envió al país del que habían huido por amenazas. “Los riesgos son altísimos”, advirtió.
Otros migrantes han sido llevados a África. En República Centroafricana, por ejemplo, se documentó el caso de Daniela Fuentes, una mujer cubana trans deportada desde Estados Unidos a un país donde no tenía vínculos familiares ni redes de apoyo y donde enfrentaba riesgos relacionados con su identidad de género.
Familias separadas: después de llegar al tercer país
De la Torre contó también a Factchequeado casos de personas que llegaron a México después de ser deportadas y que dejaron familiares en Estados Unidos. Uno de estos fue el de una mujer venezolana enviada a México estando embarazada mientras sus hijos permanecían en Estados Unidos.
Los inmigrantes deportados dependen de la ayuda humanitaria porque la mayoría no conocen a nadie en ese tercer país ni tienen lazos familiares que los arropen.
Algunas personas pueden necesitar atención médica, apoyo psicológico, ayuda para conseguir vivienda, alimentos y documentos, asistencia legal, conexión con consulados.
Especialistas recomiendan tener un abogado y un plan familiar, y saber que si son detenidos y serán deportados tienen el derecho de decir si tienen miedo de regresar a su país por persecución o amenazas, también tienen derecho a saber a dónde serán enviados, como ya te explicamos qué dice la ley y qué señala el fallo de la corte.
“Es muy importante que la gente tenga una representación legal”, dijo De la Torre.
Bourdoiseau recomendó que las personas mantengan contacto con organizaciones y abogados en Estados Unidos después de una deportación a un tercer país, para documentar su situación y evitar que desaparezcan del radar de las instituciones que pueden ayudarles. “A veces lo que pasa es que no hay un monitoreo, entonces son retornados o expulsados o deportados y no se sabe lo que pasa después”, dijo.
Sobre el riesgo de desapariciones forzadas y posibles crímenes de lesa humanidad
Susan Akram, profesora de Derecho de la Universidad de Boston, explicó a Factchequeado que ciertas prácticas ligadas a las deportaciones a terceros países podrían alcanzar el nivel de crímenes de lesa humanidad, si forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
La preocupación central son las desapariciones forzadas: cuando alguien es detenido o trasladado, queda incomunicado y las autoridades niegan información sobre su paradero. En palabras de Akram: "Se considera que las personas detenidas, transportadas o mantenidas incomunicadas han desaparecido cuando se las aísla del mundo exterior, carecen de acceso a protección jurídica y son vulnerables a cualquier trato por parte de sus captores”.
Para que esto configure un crimen de lesa humanidad, el estándar es alto y exige sistematicidad: “Si se utilizan de forma rutinaria y sistemática, las desapariciones forzadas conllevan la responsabilidad del Estado y la posibilidad de enjuiciamiento penal conforme al Estatuto de Roma”.
La otra obligación que Akram señala como violada en ciertos casos de deportados por Estados Unidos es el principio de “no devolución” (que ya te explicamos). Por ejemplo, The Deportation Project y The Washington Post documentaron el caso de una mujer que huía de la mutilación en Togo, fue enviada por Estados Unidos a Ghana y posteriormente trasladada a Togo, el país del que había huido y donde sus abogados habían advertido que era un peligro para ella.
“La violación más importante y fundamental es la del principio de 'no devolución', la obligación de todos los Estados de no enviar a nadie a un lugar donde corra el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, enfatiza Akram.
Sobre las vías de reparación, Akram dice que hay recursos legales, económicos y cautelares, incluyendo órdenes de retorno a Estados Unidos pero con un límite importante: "Si bien muchos tribunales ya han ordenado dichas reparaciones, aún no han declarado ilegal ningún acuerdo de expulsión de un tercer país en sí mismo”.
Cómo reportar un caso o buscar ayuda
Si tienes un familiar afectado o necesitas documentar un caso de traslado forzoso a un tercer país, la vía más directa para canalizar denuncias o recibir asesoría de las organizaciones que coordinan esta iniciativa es contactar a sus equipos legales y de incidencia:
Refugees International: Puedes revisar sus investigaciones y canales de contacto en la web oficial de Refugees International.
Human Rights First: Coordinan la documentación legal y el monitoreo de vuelos. Puedes contactarlos a través de Human Rights First.
Línea de Emergencia de FFI: Si la persona aún sigue retenida en EE. UU. en vías de ser trasladada, puedes llamar a la Línea Nacional de Detención de Freedom for Immigrants marcando gratuitamente el 9233# desde las prisiones migratorias.
Si estás en la frontera entre México y Estados Unidos, puedes contactar a la organización de Jesús de la Torre, Migración Global del Hope Border Institute, ellos trabajan en alianza con diversas organizaciones.
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