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Contrario a lo que circula en redes sociales (como aquí, aquí, aquí), la polémica ley SB4 —que habilita a policías locales de Texas a arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados— sigue actualmente bloqueada por orden judicial y no está en efecto.
La SB4 tuvo vigencia solo un período muy corto de 9 horas el 19 de marzo de 2024 después de que la Suprema Corte de Estados Unidos (6-3) le diera luz verde, pero el Quinto Circuito —que es la corte federal de apelaciones que tiene jurisdicción directa sobre Texas— la bloqueó horas después y mantiene control del caso.
Según el Quinto Circuito, el gobierno federal tiene poder exclusivo sobre inmigración: los estados no pueden dictar leyes de inmigración porque es un trabajo exclusivo del gobierno federal. De acuerdo con el juez David Ezra, la SB4 entra en conflicto con la ley federal que regula el tema migratorio, y los estados no pueden ejecutar medidas migratorias, a menos que estén autorizados por el gobierno federal.
Así, la ley SB4 de Texas continúa suspendida hasta que los jueces del Quinto Circuito decidan si es o no constitucional. Una audiencia clave está programada para el 19 de enero de 2026.
Sí entró en vigor la ley SB8 de Texas
En cambio, la ley SB8 de Texas sí entró en vigor el 1 de enero de 2026 —firmada por el gobernador Greg Abbott en julio de 2025— y obliga a unos 150 condados grandes (de los 254 totales del estado) que operan cárceles a firmar convenios 287(g) con ICE para verificar el estatus migratorio de detenidos, con plazo hasta el 1 de diciembre de 2026. Según la ley, bajo advertencia de demanda civil del fiscal general estatal. Es decir que, si no lo hacen, el fiscal xx podría demandarlos.
El condado de Bexar —donde está San Antonio— ya firmó formalmente, mientras que el condado de Dallas anunció que no lo hará. Otros grandes como Harris —Houston—, Tarrant —Fort Worth— y Travis —Austin— aún no han firmado.
Sin embargo, durante la semana del 14 de enero de 2026, el Departamento de Policía de Austin actualizó protocolos mínimos de comunicación con ICE para cumplir con la SB4 de 2017 (ley antisantuario vigente, que no es la misma que sigue bloqueada), pero el sheriff de Travis no suscribió el acuerdo formal de cárceles requerido por la nueva SB8, de la que sólo 4-6 condados han cumplido en sus primeros 15 días de vigencia.
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