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“Los republicanos acaban de votar —cada uno de ellos— para permitir que Donald Trump deporte a ciudadanos estadounidenses. No, no estoy hablando de inmigrantes violentos o indocumentados. No, no. Acaban de votar, en nuestro comité, para permitir que Donald Trump deporte a ciudadanos estadounidenses”, afirmó el congresista Eric Swalwell, demócrata por California, en un video publicado en redes sociales el 30 de abril de 2025.
Nuestros colegas de Planeta Venus, aliados de Factchequeado, nos preguntaron si es verdad que los congresistas republicanos votaron a favor de deportar a ciudadanos estadounidenses. Y la respuesta es que no, lo que dijo Swalwell es falso. Te explicamos por qué.
El 30 de abril de 2025, durante el debate de un megaproyecto de ley presupuestario impulsado por la administración Trump, la congresista demócrata Pramila Jayapal presentó una enmienda ante el Comité Judicial de la Cámara para prohibir que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) utilizara fondos federales para detener o deportar ciudadanos estadounidenses. Y pidió que se adjuntara al expediente legislativo un memorando interno de políticas de ICE, donde se establece que ICE no puede detener o deportar a un ciudadano estadounidense.
Jayapal argumentó que, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus ciudadanos, era urgente dejarlo claro en el texto presupuestario oficial para “evitar abusos”, especialmente ante reportes recientes de detenciones de ciudadanos estadounidenses menores de edad (que ella cita en este video). La mayoría republicana del Comité Judicial rechazó tanto la enmienda como la solicitud de incluir el memorando de ICE en el registro legislativo.
Tras la votación, Jayapal escribió en X (antes Twitter): “Los republicanos acaban de votar EN CONTRA de mi enmienda y A FAVOR de detener y deportar a ciudadanos estadounidenses”. Mientras que el representante Swalwell afirmó, también en X, que esta votación permitiría a Trump deportar ciudadanos a otros países, como El Salvador.
Sin embargo, los republicanos no votaron “a favor de deportar ciudadanos” en el sentido de modificar una ley o proponer una nueva, lo que ocurrió fue que los republicanos rechazaron la enmienda propuesta por Jayapal para reafirmar una protección que ya existe en Estados Unidos. La Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. § 1227) establece que sólo los extranjeros pueden ser deportados. Legalmente, los ciudadanos siguen protegidos contra cualquier intento de deportación y eso, hasta hoy día, no ha cambiado.
De hecho, el representante Ted Lieu, demócrata por California, dijo en la misma sesión del 30 de abril de 2025: “Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser deportados por ICE. Ni siquiera es una cuestión. Es la ley, es la Constitución”.
Una persona puede perder su ciudadanía sólo en casos de desnaturalización —como fraude o traición—, y para ello se requiere un proceso judicial con todas las garantías.
Además, la Corte Suprema ha reiterado que la ciudadanía es una defensa absoluta frente a la deportación. Por ejemplo, en el fallo Ng Fung Ho v. White (1922), la Corte Suprema estableció que, bajo la Quinta Enmienda, todo ciudadano tiene derecho a una audiencia antes de cualquier intento de deportación.
En fecha más reciente, la jueza Sonia Sotomayor emitió su opinión disidente en un caso sobre deportaciones expeditas basadas en la vieja Ley de Enemigos Extranjeros (Trump v. J.G.G., Corte Suprema, 7 de abril de 2025): “El Gobierno argumenta que puede detener y deportar a cualquier persona —incluso a ciudadanos estadounidenses— sin consecuencias legales”. Sotomayor añadió que las deportaciones sin control judicial serían una postura "que se refuta a sí misma".
Por lo tanto, a pesar de que los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes hayan votado el día 30 de abril de 2025 en contra de la enmienda de Jayapal, los ciudadanos estadounidenses están protegidos de una deportación.
En cuanto al proyecto presupuestario impulsado por el presidente Trump y bautizado como el “big, beautiful bill” (“gran y hermoso proyecto de ley”), este es un paquete dividido entre dos comités: el de seguridad nacional y el judicial, que contempla más de 150 mil millones de dólares en gasto hasta el año 2029. De aprobarse, los recursos se usarán para seguridad fronteriza, aplicación migratoria, desregulación administrativa y reformas fiscales.
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